Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: El Economista 12 de Septiembre de 2014

Los consumidores tendrán que pagar los 1.400 millones de coste de Castor

El Ministerio de Industria tiene casi listo un acuerdo para rescatar al fallido almacén de gas Castor, propiedad de ACS y Escal. La intención del Gobierno es que sea todo el sector gasista, es decir, los consumidores, los que asuman los errores de esta instalación y hagan frente a los costes de la misma, para evitar que pueda llegar a computarse como deuda o como déficit del Estado.

Según las conversaciones que se están produciendo, el Estado se hará responsable de la deuda del almacén y de sus intereses financieros, tal y como le obliga en principio una sentencia del Tribunal Supremo.

Al no poder desembolsar el sistema gasista los 1.400 millones de coste de esta planta de un plumazo, el Ejecutivo ha buscado la colaboración de la banca nacional e internacional para hacer frente a este pago.

Para ello, Industria ha solicitado la colaboración del gestor técnico del sistema, Enagás, para que dirija una colocación de unos derechos de cobro que servirán para cubrir esta cantidad de deuda.

Derechos de cobro

Concretamente, el Gobierno emitirá a nombre de Enagás estos derechos a treinta años -similares a los que ya realiza para otro tipo de instalaciones gasistas- y los cederá automáticamente a la banca.

Enagás no tendrá ningún efecto adverso en sus cuentas, ni tan siquiera en el coste financiero de esta colocación, y los promotores del Castor cumplirán con el pago del bono previsto, pese a haber revertido la concesión de la instalación al estado.

ACS y Escal emitieron a través de la sociedad Watercraft Capital un total de 1.400 millones de euros en bonos en la Bolsa de Luxemburgo para financiar el coste del Castor. Esta sociedad deberá hacer frente en noviembre al primer pago del cupón a sus bonistas, lo que supone una fecha límite para alcanzar un acuerdo o entrar en quiebra.

Industria, así como los promotores del Castor y el sector, han mantenido reuniones a lo largo de estos últimos meses para diseñar esta operación de rescate, que se encuentra ya pendiente de los últimos flecos.

Informes de Stanford y el MIT

El sistema gasista realizará los pagos aprovechando los ingresos previstos por la entrada en funcionamiento de esta misma instalación. En los presupuestos del sector se contaba con desembolsar 4.000 millones durante los próximos 20 años, a razón de 200 millones anuales, por la entrada en funcionamiento de la planta, pero la decisión de hibernación y su posible desmantelamiento permitirán liberar parte de ese dinero. De hecho, la intención de esta operación parece indicar que no se piensa reabrir esta planta.

El Ministerio encargó varios informes al MIT y a la Universidad de Stanford para determinar si era seguro intentar volver a llenar el almacén sin que se produjeran seísmos. Estos estudios, que pueden tardar varios años, forzaban la necesidad de tomar una solución a corto plazo.

A este problema se añaden las quejas de los vecinos de Castellón, así como de las autoridades, que reclaman la máxima seguridad antes de intentar un nuevo llenado, es decir, un extremo casi imposible.

Desmantelamiento

La decisión de desmantelamiento supondría un coste adicional de 200 millones de euros más. Enagás por su parte asumirá la gestión de esta instalación mientras mantenga su periodo de hibernación y recibirá una retribución por esta función.

Antes de llegar a esta opción, el Gobierno ha trabajado también en otras opciones, que incluían a la Sepi e incluso al Instituto de Crédito Oficial.

El Ministerio de Industria intentó con un recurso al Tribunal Supremo evitar el pago en caso de que ACS renunciase a la concesión, pero el alto tribunal lo rechazó y exigió que se demostrara la existencia de "dolo o negligencia" para poder evitar dicho pago, un extremo que el Gobierno no ha abandonado y que se espera que culmine en una reclamación judicial contra ACS y Escal.

El contrato suscrito obliga al Estado a asumir el valor neto contable, que ascendería a las inversiones realizadas por los promotores.

La decisión de paralizar esta infraestructura, tras haber generado más de 500 seísmos en la provincia de Castellón, hizo que se suspendiera también el reconocimiento de la retribución a esta instalación.

La reciente reforma del mercado gasista incluía ya en sus previsiones de déficit la remuneración del almacenamiento, por lo que estaba ya descontado que los consumidores iban a ser los que pagarían la instalación mediante la tarifa, un extremo que puede llevar a que el sistema gasista acabe teniendo superávit en un plazo de dos años.

El coste se multiplica

El proyecto del almacén de gas Castor fue presupuestado inicialmente en unos 500 millones de euros, sin embargo esta cifra se fue inflando a lo largo del tiempo y finalmente esta instalación ha acabado suponiendo un desembolso de más de 1.300 millones de euros, lo que supone casi triplicar el precio previsto.

Los sobrecostes desataron en su momento todas las alarmas en el sector por el enorme coste que supondría su puesta en funcionamiento para los consumidores de gas natural e incluso la CNE llegó a hablar de contratos a dedo. Para justificar el engrose del presupuesto, ACS y Escal, promotores del almacén, presentaron al Ministerio de Industria un informe de auditoría que realizó la consultora DNV, que valoraba la infraestructura gasista en 1.461 millones de euros, en línea con infraestructuras similares en Europa.

Un hecho curioso, ya que Escal y ACS convencieron al Gobierno de la bondad de este proyecto porque resultaba más barato que instalar tanques de gas en las regasificadoras.