Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 14 de Diciembre de 2023

La OCDE condena a España a décadas de mediocridad económica y subidas de impuestos.

La Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este jueves su informe de proyecciones económicas de largo plazo. Este organismo hace un repaso a decenas de economías entre las que se encuentra España, que, por cierto, no queda bien parada.

Según el escenario base de la OCDE, el crecimiento de la economía española en términos de PIB per cápita será muy bajo en la década actual y las siguientes. Al mismo tiempo, la población en edad de trabajar será una porción cada vez menor de la población total. ¿En qué se traduce esto? Una parte cada vez menor de la tarta tendrá que sostener (con los ingresos fruto de su trabajo) a una parte cada vez mayor. El resultado, según el escenario base, será una economía aletargada y con una presión fiscal creciente.

Este es uno de los resultados de un extenso documento en el que la economía-ficción toma el protagonismo con previsiones que llegan hasta el año 2060. Aunque todos estos vaticinios están basados en datos sólidos, las proyecciones de tan largo plazo siempre son inciertas. Guerras, catástrofes naturales, crisis migratorias... cualquier evento no incluido en los escenarios base puede desbaratar estas previsiones.

Mediocridad económica

No obstante, si todo se mantiene constante y las tendencias prosiguen su camino, la OCDE señala dentro del informe que el PIB per cápita de España creció en el periodo 2007-2020 un 0,4% por año, lo hará en un 0,9% entre 2020 y 2030, mientras que subirá un 1,3% anual entre 2030 y 2060. El avance del PIB per cápita de España queda muy por debajo de la media de la OCDE en el mismo periodo (1,2% por año 2007-2020, 1,5% por año entre 2020 y 2030 y 1,6% entre 2030 y 2060) y también por debajo del de la Eurozona (0,6% por año 2007-2020, 1,1% por año entre 2020 y 2030 y 1,4% entre 2030 y 2060). Aunque la diferencia es de solo unas décimas, el 'retraso' de España se convierte en una auténtica losa en todo el periodo. España se enfrenta a décadas de mediocridad económica.

Los datos que proyecta la OCDE dejan a la luz los problemas que lleva sufriendo la economía de España desde hace años y también alerta de los problemas a los que se enfrentará en el futuro. Por un lado, aparece el bajo crecimiento de la que la OCDE denomina eficiencia del trabajo, que viene a ser la productividad de una forma sencilla. La productividad apenas ha crecido un 0,1% anual en el periodo 2007-2020. El organismo internacional confirma que el periodo 2007-2020 ha sido una década (y tres años) casi perdidos. La baja productividad y competitividad de las empresas españolas (muy centradas en sectores de bajo valor añadido) es uno de los lastres del crecimiento.

No obstante, la OCDE se muestra optimista y prevé que este indicador se incremente en un 0,4% anual durante esta década y en un 0,9% por año entre 2030 y 2060. Esta previsión da por hecho una mejora respecto a lo que se viene viendo en la economía de España en los últimos 20 años. Aun así, el incremento de la productividad sería del todo insuficiente para que España logre converger con la Eurozona o EEUU. Más bien sucederá lo contrario.

La economía de España se quedará atrás con sus pares comparables. Parece lógico que los países que presentan ya un elevadísimo nivel de desarrollo (Luxemburgo, Suiza o Dinamarca) se queden atascados en la comparación con EEUU. Esas economías tan desarrolladas están ya en la frontera tecnológica y para que seguir avanzando tienen que 'inventar'. Lo raro es que países, como España, que se encuentran en la parte baja de desarrollo dentro de los países avanzados, no reduzcan esta brecha. Todos los países que rodean a España recortarán terreno a EEUU en lo que a PIB per cápita se refiere.

Por otro lado, aparece el problema de la demografía. La OCDE prevé en la porción de población en edad de trabajar se incremente de media un 0,1% anual esta década. Sin embargo, para el periodo 2030-2060 prevé una contracción anual del 0,5%, siendo España (junto con Grecia) el país más castigado de toda la muestra (38 países y dos bloques económicos). De hecho, la OCDE cree que la caída de la población en edad de trabajar será el principal factor que detraerá crecimiento del PIB per cápita en las próximas décadas. La ONU muestran en sus proyecciones base que la población (general, no solo la que tiene edad para trabajar) de España comenzará a caer en 2025, llegando a perder incluso los 40 millones de habitantes en 2060.

Con estas 'cartas' resulta casi imposible salir airoso en la partida. El crecimiento económico viene determinado por un incremento de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) o por un aumento de lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). Salvo que se produzca una revolución, la productividad, un nuevo baby boom, una avalancha migratoria o alguno otro hecho poco probable, la economía de España parece condenada a sufrir décadas de mediocridad económica.

Subidas de impuestos

Además, la caída de la población en edad de trabajar podría desembocar en un incremento de la presión fiscal que sufren los factores productivos. Si todo se mantiene constante, una porción cada vez menor de trabajadores tendrá que mantener a una porción cada vez mayor de personas que no contabilizan como fuerza laboral, principalmente porque la población con una pensión de jubilación tendrá a incrementarse en las próximas décadas.

Para sostener a esta población inactiva (salvo milagro) solo hay dos opciones: recortar las prestaciones que reciben (las pensiones) o incrementar de forma notable los ingresos públicos para sufragarlas. Todo hace indicar que los gobiernos optarán por lo segundo, dado el creciente peso en el censo electoral de las personas de mayor edad.

La OCDE revela en uno de los cuadros publicados en su informe que la presión fiscal (Cambio en la presión fiscal entre 2024 y 2060, en puntos del PIB potencial) en España tenderá a subir en algo más de 7 puntos porcentuales del PIB potencial durante todo el periodo. A día hoy, este incremento sería equivalente a unos 80.000 millones de euros, una cifra que no tiene sentido calcular en euros corrientes a futuro porque es imposible saber qué sucederá con la inflación. No obstante, lo más preocupante es que ese incremento de la presión fiscal recaerá, probablemente, sobre una parte decreciente de la población: los trabajadores.

Más allá del creciente gasto en pensiones y sanidad, la OCDE muestra que España tendrá que incrementar su presión fiscal (hasta casi llegar al 50% del PIB) para intentar cerrar el déficit estructural que ya presentan las cuentas públicas españolas y porque se prevé que incremento de los intereses de la deuda supere en determinados momentos al crecimiento de la economía. Aun así, hay países que tendrán que implementar incrementos superiores de la presión fiscal para mantener en equilibrio sus cuentas, como es el caso de Japón, Corea del Sur o Eslovaquia.

La OCDE concluye en su informe (analizando al conjunto de países) que "sin cambios de política, para mantener los estándares y beneficios actuales de los servicios públicos y al mismo tiempo mantener estables los ratios de deuda pública, habría que aumentar la presión fiscal de media en la OCDE en 6,2 puntos porcentuales (pp) del PIB entre 2024 y 2060. El aumento de la presión fiscal podría exceder los 9 pp de PIB hasta en nueve países de la OCDE", sentencia el informe.

No obstante, la OCDE explica que hay otra vía, además de subir impuestos, para mantener estable la deuda y el déficit: "Otra vía sería reformar los sistemas de salud y pensiones para aumentar la eficiencia y evitar que el gasto aumente tanto como se proyecta en este ejercicio. En algunos países también se podría emprender incrementar la financiación vida deuda. Ninguna estrategia es intrínsecamente superior y sería prudente alguna combinación de ellas... pero si se opta por enfrentar el desafío fiscal aumentando los impuestos, entonces se debe considerar el uso de instrumentos tributarios que sean más amigables con el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad", concluye el informe de la OCDE.