Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 22 de Enero de 2014

34.800 hogares burgaleses pagan su recibo de la luz con una tarifa social.

Se diseñó en 2009 con la idea de favorecer a los colectivos más vulnerables y consistió en congelar la factura de la luz para evitarles una subida del recibo que en los últimos 5 años, según las organizaciones de consumidores OCU y Facua, ha llegado a incrementarse hasta un 60%. Una medida reservada para personas de más de 60 años con una pensión mínima, para familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y para aquellas viviendas con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (lo habitual es de 4,5 en adelante).

Solo en Burgos, y aunque potencialmente podrían ser más, existen 34.847 clientes que están acogidos al Bono Social creado por el Gobierno (de obligado cumplimiento para las eléctricas) y representan un 13,7% de las viviendas que hay repartidas por la provincia.

El grueso de beneficiarios de esta tarificación especial corresponde a los 29.881 hogares que las compañías han incluido directamente en el Bono Social por tener contratada una potencia inferior a los 3 kilovatios. El resto, los otros 4.866, se corresponden con 1.386 familias numerosas, con 3.228 burgaleses que cobran la pensión mínima y con 152 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo. Es decir, solo en los dos últimos supuestos se evidencia que al menos existen 3.380 clientes en la provincia de Burgos que están acogidos a esta sistema de pago por vivir en unas condiciones económicas complicadas.

No deja de llamar la atención que sean 3.000 los pensionistas acogidos al bono cuando según datos de la Seguridad Social habría en la provincia de Burgos 32.300 personas viviendo en el umbral de la pobreza. Es decir, con igual o menos de 525 euros de paga al mes. Es decir, no parece que haya otra explicación que no sea que muchas de estas familias no se han enterado de que podían pagar menos de lo que abonan en la actualidad o que nadie se ha preocupado lo suficiente en explicárselo.

Lo mismo ocurre con los clientes que viven en un hogar donde todos sus miembros están en paro. Si bien no existen datos oficiales sobre cuántas familias están en esta situación en Burgos, la equivalencia a la provincia de las cifras nacionales de la Encuesta de Población Activa (EPA), que habla de 1,8 millones en todo el país, situaría en 10.500 el número de domicilios de la provincia en los que nadie trabaja. Y sin embargo, solo son 152 los que están acogidos al Bono Social.

A diferencia de lo que ocurre con aquellos inmuebles con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios, en el caso de los pensionistas, de las familias con todos sus miembros desempleados y de las numerosas es necesario hacer una solicitud para que la compañía con la que tiene contratado el suministro incluya a ese cliente dentro del Bono Social. En caso contrario le sigue tarificando igual y debe soportar, como el resto de usuarios, las subidas de la luz.

Esta tarifa congelada se disfruta por un periodo de dos años.Terminado el mismo, debe volver a acreditarse que se cumplen los requisitos. Es más, las compañías aplican un recargo del 10% desde el momento más inmediato a la detección del fraude y debe ser el cliente el que comunique cualquier cambio de situación. Sin ir más lejos, haber encontrado un empleo.

AVISOS

Fuentes de Iberdrola, la compañía que acapara casi la totalidad del mercado en la provincia, indicaron que la eléctrica no facilita datos sobre los clientes que han pedido un aplazamiento en el pago de sus facturas y tampoco sobre aquellos a los que se les ha cortado el suministro.

Lo que sí aclaran es que antes de proceder a un corte se ha tenido que superar el periodo de pago de 60 días y de otros 60 más en virtud de una «prórroga de gracia» a la que también obliga la normativa. Aseguran que antes de quitar el suministro envían «hasta media docena de misivas advirtiéndoles de las consecuencias» y añaden que siempre se «apuran todas las opciones de negociación» antes de dejar sin electricidad a un usuario.

Todo indica que el Gobierno endurecerá las condiciones para acceder al Bono Social ya que lo que se baraja es exigir que el usuario que quiera acceder a él cobre como máximo el 120% del salario mínimo interprofesional (menos de 10.841 euros al año).

MÁS SEVERO

Al margen de las personas con más dificultades para afrontar el recibo de la luz, otro de los detalles que se observan es que cada vez son más los usuarios que optan por acogerse al mercado libre. Es decir, por negociar el contrato con la compañía. Según datos de Iberdrola, en 2010 eran 237.608 los clientes que pagaban su recibo por la tarifa regulada y a noviembre de 2013 se ha reducido a 129.264. Es decir, en este periodo ha habido más de 100.000 usuarios en la provincia que han modificado sus condiciones con la eléctrica.

Otra de las opciones que se ofrecen es la de pagar una cuota fija cada mes, de tal forma que no haya épocas del año en las que tengan que abonar cantidades que difícilmente puedan asumir. Llegado diciembre se recalcula el consumo y se devuelve lo sobrante al consumidor o se prorratea en los 12 meses siguientes.