Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 28 de Octubre de 2020

El hachazo fiscal a las clases medias de los Presupuestos: diésel, azúcar y plástico.

El Gobierno firmó este martes sus alzas al Impuesto sobre Patrimonio y a las rentas altas en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) pese al escaso impacto recaudatorio de las medidas. La subida a las rentas de más de 200.000 euros en el IRPF afectará a al 0,17% de los contribuyentes y, por su parte, el aumento de tipos en el Impuesto sobre el Patrimonio tampoco tendrá relevancia, dado que está cedido a las comunidades autónomas. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado, presentados en Moncloa, recogen además las alzas al diésel -aunque más moderada-, a las bebidas azucaradas y al plástico que Moncloa incluyó en las negociaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, explicaron los pormenores de su acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado 2021. En materia fiscal y tributaria, ambos anunciaron subidas en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Patrimonio. El impacto de estas medidas apenas llegará, según las estimaciones del propio Gobierno, a los 946 millones de euros.

Por otra parte, el Presupuesto recoge las subidas fiscales ya anunciadas hace unas semanas y que afectan a las clases medias. El IVA a las bebidas azucaradas, la subida al diésel y la nueva tributación de los envases de plástico costarán a los contribuyentes, según las estimaciones del propio Ejecutivo, 1.281 millones de euros.

Las nuevas alzas

En el IRPF el Presupuesto prevé un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. La medida aumenta la progresividad del sistema. De hecho, este incremento solo afecta al 0,07% de los contribuyentes. Asimismo, se incrementa en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará a solo el 0,08% de los declarantes. Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total.

Por otra parte, Sánchez e Iglesias anunciaron que el Impuesto sobre el Patrimonio tendrá un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año mediante una ley. Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5% al 3,5%. El impacto de la medida es muy limitado, ya que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. En casos como el de Madrid, por ejemplo, está bonificado al 100%. Patrimonio es un impuesto que no existe en la mayoría de países del entorno.

En materia empresarial, el Gobierno apenas toca el Impuesto sobre Sociedades, salvo para la limitación de la exención por repatriación de dividendos, una medida ya anunciada hace meses. Los Presupuestos incorporan en el Impuesto sobre Sociedades reducir la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años.

Los fiscalistas consultados por elEconomista coinciden en calificar las medidas anunciadas por el Gobierno como "humo", debido al escaso impacto que tendrán en las cuentas. "Esta subida a lo que ellos llaman las rentas altas parece que es un mero gesto político. Está muy limitada a tramos altos", considera Javier Gómez Taboada, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Por su parte, Luis del Amo, secretario técnico del Reaf del Consejo General de Economistas, cree que las cifras de recaudación presentadas por el Gobierno "están bastante infladas". A su juicio, gran parte de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este martes son un "brindis al sol".

"Las proyecciones macroeconómicas y las previsiones de ingresos, que ya eran inverosímiles, son anteriores al anuncio del estado de alarma por el Presidente Sánchez. Son unos presupuestos imposibles que, lejos de generar confianza, arrojan incertidumbre y, lo que es más grave, desisten del deber de revertir la situación", señaló este martes Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. "La heterodoxia tradicional del PSOE está presente: más impuestos, más gasto, más déficit y más deuda", añadió

El verdadero golpe

En los mismos Presupuestos, el Gobierno incluye su aumento de impuestos a la clases medias que lleva meses en la negociación. El más llamativo es el de la subida al diésel. En concreto, el tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales (sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro de la gasolina). Así, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros. Se trata de una medida de carácter medioambiental sin afán recaudatorio. En la práctica supondrá 3,45 euros más al mes para los consumidores que tengan un perfil medio y que hagan 15.000 kilómetros al año. En cualquier caso, se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.

Por otra parte, en el IRPF también se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros.

El Gobierno asegura que esta medida sigue las recomendaciones de la AIReF para aumentar la progresividad. Según la autoridad fiscal, la mayor parte de propietarios de planes de pensiones realizan aportaciones muy inferiores a los 8.000 euros actuales de límite de reducción. De hecho, el 58% hace aportaciones inferiores a 1.000 euros. Por tanto, esta medida afectará a un número menor contribuyentes con estos planes.

Fuera de Presupuestos, el Gobierno tramita más subidas con figuras fiscales nuevas con carácter medioambiental o que gravan nuevas áreas de negocio. Así, en el ámbito de la fiscalidad verde se encuadra el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Esta figura ya fue sometida a consulta pública y tiene como objetivo reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado para reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de residuos plásticos. "Esta medida debe servir también para impulsar nuevos modelos de negocio y alentar una producción y consumo más sostenibles, priorizando los productos reutilizables", señalan fuentes de Moncloa.

Por otra parte, los números de Hacienda remitieron también a las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude. Tal y como publicó elEconomista el 14 de octubre, está normativa esconde una fuerte subida de impuestos en aquellos relacionados con las viviendas.

El proyecto oculta una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Supremo rechazó en 2018 que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, el proyecto de ley apuntala, "en alas de la seguridad jurídica", las tasaciones por parte de las comunidades autónomas a través del Catastro. El texto recoge que "el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva". Según Hacienda, la medida "cuenta con el apoyo unánime de las CCAA".