Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 8 de Octubre de 2020

4.000 jubilados dejarían de serlo con el límite de 66 años.

Una cuarta parte de la población burgalesa, 85.472 de los 355.776 habitantes, ha cumplido 65 años. Dentro de 15 años serán 23.493 más, por lo que la población en edad de jubilación supondrá el 32,7% del censo provincial. El mismo problema de crecimiento se puede observar a nivel nacional y no hay sistema público que aguante estos números sin hacer cambios significativos en su funcionamiento y en esa tarea está el Pacto de Toledo y aquellos organismos que le hacen llegar sus propuestas.

La más reciente, la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aboga por aumentar la edad efectiva de jubilación (no la oficial) dos años más, hasta los 66 años e incrementar en diez años la carrera de cotización -de los 25 años actuales a los 35- para poder acceder a una pensión. Argumenta este organismo que es insostenible que el pago de las pensiones suponga más del 14% del PIB dentro de 30 años, más de 3 puntos por encima de lo que cuesta hoy.

Para hacerse una idea de la evolución del gasto, el importe de la nómina de las pensiones de jubilación que se pagó en Burgos en septiembre alcanzó los 75,3 millones de euros, el doble de la que se abonaba hace 15 años. Es una factura que no ha dejado de crecer cada año y la tendencia, dado el progresivo envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida, es que siga por los mismos derroteros en el futuro.

La edad efectiva de jubilación en la provincia está en torno a los 64 años, lejos de los 66 que la AIReF propone al Parlamento para su debate. Si tomásemos una foto fija de los 59.500 jubilados que hay actualmente, en torno a 4.000 están por debajo de los 66. La mayoría se ubica en la horquilla de los 60-64 años.

Curiosamente, analizando la evolución de los tramos de edad, los menores de 65 años han ido disminuyendo en la última década y apenas supone un 7% del conjunto de la población jubilada. Otra cosa es que haya un amplio grupo de prejubilados, la mayoría de ellos en el paro y con el último tramo de la carrera de cotización cubierta por las indemnizaciones pagadas por las empresas o administraciones en las que trabajaron.

Pandemia. En los últimos seis meses, los marcados por la pandemia, experimentan un decrecimiento los jubilados entre 60 y 64 años y, muy especialmente, los mayores de 85 que llegaron al inicio de la crisis sanitaria superando los 10.000 individuos y que se han reducido a 9.857 en septiembre, un 1,4% menos.

El número de jubilados asciende a 59.459 en septiembre, 119 menos que en marzo. Como dato relevante, la cifra más alta registrada en los últimos 15 años data de febrero, con 59.653 en nómina.

Y ahora los planes de pensiones. El aumento de la edad efectiva de jubilación a los 66 años y de la carrera de cotización en 10, no son las únicas propuestas en marcha. El Gobierno está estudiando recortar las bonificaciones de los planes de pensiones individuales y eso es una medida -no una propuesta- que puede quedar plasmada en el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La decisión tendría un calado importante porque el patrimonio acumulado por los burgaleses en planes de pensiones individuales ascendió hasta los 873 millones de euros en el año 2018, el último dato actualizado por el Observatorio Inverco y que puede ilustrar el peso de este ahorro en la provincia. El 60% de ese ahorro está depositado en planes de pensiones mixtos, mientras que los de renta variable representaban un 11,1%. El porcentaje de ahorro en planes de renta fija alcanzaba el 15,5%.

Hace dos años, el número de cuentas de partícipes era de 76.715 y el ahorro medio de las familias era de 11.379 euros, una cifra que situaba a Burgos entre las provincias más ahorradoras.

El equipo negociador de los nuevos Presupuestos, cuyo proyecto presentará el Gobierno en las próximas semanas, estudia eliminar o reducir las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones, teniendo como base las recomendaciones realizadas por la AIReF.

Este beneficio fiscal a los planes de pensiones supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros y tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas, señala la AIReF.