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Fuente: UCACYL-VA/ Diario de Valladolid 31 de Enero de 2022

Obligan a un "fondo buitre" a devolver la deuda de una acreedora estafada.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Valladolid ha condenado a una empresa compradora de deuda, de las habitualmente denominadas ‘fondos buitre’, a renunciar al cobro de una deuda cuya acreedora había sido víctima de una estafa por el método de fishing –por el cual se obtienen las claves bancarias de forma fraudulenta–. También le condena a devolverla 2.400 euros más intereses, y a ello suma las costas del proceso.

La empresa de compra de deuda al que le ha salido ‘el tiro por la culata’ es Hoist Finance Spain, filial española de un banco sueco del mismo nombre que se dedica a comprar deudas fallidas a otras entidades bancarias. Actúa reclamando cantidades ante los tribunales mediante juicios monitorios y juicios ejecutivos. El objetivo es el cobro de deudas inicialmente contraídas con otro banco.

En este caso el crédito, cuyo pago demandaba Hoist Finance, fue inicialmente suscrito por Banco Santander. Y era el propio Santander el que había presentado con anterioridad la demanda contra la víctima de fishing, defendida por el letrado César Mata Martín. Se trata de una señora que había formalizado un contrato de tarjeta de crédito Mastercard. La demandada incurrió en impago, y el banco procedió al cierre de la cuenta con un saldo a deber de 2.674 euros, saldo que se quiso cobrar.

Pero la demanda ha terminado desestimada. El Juzgado consideró probado que el 16 de octubre de 2019, la titular de la tarjeta fue víctima de una suplantación de identidad por medios electrónicos (el mencionado phishing), «cargando en la tarjeta de crédito un tercero, sin que la demandada autorizase dicha operación».

A continuación la mujer explicó, en su escrito a la demanda, en qué consistió, «y tras seguir los pasos para la actualización de la tarjeta y en una operación aparentemente normal, se le comunicó la activación de su habilitación en Samsung Pay, marca del mismo terminal que utilizaba la demandada, por lo que consideró que el cargo no autorizado fue fruto de la actualización solicitada por Banco Santander».

Cargo no autorizado

Banco Santander efectuó un cargo de 2.400 euros dos horas más tarde, «sin que se requiriera al titular de la tarjeta para que autorizase el cargo concreto, ya que dicha actuación estaba fuera de la operativa normal de la tarjeta, en cuanto a tipología y en cuanto a cantidad». Se intentó poner en contacto con la entidad, y se personó al día siguiente en las oficinas, indicándole en el Banco que no podía formalizarse la reclamación hasta que no fuese efectivo el cargo, y efectuado éste, se interpuso reclamación y posterior denuncia en la comisaría, según explica la sentencia.

La demandada hubo de presentar otras dos reclamaciones ante el Banco Santander, solicitando la devolución, sin que la entidad atendiera su solicitud, indicando la entidad que las operaciones «están registradas con exactitud y contabilizadas» con la reseña de la existencia de un procedimiento penal abierto al respecto.

El documento alude a la «mala fe del demandante» ante la «presión frente a la demandada, intentando que asuma unos cargos que no le corresponden». Y es que el RD 19/18, sobre Servicios de Pagos y otras medidas urgentes en materia financiera, «impone al Banco la obligación de rectificar y asumir la devolución del importe ante este tipo de situaciones». Así, la sentencia refiere la improcedencia del cargo principal conforme a lo dicho, pero a su vez refiere que la liquidación se ha efectuado «con cargos abusivos».

La víctima del fishing pidió entonces la íntegra desestimación de la demanda efectuada por el banco, y a su vez formuló demanda Reconvencional contra el Banco de Santander, en la que solicitó que se declarara la obligación de Banco Santander a restituir a la actora el cargo de 2.400 euros no autorizado por ésta.

También reclamó que se declarara la nulidad de los cargos de cantidades, como comisiones e intereses de demora, que se hubieran devengado como consecuencia del cargo no autorizado, y que se condenara en costas a la parte demandante.

Así las cosas, entra en escena Hoist Finance, que compra la deuda al banco y continúa la demanda monitoria contra la víctima del fishing, pese a que Banco Santander había admitido en otro proceso, de carácter penal, que la deuda reclamada «no fue generada por la titular, sino por quien, de modo fraudulento y delicitivo, utilizaron su tarjeta de crédito».

El Juzgado desestima la demanda de Hoist Finance y estima la reconvencional de la demandada, de modo que declara nulas «las comisiones y otras imposiciones asociadas al cargo de 2.400 euros indebidos, teniéndolos por no generados», y condena al ‘fondo buitre’ a devolver a la titular de la tarjeta esos 2.400 euros «más intereses».