Cambiar de operador de telefonía e internet o contratar dichos servicios no debería ser un problema mayor que el que supone cambiar la talla de un suéter en una tienda de moda. Pero sin embargo, y pese a las múltiples regulaciones que se han ido aprobando en nuestro país en los últimos años, algo tan simple como cambiar de proveedor del servicio telefónico o como instalar el ADSL sigue siendo una pesadilla para muchos ciudadanos.
De ahí que el sector de las telecomunicaciones (telefonía e internet) acapare la mayoría de las quejas de los ciudadanos ante la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC). Un 40% de las reclamaciones presentadas durante 2007 en ese servicio estuvieron relacionadas con telefonía o internet. Las principales razones que motivaron las demandas fueron la escasa o nula información, la calidad deficiente del servicio en contraste con las exageradas promesas publicitarias, las cláusulas abusivas, las dificultades para obtener la baja de la compañía, la facturación de servicios no contratados o el cambio de operador sin consentimiento del cliente, entre otras.
Esta situación preocupa tanto en la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Burgos como en la propia OMIC, tal y como reconocieron sus responsables, Pilar Martínez Ferrero y Luis Morcillo, respectivamente, durante la presentación de la memoria anual de esta Oficina.
A lo largo del pasado año, la OMIC atendió a 29.445 ciudadanos, de los que 16.506 plantearon consultas y 2.198 reclamaciones.
Después de la telefonía e internet, los sectores que acumularon más quejas fueron el de comercio (un 19%), servicios (12%) y ocio (10%). Según explicó Luis Morcillo, director de la OMIC, la mayoría de las reclamaciones (el 49%) se resolvieron de manera favorable para el consumidor, mientras que el 19% no pudo recibir una respuesta satisfactoria y el 26% de los casos quedaron sin resolverse al no aceptarse el arbitraje propuesto. En su comparecencia, no obstante, destacó los buenos resultados que está generando el servicio de conciliación y arbitraje al que están adheridos 3.200 establecimientos y que permite que cuando no hay acuerdo entre el cliente y el comercio, un tribunal imparcial decida.
Igualmente, Morcillo destacó las campañas de educación y formación sobre consumo, en las que participaron 10.740 escolares.