Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 9 de Febrero de 2021

Telefónica indemnizará a un varón por incluirle sin motivo en listas de morosos.

El Juzgado de Primera Instancia 11 de Valladolid ha condenado a Telefónica al pago de 6.000 euros por «intromisión ilegítima en el honor» del vallisoletano P.M.G. por haber vulnerado «los derechos fundamentales al honor, intimidad personal, propia imagen y protección de datos de carácter personal» al haber incluido sus datos en ficheros de morosos.

Así, durante más de cuatro años Telefónica sostuvo, de modo firme y permanente, que el usuario mantenía una deuda por importe de 589.09€ euros, a pesar de haber intentado P.M.G. «por todos los medios a su alcance y a costa de su tiempo y salud anímica, que tal deuda era inexistente y la inclusión en los ficheros ilegítima», expuso en su demanda ante el Juzgado.

El magistrado en la sentencia ahora conocida, sostiene que no estaba acreditada su deuda y que el perjudicado y la reclamante se hallaban en plazo de exposiciones y réplica de la supuesta reclamación del dinero.

Y añade que tal inclusión en las listas de deudores le perjudicó en su vida laboral presente y futura. En concreto, el perjudicado estuvo incluido en el fichero Asnef desde el 5 de enero de 2015 hasta el 1 de septiembre de 2019 y en el fichero Badexcug desde el 7 de enero de 2015 hasta el 7 de agosto de 2019.

«Son las empresas más importantes y habituales de consulta de listas de deudores, las que revisa todo el mundo», recalcó el abogado César Mata, que ha llevado la defensa del perjudicado. «Son bases al acceso habitual de los bancos y las financieras antes de dar el ‘ok’ a la compra de un coche, electrodomésticos o mobiliario y, al ver esta información, automáticamente deniegan el préstamo solicitado», recalcó el abogado.

Dicho fichero, de hecho, fue consultado en ese período por la financiera de El Corte Inglés que, por ese motivo, rechazó su solicitud de tarjeta de compra en los grandes almacenes y en dos ocasiones por Openbank.

Trabaja en recobro

«Es evidente que estar incluido en un fichero de solvencia patrimonial para una persona que no es un moroso habitual genera zozobra, desasosiego e inquietud, tanto por el hecho en sí mismo como por las consecuencias que ello puede tener de cara a futuros contratos de acceso al crédito o a la financiación. Por todo ello, entiende este Juzgador que esa indebida inclusión en un registro de morosos debería dar lugar a una indemnización a favor del actor», precisa el magistrado Fernando Martín Verona.

El cliente, de 27 años, trabaja, curiosamente, en una empresa enfocada al cobro y recuperación de deudas, donde fue contratado el 23 de julio de 2018. «Fue un período en el que vivió con la angustia de que trascendiera, sin veracidad alguna, que estaba incluido en ficheros de morosos. Sus jefes podrían haberse enterado y le hubieran despedido directamente. Ello le creó un estado de angustia y de incertidumbre. Fue un ataque al derecho al honor y a su imagen», se quejó el letrado del demandante.

«Nunca tuvo contrato suscrito con Movistar, alguien debió usurpar su identidad para ello. Telefónica decidió incluirle en listas de morosos y le convirtieron ante la sociedad como un deudor, como un moroso, como alguien que no cumple con sus obligaciones», expuso el letrado. Por ello ve «de justicia» que sea exonerado de la ‘deuda’ e indemnizado. «Era imposible demostrar que contrató alguna línea con Telefónica y, por tanto, no había nada que reclamar», agregó.

Por esta razón, su batalla se libró en dos frentes. Emprendió gestiones «de manera insistente» ante la demandada para que se investigara que no debía nada y ante los titulares de solvencia patrimonial para que se le diera de baja en los ficheros, lo que le fue denegado tras consultar con la demandada, «con las molestias que ello supuso», incide el magistrado en su sentencia. En consecuencia, el juez impone a Telefónica 6.000 euros de indemnización «por intromisión ilegítima en el honor de P.M.G. y al pago de las costas. La sentencia, del 27 de enero, no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia de Valladolid.