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Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 7 de Junio de 2021

Casi 4.000 cláusulas suelo de León se resolverán mediante juicios rápidos.

El Ministerio de Justicia ordenará la tramitación por el sistema de juicios rápidos de las casi 4.000 causas por cláusulas suelo que están pendientes de resolución en los juzgados de la capital, con el objeto de agilizar los procedimientos y contribuir a minimizar los efectos del atasco existente.

Según datos del Decanato de León, a 31 de marzo pasado habían ingresado alrededor de 2.735 asuntos registrados. Aparte de los pendientes de resolver, quedaban unos 1.000 asuntos más por registrar.

En lo que va de año, se han tramitado 2.300 asuntos mientras que la media de 2019 y 2020 fue de 2.600.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Economía a finales de 2020 aún quedaban pendientes de resolución cerca de 240.000 demandas. A comienzos de 2019, los casos atascados llegaron a superar los 260.000 pleitos. La tramitación de estos anteproyectos de ley llegará a las cámaras de representación a comienzos de 2022, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales con medidas más eficientes y favoreciendo el acuerdo extrajudicial entre el cliente afectado y el banco.

Por un lado, para favorecer la eficiencia procesal se quiere articular que las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales, mucho más sencillos y rápidos que los juicios ordinarios. Se podrían hacer para cualquier cantidad reclamada y el juez podrá dictar sentencia oralmente.

Por otro lado, Justicia estudia aplicar el llamado ‘pleito testigo’, por el que solo se tramita un caso, mientras el resto se encuentran suspendidos, a la espera de una resolución. La sentencia firme de este pleito testigo servirá de modelo para el resto de casos similares, lo que permitiría agilizar los casos de cláusulas abusivas.

Además de estas dos medidas que afectan a la eficiencia de los tribunales, hay una tercera que obligará a la negociación previa antes de interponer demanda. Si finalmente se llega a juicio el banco no podrá alegar motivos diferentes con los que ya denegó la reclamación inicial. Los tribunales también estarán atentos a si hay un abuso del servicio público de Justicia que podría desencadenar en una sanción, además de la imposición de costas.

El otro anteproyecto de ley que se está regulando determina la organización de los futuros Tribunales de Instancia, cuya función estará en unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, una situación que suele ocurrir en los casos de cláusulas suelo y otras abusivas.

El ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para desanimar a los clientes y evitar que pleiteen, a costa de bloquear los tribunales.

Desde la crisis de 2008 a 2012, la banca tiene pendiente resolver las reclamaciones de los clientes a los que vendió productos con cláusulas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado abusivas. El sector resolvió la equivocada colocación de preferentes y convertibles, pero no las cláusulas suelo, los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa. Estos problemas están detrás de la mala reputación de la banca, que ha frenado las indemnizaciones pleiteando hasta el final y alargando los procesos.