Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 29 de Octubre de 2015

Cada vez menos inspecciones de consumo en la comunidad.

Sea por recortes y falta de reposición de las plantillas, por un cambio en el sistema de trabajo o por una comparativa que picos de alertas disparan en su desigualdad; lo cierto es que el número de actas de inspección en consumo han descendido considerablemente y que la plantilla disponible en Castilla y León para el seguimiento de productos y establecimientos, de denuncias de usuarios y de alertas y campañas específicas sufre un considerable recorte, desde las 55 plazas que aparecen en la relación de puestos de trabajo a las solamente 37 ocupadas de forma real.

Y esta es la principal denuncia del sindicato CSI-F al considerar que, de esta forma y con esta tendencia, «en menos de cuatro años no se podrá garantizar una efectiva defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León, por la falta de medios humanos». En las nueve provincias, el número de actas levantadas en 2014 «fue del 45% menos que las de 2005, bajando de 11.946 a las 6.527 de 2014», recoge el informe de esta central sindical. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda puntualizan estos datos rechazando una comparativa con 2005 o con 2007 por estar disparadas en aquellas fechas las actuaciones de oficio por alertas concretas.

Así, y según la Dirección General de Consumo dependiente del citado departamento, el balance de la última década permite distinguir dos periodos concretos con comportamientos muy desiguales. Entre los años 2005 y 2009 se registró una media de 11.954 actas anuales, «dado el alto número de actuaciones derivadas de la Red de Alertas». Y, de otra parte, desde entonces hasta 2014, periodo en el que las inspecciones han sido 7.700 anuales. Este descenso, del 36% en tan solo cinco años, se «debe a la menor necesidad de actuación vinculada a la Red de Alertas como consecuencia de la propia actividad inspectora. Esto supone que la reducción de las actas no se relaciona con disminuciones de efectivos entre 2009 y 2010, sino con la introducción de cambios en el sistema de trabajo que han permitido realizar actuaciones más eficientes, tanto por la selección de los establecimientos visitados, como por la mayor intensidad de las inspecciones», explican las mismas fuentes administrativas.

Por otra parte, «y como consecuencia de la eficiencia inspectora», el número de expedientes sancionadores se ha mantenido relativamente estable durante el periodo entre 2005 y 2014, con una media de 530 al año. Paralelamente, las denuncias de los consumidores atendidas por los inspectores también «están estabilizadas en una media anual de 3.146». La cifra de denuncias resueltas oscila entre las 3.318 de hace cinco años y las 2.808 del pasado ejercicio, «en coherencia con las presentadas».

Por último, la Junta puntualiza que es inadecuado comparar el dato «extrapolado» de 24.653 actuaciones del año 2007 con las 13.918 del año 2014 porque «las actas habitualmente contienen varias actuaciones que se realizan en el mismo establecimiento y porque, en 2007, se produjeron 11.174 actuaciones de Red de Alerta y, en 2009, hubo 14.447. Son –asegura– dos picos puntuales, incluidos en las actuaciones de esos años que se produjeron en todo el país, dado que esta intervención de oficio detrás de cualquier producto para su inmovilización o retirada se genera en toda España e, incluso, a veces, en Europa». Asimismo añade que, además, puede ocurrir que como consecuencia de la actuación de la propia inspección, haya disminuido la extensión de la alerta «para hacerla más selectiva, sobre todo teniendo en cuenta que este período de 2005 a 2014 se archivaron 78.937 actuaciones de un total de 82.139».

De las 14.115 denuncias presentadas en los últimos diez años en Castilla y León, 1.295 acabaron con una advertencia por escrito al empresario para que adaptara su proceder a la legislación vigente; 2.766 fueron archivadas al llegar a un acuerdo el empresario y el consumidor tras la intervención de la Inspección, y 2.648 derivaron en la apertura de expediente sancionador. Además, 212 fueron comunicadas a otras administraciones competentes, según los datos analizados por el sindicato CSI-F.

Consumo explica que «ni el comportamiento del mercado ni el de los usuarios es absolutamente estable; lo que explica las diferencias numéricas tanto en las actuaciones como en las distintas provincias». Y descarta tajantemente que los datos permitan deducir «que se estén produciendo situaciones de indefensión ni de desprotección del consumidor, sino de racionalización de los recursos de la inspección».

Según los datos del Ministerio de Sanidad de los tres primeros trimestres de este 2015, que recoge los facilitados por cada comunidad, en Castilla y León la mayoría de los expedientes incoados afectan al fraude de la calidad o adulteración de aceites, frutas y hortalizas o de los electrodomésticos, cueros y piel además de a los productos industriales hasta alcanzar los 95 casos; el fraude en el peso se ha detectado en carne y pescado y fallos en las condiciones de venta sobre todo en vinos y licores. La Junta destaca que donde se encuentran habitualmente más irregularidades es en los bazares, las tiendas de ‘Todo a un euro’ acumulan más productos y juguetes sin homologar o sin cumplir la normativa en vigor.

Plantillas

En cuanto a las plantillas, CSI-F recuerda que, hasta el momento, «solo se han cubierto dos de las diez plazas solicitadas por Consumo, una en Ávila y otra en Zamora, y la convocada de forma urgente ahora en Soria para que, al menos, tenga un inspector. Aunque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración regional señala 55 plazas de inspectores en las nueve provincias y solo están cubiertas 37».

CSI-F destaca que la Inspección de Consumo lleva varias legislaturas perdiendo capacidad de actuación, lo que se traduce «en una cada vez más precaria atención y defensa de los ciudadanos de Castilla y León. La patata caliente de Consumo ha pasado de una consejería a otra, vaciando ese servicio de medios y sufriendo las consecuencias del escaso interés mostrado por la Junta, en una defensa eficaz de los derechos de los consumidores», indica Mariano Prieto.

A este respecto, la Junta asegura que en los últimos años no ha existido la posibilidad de convocar plazas para cubrir las vacantes. Por ello, en los casos urgentes, se ha recurrido a interinos. En la actualidad, «se trabaja en la previsión de cobertura de plazas para los próximos años».