Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL / El Economista 1 de Abril de 2015

El Juzgado Mercantil inicia el 7 de abril la vista de calificación de Forum Filatélico.

Durante tres días, el Salón de Actos de los juzgados de Plaza de Castilla acoge el juicio del concurso de acreedores iniciado en 2006 por insolvencia de la sociedad anónima. El juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid celebra los días 7, 8 y 9 de abril, en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla, la vista de calificación del concurso de Forúm Filatélico, lo que pone fin a un procedimiento iniciado en 2006 tras autorizarse el inicio del concurso de acreedores por insolvencia de la sociedad anónima, que ya había sido intervenida por orden judicial por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

Además de Fórum Filatélico S.A., en el juicio se establecerá la culpabilidad o no, o la posibilidad de ser considerados cómplices, de trece personas afectadas por la calificación, así como de las empresas Espring Este, S.L.; Creative Investments S.L.; Atrio Collections S.L.; Stamps Collectors S.L. y Carrera Auditores S.L.

Los principales responsables de Fórum Filatélico, entre ellos Francisco Briones Nieto, consejero delegado de la sociedad, Agustín Fernández Rodríguez, consejero y secretario, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Francisco José López Guilarte y Juan Maciá Mercadé, además de los altos cargos Antonio Merino Zamorano, Belén Gómez Carballo y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez (este último en busca y captura) se enfrentan al hecho de ser considerados responsables del pasivo que no se pueda cubrir con los bienes de la concursada.

Con esta actuación concluye uno de los mayores escándalos financieros de la reciente historia de España, aún pendiente de resolución en la vía Penal.

En diciembre de 2014, la administración concursal de Fórum Filatélico anunciaba el pago de un 10,5% de los ahorros defraudados a 288.932 afectados, lo que equivalía al desembolso de 349,8 millones de euros.

Un conflicto sin solución

La Comisión de Sanidad del Congreso rechazó el pasado 25 de marzo de 2015 volver a pedir al Gobierno que busque una solución para el medio millón de familias afectadas por la estafa de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza Gespart, que nueve años después de estallar el escándalo aún no han recuperado sus ahorros, recordando que el pasado mes de noviembre ya se le instó a tomar medidas en esta materia.

Fórum, al igual que Afinsa, comenzaron a desarrollar su actividad en el sector de la comercialización de bienes tangibles a principios de la década de los años ochenta, incrementando desde entonces en considerable progresión su volumen de negocios. La actividad de estas sociedades se mantuvo a lo largo de cinco lustros, dejando un agujero en los bolsillos de los afectados de 5.000 millones de euros.

La Audiencia Nacional descartó que hubiese responsabilidad de la Administración entre otras causas, porque considera que si la intención de los afectados era establecer un contrato financiero con aspecto mercantil, estaríamos ante un negocio simulado, de naturaleza mercantil, que se habría pactado con la finalidad de defraudar la normativa vigente, en cuanto prohíbe ejercer las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito a cualquier persona física o jurídica que no haya obtenido la preceptiva autorización y esté inscrita en los correspondientes registros (artículo 28.1 de la Ley 26/1988 ). Por ello, las sentencias han considerado que la Administración Pública podría merecer la posición del tercero respecto del negocio simulado y ser víctima de un intento de engaño.

La vía penal, no obstante abre nuevas perspectivas de lograr alguna compensación del Estado, por lo que las asociaciones de afectados quieren negociar una solución pactada con los partidos políticos.

Cambio de interpretación en 2008

Los afectados de Fórum Filatélico, en 2008 exigieron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado en las presuntas estafas, por no haber intervenido ni controlado las actividades de dichas empresas. Ésta fue una de las principales reclamaciones que plantearon en sus concentraciones los perjudicados.

En septiembre del año 2008, el vicepresidente del Ejecutivo, Pedro Solbes, afirmaba ante la Comisión de Economía del Senado que "la actividad de Fórum y Afinsa es de comercialización de bienes tangibles, y no de carácter financiero, por lo que su control y supervisión no depende de entidades como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino que entra dentro de la normativa de consumo".

En esta comparecencia, la senadora socialista, Yolanda Vicente, señaló que había que "ajustarse a la realidad" y a la legislación vigente de 2003, que recogía que "los bienes tangibles -como los sellos- son de consumo y no de inversión y por tanto no están sujetos al control de organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

¿Una actividad financiera?

Razón del convencimiento que existía hasta entonces en el Gobierno de Zapatero sobre la exclusión del ámbito financiero de estas operaciones es que como resultado del escándalo producido por la intervención de las sociedades, se elaboró la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, en cuyo Preámbulo se afirma que "quedando claro en la norma que la actividad regulada no es financiera, (...)".

La mencionada norma considera que estas operaciones pueden adoptar una apariencia de operaciones financieras, pero sin llegar a serlo. Así, en su texto se afirma que "el legislador ha venido dejando a la libre voluntad de las partes el establecimiento de cualesquiera por conveniente, no constituyendo en principio dicha comercialización una actividad que requiriese de mayor atención regulatoria".

También la CNMV consideraba que estos negocios no suponían una captación de ahorro del público, pues, para este organismo, "no estábamos ante instrumentos financieros que tuvieran a los sellos como subyacente". La Dirección General de Seguros ha sostenido que la actividad del sector de bienes tangibles nada tenía que ver con la actividad aseguradora o de fondos de pensiones.