Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 10 de Noviembre de 2015

Los apartamentos turísticos pirata ya son más de 60 sólo en la ciudad de Burgos.

Suponga que es usted un guiri con ganas de conocer Burgos. O un vecino de Pucela que quiere comer lechazo del de verdad. O un madrileño que tarda menos en venir a Burgos que en llegar a una cita con amigos para tomar cañas... Probablemente lo primero que hará sea abrir un buscador de internet y buscar alojamiento. Hasta hace un par de años hallaría ofertas competitivas en muchos hoteles, hostales y pensiones. Pero en la actualidad no es difícil que se tope con decenas de apartamentos en alquiler por días que se autoproclaman turísticos y no lo son. No a efectos legales.

El asunto preocupa, y mucho, a la hotelería burgalesa. «Hace tres o cuatro años nos sonaba a chino, pero ahora nos ha llegado lo que hasta entonces veíamos sólo en zonas de costa», admite el presidente de la Federación de Hostelería, José Luis López. «En Burgos comienza a ser un problema. La gente ha viajado, ha conocido otras formas de alojamiento y está cambiando las costumbres», ratifica Ricardo Garilleti, que desde el Grupo Rice abrió los primeros apartamentos turísticos legalizados en el entorno de La Isla.

En su opinión, el crecimiento exponencial de la oferta «va a acabar reventando porque está totalmente descontrolado», si bien podría parecer una afirmación hija de su condición de perjudicado. Así que acudimos a la Junta de Castilla y León, competente en materia de turismo. Su delegado en Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, explica que actualmente hay 28 apartamentos inscritos, y por tanto plenamente legales, como alojamientos turísticos. La mayoría están agrupados y pertenecen a la hotelería profesional, como es el caso del citado Grupo Rice.

Lo evidente

Sin embargo, un simple vistazo a la web líder del sector en alquiler de apartamentos por días, Airbnb, demuestra que cualquier cliente potencial que quiera alquilar un apartamento en la capital burgalesa para pasar el fin de semana del 28 y 29 de noviembre tiene disponibles más de 70 establecimientos (al menos a jueves de la pasada semana), y no es difícil encontrar una docena de ofertas distintas en otras webs. Así que, siendo conservadores, ahora mismo no hay menos de 90 apartamentos alquilándose por días en la ciudad. Hace seis meses había esa cantidad anunciándose, pero en toda la provincia.

Fernández Mardomingo explica que para poder obtener la categoría de ‘apartamento turístico’, el propietario debe acreditar que tiene al menos dos inmuebles diferentes dedicados a esta práctica. O dicho de otra forma, que no está alquilando su propia casa. Además, ha de cumplir una serie de requisitos (de seguridad, alturas, exteriores...) que no se dan en multitud de las ofertas que se pueden comprobar a simple vista (hay buhardillas, pisos interiores...).

Sí es cierto que el Ejecutivo regional tiene pendiente desarrollar la Orden que permita abrir una nueva categoría, que será la de ‘estancia vacacional’. En ese caso ya no habrá que cumplir las condiciones impuestas a un ‘apartamento turístico’, pero sí estar registrado en la delegación territorial de Turismo. Todos, en cualquier caso, son inspeccionados antes de obtener el beneplácito de la administración.

Los problemas

Los hoteleros advierten de que esta práctica implica algunos riesgos para los clientes y, al margen, daña al sector y abre un filón para la economía sumergida. «Las inspecciones se hacen a los legales porque para la administración si no estás en los listados no existes, y por tanto no te ven», continúa Garilleti, quien acusa a la Junta de «dejación de funciones» y pide que «la licencia de apartamento turístico sea obligatoria» para todos los alquileres.

López va más allá y recuerda que los establecimientos ‘legales’ cumplen una normativa de seguridad (como la de comunicar a la Policía quién está alojado en el lugar) y unas obligaciones fiscales que son más laxas cuando la declaración de los ingresos por parte de los propietarios no está fiscalizada por ninguna administración. «¿Quién puede demostrar que los 60 euros que paga al dueño de un apartamento van a ir a una declaración de la renta?», termina. Como la cuestión es retórica, queda respondida.