Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

NN.TT - Comunicación

Fuente: UCACYL / Expansi? 23 de Septiembre de 2014

El canon digital espñol cuestionado ante la Unión Europea.

El Tribunal Supremo acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear dos cuestiones prejudiciales y confirmar si el canon digital se ajusta a la normativa europea.

Nuevo capítulo en la lucha contra el canon. El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que somete a su valoración el nuevo modelo de compensación a los autores por copia privada, según el cual el canon pasa de ser soportado por la industria tecnológica –que a su vez lo trasladaba en el precio a los consumidores–, a convertirse en una partida de los Presupuestos Generales del Estado.

En un auto fechado el pasado 10 de septiembre, pero que fue notificado ayer a las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal hace dos consultas al tribunal europeo. Concretamente cuestiona si "es conforme al artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas".

A ello añade la pregunta de si, en caso de que la respuesta a la anterior cuestión sea afirmativa, es conforme al citado artículo "que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio".

Entidades de gestión Con este auto, el Supremo responde al recurso que habían presentado las entidades de gestión colectiva de derechos de autor Egeda, Dama y Vegap contra la medida del Gobierno.

La medida ha supuesto un descenso drástico en los ingresos que perciben los titulares de derechos de autor, ya que el Gobierno decidió asignar a este concepto, a través de los presupuestos, cinco millones de euros a repartir entre las ocho entidades de gestión.

Según los últimos datos comparativos en el mundo de Thuiskopie en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2010 España recaudó algo más de 82 millones de euros por este concepto, lo que suponía una media de 1,7 euros por ciudadano. Esta cantidad era similar a la de países como Suiza (1,55 euros), Suecia (1,05 euros), o Austria (1,18 euros). Con los cinco millones que ahora destina el Gobierno, la cifra per cápita se reduce a 11 céntimos, lo que asimila el nivel de remuneración en España al de países como Eslovaquia (0,13 euros), Rumania (0,08 euros) o Japón (0,15 euros). En Francia y Alemania la cantidad que se recauda roza los tres euros por habitante.

En los últimos años, la Justicia europea se ha pronunciado sobre el canon, en las sentencias Padawan u Opus/Thuiskopia, reconociendo que las personas jurídicas que "manifiestamente" no utilicen los equipos y soportes para copia privada están exentas de pagarlo. Sin embargo, la jurisprudencia también ha venido respaldando la figura del canon, recordando la obligación de los poderes públicos de asegurar a los titulares una compensación equitativa por la copia privada.

Aunque la sentencia Padawan ha sido vista como una victoria para los enemigos del canon, las entidades de gestión han venido insistiendo en que sólo excluye casos muy concretos y excepcionales. Las gestoras de derechos entienden que el actual sistema, en el que la compensación parte de los Presupuestos Generales, es más indiscriminado que el anterior, ya que el dinero que se destina ahora a este fin proviene de los impuestos que pagan todos los españoles, mientras que antes sólo pagaban los consumidores de productos electrónicos sometidos al canon.

Efectos en la reforma en trámite Respecto al efecto que este auto puede tener sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en trámite (se encuentra en el Senado), en opinión de Juan José Marín, catedrático de Derecho Civil y socio fundador de la firma Coralius, el auto le afectará "dado que esa reforma consolida y ratifica el modelo establecido por la Disposición adicional décima del Real Decreto-Ley del Real Decreto-Ley 20/2011".

Para Marín, este auto "es el resultado de una actuación del Gobierno precipitada y poco meditada". En este sentido, explica que "la supresión del denominado canon digital y la decisión de pagar el importe de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fueron medidas que se adoptaron sin analizar detenidamente la cuestión, y sin hacer una lectura correcta de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, dictada en el caso Padawan".

Según recuerda, "el Tribunal de Justicia exige que la compensación equitativa por copia privada sea pagada por las personas que se benefician del límite de copia privada, es decir, por quienes hacen reproducciones o copias de obras protegidas para uso privado".

Este experto entiende que el abono de esa compensación por el Estado "rompe la necesaria vinculación que, según el Tribunal de Justicia, ha de existir entre quien, de una parte, hace la copia privada, y, de otra, afronta el pago. Ambos han de ser la misma persona, algo que no se cumple si la compensación es pagada por el Estado".

Además, el pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se somete a determinados principios de técnica presupuestaria (por ejemplo, el de disponibilidad) que no son compatibles con el derecho de los titulares a percibir una compensación íntegra de los daños causados por las copias privadas, apunta Marín.