Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 14 de Noviembre de 2018

El Gobierno planea prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040.

El Gobierno planteará la prohibición de venta de turismos y vehículos comerciales impulsados con combustibles fósiles, es decir, los de gasolina y gasóleo, a partir de 2040, tal y como recoge la propuesta plasmada en un borrador de trabajo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que llevará al congreso. Además, en 2050 no se les permitirá circular.

El documento concreta que "no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono", por lo que afectaría también a los híbridos puesto que también montan un propulsor térmico.

El Ejecutivo, que está obligado a presentar un plan para cumplir sus compromisos en materia de reducción de emisiones, persigue con esta medida reducir un 20% las emisiones de CO2, respecto a los niveles registrados en 1990. Para ello prevé acometer un veto parecido al que aplican otros países como Reino Unido o Francia, que excluirán la comercialización de estos vehículos en 2040 y, en el caso británico, en 2050 no podrán circular. Otros como Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden implantar la prohibición de venta en 2030, mientras que Noruega se ha mostrado más ambiciosa y fija 2025 como meta.

En cualquier caso, el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático se trasladará este martes a los grupos parlamentarios y sectores interesados. El Gobierno ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Plan cero emisiones para 2050

En cuanto a la restricción de circulación para los vehículos que atesoren motor de combustión, responde al objetivo de descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 para superar la exigencia de esfuerzo estimado por la Unión Europea para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 20%, respecto a 1990. Esto es que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que la competencia en materia de movilidad no es del Gobierno -que no tiene capacidad de prohibir la circulación-, sino de los ayuntamientos, pero ha adelantado que se acordará con las administraciones municipales el proceso de aplicación de la ley en lo que respecta a movilidad porque "no pueden ser agentes externos y ajenos en un proceso en el son, casi, los principales actores".

En este sentido, Baleares ya dio un primer paso en febrero al incluir en el borrador del anteproyecto de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética la prohibición de la entrada de coches diésel en 2025 y de gasolina en 2035. No obstante, los que estén circulando en las islas podrán seguir activos.

Por su parte, algunos fabricantes automovilísticos ya han trazado su hoja de ruta excluyendo a los motores de combustión. Volvo, por ejemplo, anunció su adiós a la mecánica tradicional en 2017; y Toyota, aunque aún no va tan lejos, ya ha dejado de vender coches diésel en Europa.

Asimismo, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y de territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Prohibición del 'fracking' desde 2040

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un documento holístico que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que, al menos, el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

El documento 'base' para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Es decir que se prohíbe expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que a partir de la entrada en vigor de esta ley quedará prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y en general, el Estado se dependerá de las participaciones o instrumentos financieros de empresas relacionadas.

Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia al año a partir de renovables y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

Edificios eficientes

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estos estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030.

Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán sobre todo a los barrios y colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, la Administración General del Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes se logren la máxima calificación energética.

De hecho, el sector público, a partir de esa fecha solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que la ministra Teresa Ribera prevé que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35.

Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 por ciento respecto a 1990, seis puntos más de lo exigido por la UE.

Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35 por ciento respecto a la línea base de la UE.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico cien por cien renovable

En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado ha subrayado que el documento supone un "pistoletazo de salida" al diálogo para la elaboración de la ley de cambio climático y transición energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de "encuentro" con administraciones y sectores implicados y que "nadie se quede descolgado en este proceso".