Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL / Expansión 21 de Febrero de 2014

Normativa discriminatoria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Una nueva sentencia del TJUE de fecha 17 de octubre de 2013 (Asunto C-181/12) relativa al Impuesto sobre Sucesiones alemán, nos recuerda las diferencias de trato que arbitra la normativa española del ISD (discriminando a los contribuyentes en función de su lugar de residencia), a la vez que nos da pistas sobre cuál podría ser la respuesta del TJUE en el asunto que ya se le ha planteado sobre esta misma cuestión (ha sido la propia Comisión Europea quien ha denunciado a España ante el TJUE).

A modo de recordatorio sobre las reglas que regulan el reparto de competencias normativas y de recaudación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de sucesiones, podemos mencionar el caso de una sucesión en la que el causante es residente en España y sus herederos son residentes tanto en España como en el extranjero: aquellos que sean residentes en el extranjero deberán soportar el ISD conforme a la normativa estatal del impuesto, mientras que aquellos que sean residentes en España lo harán conforme a la normativa autonómica correspondiente a la región donde fuera residente el causante en el momento del fallecimiento.

Mientras que la normativa estatal apenas prevé reducciones en función del grado de parentesco entre el causante y los herederos, la normativa autonómica prevé importantes bonificaciones. Por ejemplo, en Madrid, una reducción del 99% en caso de transmisiones padres-hijos. Esto es, siendo el causante residente en Madrid, su heredero residente en cualquier punto de España puede acceder a la bonificación madrileña del 99%, mientras que si es residente en cualquier otro Estado miembro de la UE, debe soportar el impuesto en su totalidad, no pudiendo acceder a dicha reducción.

Veamos lo que dice el TJUE en relación con estas diferencias de trato. El caso analizado en esta ocasión por el TJUE se refería a una sucesión en la que tanto la causante (alemana) como su heredero universal (cónyuge, de nacionalidad suiza) eran residentes en Suiza pero la herencia comprendía un inmueble situado en Alemania. De haber sido cualquiera de los dos residente fiscal en Alemania, se habría podido aplicar una reducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones alemán de 500.000 euros mientras que, por no darse dicha circunstancia, solo se podría aplicar, conforme a la normativa alemana, una reducción de 2.000 euros.

Ante esta diferencia de trato, el TJUE analiza si estamos ante una “restricción a la libre circulación de capitales” y en caso de que así sea, si podría estar justificada y por tanto no ser contraria al derecho comunitario. En primer lugar, el TJUE considera que una normativa que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible del lugar de residencia del causante y causahabiente en el momento del fallecimiento, lleva a que las sucesiones entre no residentes soporten una mayor carga fiscal que aquellas en las que esté implicado al menos un residente y, por lo tanto, provoca una disminución del valor de dicha herencia, constituyendo una restricción a la libre circulación de capitales.

Siendo así, para que una restricción a la libre circulación de capitales pudiera ser compatible con el derecho comunitario sería necesario, bien que la diferencia de trato afectase a situaciones que no sean objetivamente comparables o bien que resultara justificada por razones imperiosas de interés general.

En cuanto a la comparabilidad de las situaciones, el TJUE reitera que no existe ninguna diferencia objetiva que justifique una desigualdad en el tratamiento fiscal entre la situación de personas que no residen en el Estado miembro (de localización del inmueble) y aquella en la que al menos una de ellas sí lo haga. Puesto que el impuesto alemán se calcula en función del valor del inmueble y del vínculo personal que exista entre el causante y el heredero (mismo caso que España), ninguno de estos dos criterios depende del lugar de residencia de los sujetos. Al no depender el importe de la reducción del importe de la base imponible, sino que se concede al heredero por su condición de sujeto pasivo, la sujeción por obligación real del heredero no residente no constituye una circunstancia que convierta en objetivamente diferente (desde el punto de vista de la reducción), la situación de dicho heredero respecto de la del heredero residente de un causante residente o no.

Sobre este punto, concluye por tanto el TJUE que no estamos ante situaciones que no sean objetivamente comparables.

Sobre la existencia de una razón imperiosa de interés general, el TJUE niega que esta normativa pueda ser necesaria para preservar la eficacia de los controles fiscales (motivo alegado por Alemania, pues generalizar la deducción de 500.000 euros supondría que muchas herencias no llegaran a declararse), rechazando también que esta normativa se pueda justificar por la necesidad de preservar la coherencia del sistema fiscal alemán (el TJUE descarta argumentos tales como que la reducción menor se justifica por el hecho de que los contribuyentes por obligación real de contribuir únicamente tributan por los bienes localizados en ese país y no por la totalidad de la herencia).

En definitiva, el TJUE resuelve que una normativa como la alemana, que establece una menor reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones en el caso de una sucesión de un inmueble situado en Alemania por el hecho de que el heredero (o causante) sean residentes en otro Estado, es contraria al derecho comunitario.

Los paralelismos con el caso español son claros. Ya existen otras sentencias del TJUE sobre supuestos de discriminación no permitidos (otro parecido, relativo al Impuesto sobre Donaciones alemán, “Asunto Mattner vs. Finanzamt Velbert”, C-510/08 de 22 de abril de 2010). El incumplimiento de la normativa española es evidente y sin necesidad de esperar a que el legislador español decida modificarla o bien a que el TJUE condene a España, cabría pensar en invocar directamente la doctrina del TJUE para impugnar todas las liquidaciones de ISD que produzcan una discriminación tan flagrante.

Con un poco de suerte, en línea con la doctrina del “acto claro” que están aplicado ya algunos Tribunales, el juez español debería aplicar igualmente el derecho comunitario de forma automática, sin necesidad de plantear cuestión pre-judicial al TJUE.