Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 7 de Noviembre de 2020

Economía prevé cerrar 1,5 millones de sociedades "zombies" de los Registros.

El Ministerio de Economía ha puesto sus ojos en lo que considera un foco inmenso de fraude y corrupción, como son las cerca de 1,5 millones de sociedades zombis. Con ello, se pretende eliminar a las empresas que hibernan en los Registros Mercantiles, con años de inactividad y soportando deudas que se comen todos sus beneficios cuando vuelven a operar.

Estas sociedades pueden ser revividas para operaciones delictivas en cualquier momento, por lo que se pretende combatirlas, mediante la reforma de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude.

Actualmente, se trabaja en una serie de enmiendas al texto actual, que según las fuentes consultadas tienen tres objetivos fundamentales: de una parte, que los registradores mercantiles purguen el listado de sociedades zombis para acabar con ellas. Por otra parte, se busca involucrar a Hacienda para que prive del número de identificación fiscal a estas empresas, lo que supondrá su muerte civil.

Crecimiento incontrolado

Los mercados europeos han visto crecer el número de empresas zombis en los años posteriores a la crisis. Según algunos estudios, actualmente este tipo de compañías ya representan el 10% del mercado, al menos en países como Alemania, Francia, Italia y España. Su cifra se ha doblado en la última década. Según el Banco de España, son un 8% del tejido empresarial del país.

Durante los años de la euforia financiera, muchas de esas empresas se endeudaban cegadas por unas rentabilidades que parecían no tener fin, pero cuando la burbuja explotó con la crisis de 2007, muchas de esas empresas quebraron y otras, sobrecargadas de las deudas acumuladas, se convirtieron en auténticos muertos vivientes, en sociedades zombis.

Reiteradamente, el FMI ha venido advirtiendo del riesgo de la deuda empresarial vulnerable en varios países, entre ellos España. Estas sociedades copan el mercado financiero donde operan, pese a no ser rentables tiran precios para evitar que entre la competencia y mantenerse a flote.

La Agencia Tributaria ya incluyó a este tipo de sociedades en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2020. Por ello, se plantea en este documento que "solo aquellas sociedades que realmente intervengan en el ámbito comercial y económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal".

Mayor contundencia

La segunda pata de la reforma, según las fuentes consultadas, se encamina a dotar de al Instituto Nacional de Contabilidad (ICAC) de recursos y medios para que pueda sancionar con una mayor contundencia que en la actualidad a las sociedades que no presentan las cuentas anuales, unas 150.000 en total.

En la actualidad se debate que una parte del dinero de las sanciones, que en la actualidad va a la Caja General del estado, pase a financiar la estructura del ICAC, de manera similar a lo que ocurre con las sanciones impuestas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una de las aspiraciones tradicionales de este organismo.

En la actualidad, según fuentes registrales, el volumen de sanciones que se imponen afectan a los casos más graves y es limitado, de lograrse más medios materiales y personales por el ICAC, se podrían generalizar las sanciones, que según establece la Ley de Sociedades de Capital oscilan entre los 1.200 y los 60.000 euros en el caso de las pymes, y de hasta 300.000 euros para las sociedades que facturan más de seis millones de euros en el ejercicio.

Para lograr una eficacia sancionadora más elevada, Economía se plantea en la actualidad, que sean los registros mercantiles los que remitan los expedientes informativos de los incumplimientos al ICAC para que sea éste el que sancione.

Informes de años previos

En el pasado ejercicio, en 2019, el número de depósitos de cuentas anuales en los registros mercantiles ascendió a 1,2 millones. Tras el importante repunte de 2010 (aumento del 8,39%) la tendencia ha sido moderadamente decreciente hasta 2015, con disminuciones anuales constantes.

Esta tendencia se invierte claramente a partir de 2016, donde se registró un crecimiento del 3,39%, seguido de un estancamiento en 2017 (-0,53%), y nuevos incrementos a partir de 2018 (+1,49%, y +3,80% en 2019). Se confirma por tanto un soporte muy sólido en torno a los 1,1 millones depósitos anuales.

En cifras absolutas, el pasado año se presentaron 1.12 millones de depósitos, de los cuales el 81,24%, es decir, 973.160 correspondieron al ejercicio económico de 2018 y el resto a ejercicios anteriores, que estaban pendientes de ser depositados. En 2019 se consolidó la tendencia creciente de presentación telemática de las cuentas anuales. La presentación de depósitos digitales de modo presencial se reduce año a año, suponiendo este último ejercicio poco más del 5%.

La AEAT podría encargarse del cobro de las sanciones impuestas

Finalmente, la tercera pata de este operativo, quedará en manos de la Agencia Tributaria que se encargará del cobro de las sanciones, percibiendo un porcentaje sobre las mismas, tal y como realiza ya con otros organismos de las Administraciones Públicas. Además, procederá a la revocación de los NIF de las empresas dadas de baja del Registro Mercantil. Según la Agencia Tributaria, las sociedades inactivas o con escasa o nula actividad constituyen un colectivo de riesgo que debe controlar.

Con la revocación del NIF de la empresa se consigue que el Registro en el que esté inscrita la sociedad extienda en la hoja abierta a dicha entidad una nota marginal para evitar que pueda realizarse inscripción alguna. También conlleva la baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios, la baja en el Registro de Devolución Mensual del IVA y la imposibilidad de realizar operaciones bancarias en las cuentas o depósitos de estas sociedades. Y otras de importante relevancia administrativa, como la imposibilidad de obtener el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias, que expulsa a cualquier sociedad automáticamente de la rueda de la contratación pública.