Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL-VA/ Diario de Valladolid 18 de Febrero de 2022

Castilla y León anula las 36.900 multas del segundo estado de alarma y devolverá las pagadas.

Anuladas. La Junta de Castilla y León deja sin efecto todas las multas que se impusieron por incumplir del segundo estado de alarma, declarado inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Esto supone, según comunicaba el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, suspender casi 40.000 multas, 39.600 en concreto, cuyo importe ronda los 12 millones de euros.

De estos 11,8 millones, algunos estaban ya cobrados y se devolverán «de inmediato» y el resto, que se encontraban en tramitación o en recursos, se paralizan todas de ya mismo, según detalla el portavoz en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Las que se hayan cobrado, que se tienen que cuantificar, se devolverán esas cantidades y el resto quedará sin efecto el procedimiento», puntuliazaba Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se aprobada esta anulación.

De las 39.600 sanciones, 26.110 tienen que ver con saltarse el toque de queda; 10.540, por incumplir el cierre perimetral entre comunidades autónomas; 2.948 se habían impuesto por reuniones familiares y de personas en espacios públicos y, finalmente, dos por superar el aforo en los eventos de culto.

La decisión llega después de que los servicios jurídicos de la Junta emitieran un informe facultativo, a solicitud de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se planteaba las consecuencias sobre el régimen sancionador aplicado por el dictado de la sentencia de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto estatal de 25 de octubre de 2020 por el que se declaró el estado de alarma y su prórroga por el Real Decreto de 3 de noviembre de 2020.

La citada sentencia declara nulo el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad competente delegada. Además, efectúa en su pronunciamiento una referencia específica a las sanciones, al remitirse a lo establecido en el art. 40.Uno de la Ley Orgánica de 3 de octubre de 1979 del Tribunal Constitucional, que contempla la posibilidad de revisión para sentencias con fuerza de cosa juzgada en procesos penales o contencioso administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

Como señala el informe jurídico, según destaca la propia Junta, no se debe olvidar que el artículo 32.6 de la Ley de 1 de octubre de 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público afirma que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vincularán a todos los poderes públicos y, por lo tanto, también a la Junta.

Se ven así afectadas las medidas adoptadas como autoridades competentes delegadas del estado de alarma sobre la determinación de los horarios de los toques de queda, la limitación de la entrada y salida de las comunidades autónomas, la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos, y la limitación de la permanencia de personas en espacios de culto.

Los expedientes administrativos afectados son todos los que han aplicado el régimen sancionador a la vulneración de las anteriores medidas entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, con independencia del momento en el que actualmente se encuentren -denuncia, en tramitación del procedimiento, resolución sancionadora definitiva o firme, abono de la sanción en periodo voluntario o forzoso, o devolución del importe de la sanción ya pagada-.

El informe de los Servicios Jurídicos deja claro que en ningún caso las denuncias, procedimientos sancionadores y sanciones por incumplimiento de medidas de otra naturaleza acordadas por la Junta para la lucha contra la pandemia, en virtud de la legislación sanitaria, se ven afectadas por lo analizado en el informe y, por lo tanto, siguen siendo plenamente eficaces, y deben seguir tramitándose con plenos efectos bajo la responsabilidad directa de los órganos administrativos y autoridades competentes.

La conclusión de que procede anular las sanciones se deriva de lo dispuesto, con carácter general, en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el «derecho a la buena administración», principio que se infiere de los artículos 9.3, 103 y 106 de la Constitución, que garantizan la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, declaran que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y disponen que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Con carácter específico, la forma más ágil, sencilla y justa para el ciudadano respecto a su anulación es la aplicación del instituto jurídico de la «revocación» de actos. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

En todo caso, señala el informe de los Servicios Jurídicos que la Junta, como corresponde a una Administración responsable, ha cumplido con lo ordenado por el Estado en la declaración del estado de alarma. Y además, con este régimen sancionador aplicado por la Administración, y aun archivando los expedientes y revocando las resoluciones, se han cumplido sus dos efectos o finalidades perseguidas de cara a los ciudadanos: en primer lugar su efecto disuasorio, y en segundo término, el efecto ejemplarizante o reeducativo -también para los presuntos infractores que ahora quedarán sin sanción, pero que se han visto sometidos a denuncia y, en su caso, al desarrollo de un procedimiento sancionador, e incluso a su abono-. En definitiva, esta Administración Autonómica ha servido con objetividad a los intereses generales, tal como exige el artículo 103.1 de la Constitución.