Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL / El Economista 17 de Abril de 2017

Goteo de fallos anulatorios del Impuesto de Plusvalía.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nÃºmero 10 de Sevilla ha anulado, en sentencia de 13 de marzo de 2017, un total de 29 liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU), conocido popularmente como Impuesto de PlusvalÃa Municipal en el Ã¡mbito del territorio de Derecho comÃºn, no Foral. Esta sentencia se suma a la emitida por un juzgado de Burgos hace unos dÃas.

Pese a que incluso el ministro de Hacienda y FunciÃ³n PÃºblica, CristÃ³bal Montoro, se ha manifestado abogando por esperar a que el Constitucional emita una sentencia definitiva que afecte al rÃ©gimen general, es posible que la indefensiÃ³n manifiesta en la que en ocasiones se ve situado el sujeto pasivo del impuesto haya acelerado tal dictamen", explica JesÃºs Berlanga, letrado del Departamento de Derecho Tributario del Bufete GÃ©nova, que defendido al contribuyente ante las liquidaciones giradas por el Organismo Provincial de Asistencia EconÃ³mica y Fiscal (Opaef) de Sevilla.
AdemÃ¡s, adelanta el abogado que "indudablemente la tendencia de los tribunales irÃ¡ encaminada a resolver en contra de las liquidaciones practicadas por este impuesto siempre que no exista aumento en el valor del suelo, todo ello a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en lo relativo a la regulaciÃ³n estatal".
Precedentes judiciales
El ponente, el magistrado De Diego DÃez, se suma a los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional las sentencias de 2016 de los Tribunales de Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid -26 de enero-, AndalucÃa -15 de septiembre-, Castilla y LeÃ³n -14 de octubre- y Asturias -7 de noviembre-.
Estas sentencias estiman que las liquidaciones del Impuesto sobre la PlusvalÃa Municipal, se basan el artÃculo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que establece un incremento del valor del terreno determinado objetivamente, sin atender a las circunstancias concretas de cada terreno, ya que no hay comparaciÃ³n entre el valor inicial y final, o entre valor de adquisiciÃ³n y de enajenaciÃ³n.
TambiÃ©n, se refiere el magistrado a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 16 de febrero de 2017, que ha declarado inconstitucionales los artÃculos 4.1 , 4.2a) y 7,4 de la Norma Foral 16/1989 del IIVTNU, que son transcripciÃ³n literal y exacta de los aplicables en el resto del territorio espaÃ±ol de Derecho comÃºn en lo relativo al sistema de cÃ¡lculo de la base imponible del artÃculo 107 de la LRHL.
Recuerda De Diego DÃez que el TC asume como propio algo que considera de sentido comÃºn, como es que "los criterios o tablas autonÃ³micas, o la aplicaciÃ³n automÃ¡tica de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisiÃ³n , conducen a que se pague al margen de que se produzca o no un incremento del valor.
"Se paga porque lo dice el valor catastral y no porque sea el valor real, ni porque responsa a una ganancia real. En consecuencia, sÃ debe de pagar quien se lucra o enriquece con el trÃ¡fico inmobiliario, pero resulta confiscatorio aplicar un tributo a quien , como consecuencia de la evoluciÃ³n del mercado, se empobrece al vender un bien inmueble que comprÃ³ en el pasado por mÃ¡s valor que el que ahora recibe", afirma el magistrado
Y continÃºa razonando que es por ello, que, ante el cÃ¡lculo ciego a la realidad del incremento del valor y, ademÃ¡s, sin admitirse prueba en contrario , el TC expulsa los criterios tributarios procediendo a declararlos inconstitucionales y nulos, pero Ãºnicamente en la medida que someten a tributaciÃ³n situaciones de inexistencia de incrementos del valor. De Diego DÃez concluye que el hecho imponible de este impuesto exige que se realice un acto de disposiciÃ³n del inmueble, como es la venta, y que se genere un incremento del valor de esos terrenos objetos de la venta.