Economía - Sostenibilidad

¿Quién será el principal acreedor de las comunidades autónomas en 2017? Si nada lo remedia, el Estado volverá a ejercer por sexto año consecutivo de máximo prestamista de los gobiernos autonómicos. Ante esta posibilidad hay quienes reclaman una vuelta a la normalidad financiera en los territorios, al entender que la situación ha mejorado y que las comunidades podrían obtener ya esos recursos por sus propios medios.
Un dato avala esta tesis: solo entre enero y marzo el Gobierno ha autorizado operaciones de endeudamiento por valor de 16.500 millones de euros, más del doble que el año pasado por estas mismas fechas. Las autonomías vuelven con fuerza al mercado y demuestran que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya no es necesario.
El Ministerio de Hacienda prorrogará este año la vigencia de los mecanismos extraordinarios de liquidez para comunidades autónomas, pese a que una mayoría de ellas (trece de las diecisiete) han recibido autorización para captar deuda en los mercados. Es la demostración palpable de que ahora que se ha iniciado la recuperación económica, las regiones pueden financiarse sin la tutela del Estado y asumir la diferencia de coste que esta opción represente con los préstamos que obtienen de manos del Fondo FLA y de la Facilidad Financiera, habilitada para las regiones que habitualmente cumplen el déficit.
Cambio en la gestión autonómica
Los expertos creen, además, que si los gobiernos autonómicos tuvieran que responsabilizarse de su propio endeudamiento, serían mucho más cuidadosos con sus ingresos y sus gastos. Es la opinión que expresa a elEconomista uno de los sabios propuestos por el Ministerio de Hacienda que conforman la comisión de expertos sobre la Financiación Autonómica.
�ngel de la Fuente considera que "habría que empezar a pensar en cómo ir retirando poco a poco los mecanismos de liquidez". El también director de Fedea entiende que la disciplina del mercado sería muy sana para ayudar a disciplinar mejor a las comunidades autónomas.
"La mutualización sistemática de los desequilibrios en la financiación es síntoma de una más que deficiente gobernanza que, a la postre, distribuye de forma muy poco equitativa el coste para los ciudadanos", sostiene Luis Caramés Viéitez, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, que defiende abiertamente la idea de que las comunidades autónomas deben acudir a los mercados en busca de liquidez en cuanto esté lista la reforma de la financiación autonómica. El principal motivo es que estos -los mercados- "suelen disciplinar con más objetividad", sentencia.
La AIReF reclamó desmantelarlos
También ha sido muy claro en este sentido el mensaje de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya desde hace unos meses recomendaba ir desmantelando los mecanismos especiales de liquidez poco a poco, para reducir la dependencia autonómica del Estado.
"Necesitamos combinar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con las de otras Administraciones y eliminar progresivamente los mecanismos de financiación extraordinaria" aseguraba el presidente del organismo fiscalizador, José Luis Escrivá recientemente. Hay que recordar, además, que la AIReF apoya también los objetivos de déficit asimétricos, al creer que algunas comunidades relajan sus políticas de gasto en cuanto saben que disponen del mismo límite que regiones con peores datos.
De momento, solo entre enero y marzo el Consejo de Ministros ha autorizado a las autonomías a financiarse por valor de casi 16.500 millones de euros, más del doble de los 8.200 millones de euros que les permitió en los tres primeros meses del 2016.
Un total de trece regiones (todas a excepción de Canarias, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha) están acudiendo ya a las entidades financieras o a los mercados de capitales para lograr financiación con la que cubrir su déficit, pagar a proveedores y atender vencimientos. Asturias, aun así, saldó operaciones de deuda muy jugosas justo un mes antes, en diciembre, por lo que no ha debido hacer petición expresa para nuevas subastas en este primer tramo de ejercicio 2017.
En busca de liquidez
En esa lista no solo hay comunidades saneadas, que en principio tendrían menos dificultades para recibir el respaldo de los prestatarios. También las hay en serias dificultades, como Cataluña (bono basura para las agencias de calificación), que el 3 de febrero recibió permiso para endeudarse por 1.378 millones de euros; la Comunidad Valenciana, que obtuvo el visto bueno el 27 de enero para lograr 2.422 millones de euros; o Extremadura, que quiere hacerse con 528 millones de euros.
El actual momento de tipos históricamente bajos, incluso negativos en plazos de hasta tres años en el caso de las subastas del Tesoro español, se ha trasladado también al ámbito autonómico, que abona más intereses pero sin que su deuda se torne insostenible. Madrid y Castilla y León se financiaron ya en el año 2016 a largo plazo con intereses inferiores al 2%, algo que hace solo unos años hubiera resultado un suieño para el propio Estado (que sacó subastas a diez años con tipos inferiores al 1%).
Moneda de cambio para el nuevo modelo
Ya hace un año que el catedrático Juan José Rubio pronosticó que el FLA, hoy prorrogado, sería una herramienta que el Gobierno utilizaría como moneda de cambio en la reforma de la financiación autonómica. "Habrá quitas parciales o totales", aseveró este experto, tras recordar que el nuevo sistema no incorporaría muchos más fondos que el de 2009 por los deberes de reducción del déficit público. Así, perdonar deuda serviría para acallar a numerosos gobiernos regionales, ávidos de más financiación para capear el temporal.
"Podemos estar en puertas de una quita, que seguramente se cubrirá con un eufemismo tipo reestructuración", añade en este sentido Caramés. Desde su punto de vista y, pese a haber creado una comisión de expertos para estudiar tanto este asunto en particular, como la financiación regional en general, el Gobierno "ya tiene pensado qué hacer en este terreno, incluido el asunto de la condonación".
El principal soporte financiero
Para entender hasta qué punto el Estado ha ejercido de soporte financiero de los territorios desde el año 2012 solo hay que acudir a las estadísticas del Banco de España. Más de la mitad de la deuda autonómica en circulación ha sido financiada por el Gobierno Central.
De los 271.980 millones de euros a los que ascendía la deuda viva regional, los territorios habían percibido 137.970 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico o de la Facilidad Financiera, en función de si se trataba de regiones cumplidoras o no de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Cabe precisar a este respecto que el total de mecanismos extraordinarios (se incluye aquí el dinero destinado al pago a proveedores) ha prestado a las regiones algo más de 174.000 millones de euros en esos cinco años y medio.
De este modo, los préstamos del Estado suponen el 50,7% del pasivo regional, algo que no había sucedido desde que el Ministerio que capitanea Cristóbal Montoro creó los instrumentos de financiación hace ya cinco años. Hay incluso ocho comunidades autónomas que superan ese nivel.
Son, en concreto, Comunidad Valenciana y Murcia, a las que el Ejecutivo Central ha financiado hasta un 73% de su pasivo; Andalucía (el 67% de su deuda tiene el aval de Hacienda); Castilla-la Mancha (66% de su deuda avalada por el Estado); Cataluña (63%); Baleares (62%); y Canarias y Cantabria, con un 61% de su deuda financiada por el Estado.
Los últimos cinco años, el Estado emitió deuda por valor de 84.990 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB español, para atender al pago de facturas a los proveedores autonómicos. En ese mismo periodo, los Ejecutivos regionales pudieron atender a vencimientos de deuda por valor de 77.697 millones de euros.
Importantes retos a futuro
Un estudio publicado este mismo año por la agencia de rating Standar and Poor's (S&P) se hacía eco de estos datos y planteaba como retos e incógnitas de futuro para los ejecutivos regionales la reforma de la Financiación Autonómica, la continuidad de los esfuerzos de consolidación fiscal, el control del gasto sanitario y el envejecimiento de población, la presión existente sobre el gasto educativo, la asimetría en la posición financiera de las propias autonomías así como el retorno a la financiación en los mercados.
El propio Cristóbal Montoro reconoció que la reforma de la financiación regional deberá plantearse hasta qué punto este tipo de mecanismos tienen que seguir estando operativos. El otoño lo dirá.