Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 25 de Noviembre de 2016

Las familias de baja renta con niños a cargo son el mayor colectivo en riesgo de sufrir pobreza energética.

En torno a 21 de cada 100 hogares sufren en España pobreza energética; o lo que es lo mismo, no pueden permitirse mantener su vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud. Más de dos millones y medio de ciudadanos ven como más de un 15% de los ingresos de su hogar se van al pago de facturas energéticas. En Save the Children trabajamos con niños y niñas a los que, alguna vez, les han cortado la luz.

Que hay familias que, ahora que empiezan a encenderse chimeneas y calefacciones, pasan frío es una realidad innegable, como lo es que se trata de un grave problema que no ha sido enfrentado como debiera por políticas públicas. Mientras que el precio de la luz ha aumentado en un 70% desde que se inició la crisis económica y la cantidad de personas viviendo en la pobreza se ha desbocado, la única solución planteada a nivel estatal ha sido claramente ineficaz, especialmente para los niños y niñas en situación de pobreza.

¿QUIÉN PAGA EL BONO SOCIAL?

El Tribunal Supremo anuló el pasado octubre la forma en la que hasta ahora se financiaba el Bono Social (pagado por las grandes eléctricas) y la situación en la que ha quedado éste –sin tener con qué pagarse- es un riesgo, pero también una oportunidad. El riesgo es que, ante el desafío de encontrar el dinero, un futuro ajuste presupuestario del Gobierno acabe dándole una estocada final; mientras que la oportunidad es que se aproveche la coyuntura para ser redefinido y llegar a quién realmente lo necesita.

El Bono Social es un descuento de un 25% en el precio de la luz para hogares que cumplen al menos una de las siguientes características: tener 60 años y ser pensionista, ser familia numerosa, formar parte de una familia en la que todos sus miembros estén en desempleo o tener una potencia contratada inferior a 3 kW en la vivienda. Aunque el último de estos criterios no aporta ninguna información sobre el nivel de vulnerabilidad y capacidad de pago de la luz del beneficiario de la ayuda, es éste el que determina en una mayor medida a dónde se van los fondos disponibles: a junio de 2016, el 73,71% de los casi dos millones y medio de hogares que estaban acogidos al bono social, lo estaban, no por vivir en pobreza o exclusión, si no por cumplir el criterio de tener una potencia contratada inferior a 3 kW.

Los que han estudiado los factores de riesgo de la pobreza energética concluyen que la configuración del hogar, ligada al factor de renta disponible, influye significativamente en las probabilidades de que una familia se enfrente o no a esta situación. Según Economics for Energy, en nuestro país a más menores de 14 años en el hogar más probabilidades de pobreza energética; mientras que donde hay más miembros mayores de 65 años la posibilidad es menor.

POBREZA ENERGÉTICA ES MUCHO MÁS QUE NO PODER PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ

En España, donde hay 2.461.008 niños y niñas pobres, el 44% de las familias numerosas viven en la pobreza. Pues bien, tan sólo el 14,5% de los receptores del Bono Social son este tipo de hogares y, como el nivel de renta no es tenido en consideración, tampoco sabemos si las 216.911 familias numerosas receptoras del Bono son las que más lo necesitan. Por si fuera poco no llegar a las familias pobres con hijos e hijas a cargo, al ser el Bono una reducción en el precio de lo ya consumido, no se ayuda en mayor medida al que más lo necesita si no al que más consume.

Con la toma de posesión del nuevo Gobierno, el recientemente elegido Ministro de Industria puede aprovechar que es nuevo en el cargo para repensar cómo el Estado afronta la pobreza energética y empezar a hacerlo cumpliendo las directivas europeas que demandan a los estados miembros definir al “consumidor vulnerable” y, una vez hecho, adoptar las medidas oportunas para protegerle. Reconocer que las familias de baja renta con niños y niñas a cargo son el mayor colectivo en riesgo de sufrir pobreza energética conllevaría establecer cómo criterio básico para ser beneficiario del mismo la renta del hogar y la composición de los hogares (especial atención a las monomarentales o numerosas). Por supuesto que la pobreza energética no es sólo que se haga cuesta arriba pagar la factura de la luz; el gas natural o las bombonas de butano también deberían considerarse en cualquier medida dirigida a paliar el sufrimiento de las familias que no pueden hacerse cargo de los gastos que suponen vivir por encima de los 18 grados en invierno.

Una transferencia a tanto alzado en función de una estimación del gasto energético del hogar considerado vulnerable sería una medida mucho más eficaz y similar a lo que hacen otros países de nuestro entorno con paquetes más integrales de lucha contra la pobreza energética que un mero descuento en la factura complementado por lo que puedan hacer Ayuntamientos y Servicios Sociales de buena voluntad. Programas que reconocen que los hogares pobres no sólo pasan frío por no pagar la factura de la luz, si no por vivir en casas menos adaptadas a las bajas temperaturas y de peor calidad. La Estrategia de pobreza energética para Inglaterra incluye ayudas a la renovación de los edificios; en Francia el programa Mieux Habiter ha asignado 500 millones a la Agencia Nacional de Vivienda para la renovación térmica de 300.000 viviendas de propietarios de bajos ingresos o arrendadores hasta el año que viene. Claro que para renovar viviendas hay que invertir, pero no hacerlo es pan para hoy y hambre para mañana, y el hambre, como ya sabemos, suele ser siempre de los mismos.