Economía - Sostenibilidad

La colaboración de las mutuas en los procesos de gestión y alta de las enfermedades comunes forma parte del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el año pasado por patronal y sindicatos. Así, el diálogo social trata este tema en la negociación de pensiones como materia urgente.

Más de 1,4 millones de trabajadores no acudieron cada día a su puesto de trabajo por una enfermedad común, el 7% de la ocupación a nivel nacional. Esto se traduce en una hora y media menos de jornada laboral real, según el responsable del Área Laboral de KPMG, Javier Hervás. Los procesos mantienen a los trabajadores de baja casi 40 días y afectan esencialmente a casos traumatológicos (1,2 millones).

El coste de las bajas por enfermedad comun está subiendo a un ritmo de dobles dígitos internuales, algo que preocupa a las empresas y también a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, tal y como ha dejado constancia la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y la confederación de las empresas madrileñas, Ceim, con el balance realizado de 2023.

La Seguridad Social abonó algo más de 13.000 millones (un 16% más que en 2022), mientras las empresas destinaron otros 12.245 millones (un 19%) en este concepto. En este sentido, desde Amat proyectan un nuevo incremento de la factura por bajas comunes en 2024, llegando el desembolso hasta los 28.000-29.000 millones.

Las Mutuas consideran que existe un "laberinto burocrático" para gestionar las bajas por contingencias o accidentes comunes, desde el servicio público de salud al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El atasco en el servicio de atención primaria lastra el proceso de diagnóstico y alta de los trabajadores, y esa es una evidencia que trata de atajar el Gobierno con la presión de las Mutuas y los empresarios.

El equipo de la Seguridad Social, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, está labrando el terreno para actuar al respecto. La representación del empresariado y de los trabajadores dio el primer paso para mejorar el "aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de la persona trabajadora".

Las Mutuas han trasladado, a través de la patronal CEOE, sus propuestas de mejora para agilizar los procesos, favoreciendo el tratamiento integral de los trabajadores y teniendo la autoridad para poder dar el alta si así se estima:

Asistencia sanitaria en bajas traumatológicas y osteoarticulares

Tramitar las altas por enfermedades comunes, especialmente en las citadas que afectan a golpes, huesos y articulaciones

Colaborar a través de pruebas diagnósticas sin necesidad de convenios con el servicio público de salud pública, siempre y cuando el trabajador de su consentimiento

Tratamiento rehabilitador tras el alta en patologías traumatológicas

Este es un tema delicado para los sindicatos por el estigma de 'privatización de la sanidad', si bien desde el diálogo social asumen que las centrales deberán acatar este cambio en los procesos de enfermedades comunes. Aunque ya hay algunas Comunidades Autónomas (CCAA) que están aprobando los convenios de actuación, todo depende de que la negociación tripartita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos llegue a buen puerto.

La propuesta de colaboración definida por las Mutuas, a través de un sistema de asitencia sanitaria integral, recortaría el gasto de la Seguridad Social en 1.654 millones y el efecto directo para las empresas sería de 983 millones.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La tendencia mira al alza, con una elevada presencia de las enfermedades que afectan a los huesos, los músculos o los ligamentos (enfermedades del sistema osteo-mioarticular), aunque las Mutuas observan un llamativo empeoramiento en aquellas que afectan a la salud mental. También son ocurrentes aquellas causadas por lesiones o envenenamientos.

"Llevamos más de un año sin ningún resultado operativo", dice Fernando Casado, presidente de Amat, sobre la relación con el Ministerio de Seguridad Social, con el que han tenido dificultades para abordar el tema. "No soy optimista de que lo podamos afrontar a corto plazo", lamenta."Cada día nos preocupa más el absentismo en las empresas y el propio clima laboral que genera", declaraba en esa línea Miguel Garrido, presidente de Ceim.

Desde julio de 2022 también existe un repunte importante de los procesos activos de bajas por incapacidad temporal que llevan 'vivos' más de un año, llegando a afectar ya a 100.000 trabajadores. Por la normativa actual, las Mutuas no pueden actuar sobre estos casos.

Las mutuas esperan un déficit acumulado de 14.100 millones en contingencias comunes que deben abonar a la Seguridad Social a través de sus reservas. Los números rojos crecen de forma continuada desde 2015. En los últimos 20 años se han "diluido" 39.600 millones. "Es necesario reducir el gasto todo lo que sea necesario", dice Pedro Pablo Sanz, director gerente de Amat.