Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL / El Economista 19 de Mayo de 2017

Los asesores cifran en más de 8.600 millones la devolución de la Plusvalía.

A partir de ahora, quien venda inmuebles a pÃ©rdida en EspaÃ±a no tendrÃ¡ que pagar el Impuesto de PlusvalÃa Municipal a Hacienda, tras la extensiÃ³n de la nulidad que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminÃ³ en otras dos sentencias previas, que afectaban a los territorios forales de GuipÃºzcoa y Ãlava.

La sentencia supone un duro golpe para los Ayuntamientos. Las corporaciones locales recaudan en torno a 2.625 millones anuales con este tributo, pero tras esta sentencia, los asesores fiscales auguran un aluviÃ³n de reclamaciones de contribuyentes que tributaron pese a vender, donar, o heredar inmuebles por debajo del valor de compra.
A este respecto, es preciso tener en cuenta, que las organizaciones de consumidores estiman que los afectados podrÃan sumar en torno a los 500.000. Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas y CusÃ, indica que "no conozco a nadie que haya vendido en los Ãºltimos cuatro aÃ±os por un precio mayor que el que comprÃ³, asÃ que la cifra de cobros indebidos exigibles por los ciudadanos se eleva a mÃ¡s de 8.600 millones de euros".
Limitaciones para reclamar
No obstante, el golpe podÃa haber sido aÃºn mÃ¡s fuerte, ya que la mayorÃa de los espaÃ±oles solo podrÃ¡n reclamar los Ãºltimos cuatro aÃ±os por lo pagado por el Impuesto sobre PlusvalÃa Municipal o el CÃ©ntimo Sanitario, porque la nueva Ley de RÃ©gimen JurÃdico del Sector PÃºblico -Ley 40/2015, de 1 de octubre, que entrÃ³ en vigor el 2 de octubre de 2016-, limita las posibilidades de reclamar por responsabilidad patrimonial del Estado, lo que puede suponer la recuperaciÃ³n de la totalidad de lo pagado por leyes declaradas inconstitucionales o no ajustadas al Derecho comunitario mÃ¡s los intereses de demora.
AsÃ lo ponÃa de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Juan Gonzalo MartÃnez MicÃ³ en su intervenciÃ³n en una jornada organizada por la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de Asesores Fiscales (AEDAF), en colaboraciÃ³n con la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE.
Antonio Puentes y Manuel Escaplez, socios de PwC, en un informe dirigido a sus clientes avisan de que la recuperaciÃ³n del dinero no serÃ¡ fÃ¡cil, porque "no puede rechazarse la prÃ¡ctica de prueba por la que se verifique la inexistencia de incremento de valor, por lo que serÃ¡ necesario aportar pruebas en orden a acreditar la inexistencia del incremento de valor". Cuanto mayor sean las cantidades mÃ¡s complicado serÃ¡ justificar las pÃ©rdidas.
Pedro MartÃn, socio-director de la firma de abogados Legal y EconÃ³mico explica que "el Gobierno deberÃ¡ abordar una reforma en profundidad de este impuesto municipal para que no intervenga en operaciones en las que se hayan producido minusvalÃas", seÃ±ala.
El TC declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artÃculos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pero "solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad econÃ³mica por inexistencia de incrementos de valor". Ahora -seÃ±ala-, corresponde al legislador, en su libertad de configuraciÃ³n normativa, llevar a cabo "las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el rÃ©gimen legal del impuesto".
Las dos diputaciones forales afectadas por las primeras sentencias del TC, ya modificaron su norma tributaria para no gravar las ventas a pÃ©rdidas. Para ello, han separado el valor del suelo y el valor de construcciÃ³n para el cÃ¡lculo de la base imponible del tributo.
Fuentes de Hacienda han informado sobre los contactos que se mantienen en la actualidad con la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Municipios y Provincias (Femp) para estudiar las modificaciones legales a introducir. Los servicios jurÃdicos de la Femp han elaborado diversos informes sobre las soluciones a poner en la mesa con la AdministraciÃ³n tributaria.
Capacidad econÃ³mica
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Ollero Tassara, considera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como Impuesto de PlusvalÃa Municipal vulnera el principio constitucional de capacidad econÃ³mica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.
El Tribunal llega a la conclusiÃ³n de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando respeten el principio de capacidad econÃ³mica -artÃculo 31.1 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola-. Asimismo, en estas sentencias se seÃ±ala que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningÃºn caso gravar actos o hechos que "no sean exponentes de una riqueza real o potencial".