Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 2 de Febrero de 2016

El agua cuesta en España un 37% menos que la media de Europa.

Las patronales de las empresas operadoras de ciclo integral del agua urbana, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), han analizado, junto a Ecodes, los mecanismos de ayuda social actuales para la no interrupción del suministro de agua a ningún hogar por incapacidad de pago.

El Canal de Isabel II, empresa que gestiona el ciclo del agua en Madrid, anunció en noviembre del año pasado que congelará las tarifas del agua durante todo 2016 y que ampliará la coste social a todos los perceptores de la Renta Mínima de Inserción. Esta medida beneficia a 25.000 familias madrileñas y multiplica por ocho el número de personas con derecho a esta tarifa, que además ya no necesitan de informe previo de los servicios sociales de la Comunidad certificando su situación de vulnerabilidad; todas las familias han sido previamente valoradas por la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

En Madrid, la tarifa social subvenciona un 74% del gasto en agua, lo que supone, como detalló la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, asegura que "esos ciudadanos pagarán menos de cuatro euros mensuales, IVA incluido, por un consumo de 417 litros de agua al día".

Esas 25.000 familias residentes en la comunidad madrileña forman parte de los 600.000 españoles beneficiados por las distintas acciones de ayuda social en el sector del agua urbana. Ayudas que existen desde hace años en España y que ofrecen, en diversas modalidades, buena parte de los municipios, pero que se han reactivado e incrementado con motivo de la crisis económica. Estas ayudas se contemplan tanto en las estructuras tarifarias fijadas por las ordenanzas municipales o reglamentos normativos (mecanismo de acción social clásico), como a través de dispositivo de nueva creación, los llamados Fondos de Solidaridad.

"Estos últimos son un mecanismo de acción social alternativo, no asociados a la estructura tarifaria, que responden fundamentalmente a criterios de renta. Pueden nutrirse de diferentes fuentes presupuestarias y pueden funcionar por sí solos o complementando las bonificaciones tradicionales que se contemplan en la estructura tarifaria", explica Fernando Morcillo, presidente de AEAS. Al ser de competencia municipal, los mecanismos de acción social son muy heterogéneos, y son los ayuntamientos y/o las comunidades autónomas los competentes en determinar a sus beneficiarios.

Asequibilidad y sostenibilidad

Según el informe Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones, realizado por AEAS, AGA, y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) en nuestro país más del 90% de la población reside en municipios que poseen uno o ambos mecanismos, alcanzando el número de beneficiados el 1,2% de los usuarios.

De ellos, el 63% reside en municipios con bonificaciones fijadas en la propia estructura tarifaria, el 13% en municipios con implantación de Fondos de Solidaridad y el 24% en municipios que contemplaban ambos mecanismos.

El objetivo de este estudio, que se ha elaborado sobre una muestra de servicios de agua que atienden a una población superior a los 15 millones de personas, es analizar los mecanismos de ayuda social existentes en el sector del agua y proponer unas recomendaciones que puedan orientar a los ayuntamientos y administraciones competentes sobre la mejor manera de ponerlas en práctica. "Nuestra intención es mejorar y profundizar en la sensibilidad de las entidades operadoras de los servicios de agua urbana hacia los colectivos más desfavorecidos y encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio, mediante una adecuada recuperación de costes, y la garantía de acceso universal al agua, ofreciendo soluciones a las familias en situaciones económicas precarias, sin disminuir la calidad del servicio y preservando el medio ambiente", añade Morcillo.

La ONU recomienda que el gasto en agua de un hogar no supere el 3% de sus ingresos. En España, según el Estudio sobre el precio del agua de la Fundación Aquae, el gasto en agua representa, de media, un 0,9% de los ingresos del hogar. Teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de cada país, el esfuerzo económico de los españoles y residentes en España para pagar la factura del agua supone, en general, un 37% menos que el esfuerzo de la media europea.

Para los responsables de los operadores de agua urbana, el Derecho Humano al agua, del que no se debe privar a ningún hogar por incapacidad de pago debidamente justificada, debe compaginarse con la contribución al mantenimiento de los servicios a través del pago de un precio asequible.

"Los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración conllevan unos costes, así como la sostenibilidad de estos servicios depende de la recuperación de dichos costes, según el principio establecido por la Directiva Marco del Agua. Así, todo ciudadano tiene la obligación de contribuir al pago de una tarifa del agua que sea asequible, por tratarse de un bien básico esencial", señala el informe de AEAS-AGA.