Los empresarios acogieron de forma muy positiva el anuncio de la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones por parte de la Junta de Castilla y León. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó durante el debate de la moción de censura que en las próximas semanas se aprobará la eliminación de este impuesto con la intención de que sea ratificada en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León.
Tras ello, la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) asumió ayer mismo de forma «muy positiva» la noticia de retomar «de manera inmediata» el proceso para la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones. A juicio de EFCL, esta eliminación fiscal «contribuirá a la reactivación económica en Castilla y León, ya que facilitará una mayor inversión y frenará la marcha de patrimonios o empresas a otras comunidades autónomas».
Además, destacó que se trata de un impuesto que solo supone el 0,35 por ciento del total de ingresos vía tributos para la Junta de Castilla y León, que ya ha sido eliminado en otras comunidades.
La supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones es una demanda que EFCL ha venido reiterando durante esta pandemia, por entender que «se trata de un impuesto injusto y discriminatorio para los habitantes de la Comunidad».
Esta medida ya se recogía en el pacto de gobierno firmado entre Partido Popular y Ciudadanos al inicio de la legislatura, pero quedó suspendida tras la firma del pacto de recuperación firmado el pasado verano por casi todos los partidos del arco parlamentario.
«Confiamos en que la medida pueda tener efectos retroactivos y facilitar, de este modo, que se puedan acoger las familias de aquellos que fallecieron a causa de la covid-19», señala EFCL, que recuerda que la eliminación del impuesto estaba prevista para su aprobación en las Cortes de Castilla y León en el mes de marzo del año pasado, justo cuando se inició el estado de alarma a causa de la pandemia.
También CEOE Castilla y León confía en que «esta vez» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cumpla con el anuncio realizado. En opinión de la patronal, este tipo de impuestos penaliza «doblemente a Castilla y León», al crear «ciudadanos de segunda y de tercera en función de la Comunidad en la que vivan», y por otra parte, «frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo».
CEOE Castilla y León vuelve a reiterar que es necesario, más en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, que exista una armonización fiscal para evitar que se agudice la deslocalización de empresas de Castilla y León por el alto nivel impositivo, «que empuja a los empresarios a invertir en otras con menor carga».
Por ello, solicita que «se siga trabajando en medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a empresas e inversores, para acelerar y no poner límites a la actividad económica del tejido productivo».
CEOE Castilla y León viene reclamando a las administraciones un debate en profundidad sobre el sistema fiscal con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para empresas y familias. Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos, explican.
