Economía - Sostenibilidad

Nuestra deuda pública oficial, según la última publicación del supervisor que dirige Luis María Linde, asciende ya al 98,5% de nuestro PIB y supera los 1,053 billones de euros, después de un mes de junio aciago en el que ese pasivo aumentó en 12.638 millones de euros. Sin embargo, y a falta de los datos relativos al segundo trimestre, el Banco de España reconoce que los pasivos en circulación bordean el billón y medio de euros.
El desfase entre las dos cifras supera, de largo, los 400.000 millones, pero el supervisor deja claro en sus estadísticas que existe una partida, llamada de Consolidación entre Administraciones Públicas, en la que la deuda de Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se superpone. Esa partida supera, según datos relativos al primer trimestre del año, los 150.000 millones de euros. Al final, el desfase entre la cifra oficial de deuda pública y los pasivos financieros totales de las Administraciones Públicas asciende a 292.000 millones después de restar los 150.000 millones de pasivo consolidado.
Esa cantidad debería sumarse a los 1,053 billones de euros contabilizados como deuda a finales de junio, por lo que nuestra deuda pública real, contando esos casi 300.000 millones, llegaría a los 1,345 billones de euros, casi el 130% de nuestro PIB. Una cifra alarmante que, sin embargo, no dista de la de muchos otros países del euro, que también se benefician de las distinciones contables que impone la Comisión Europea.
Pero, ¿de dónde viene esa enorme diferencia entre deuda pública reconocida y pasivos financieros totales? Según la normativa impulsada en los últimos años por los socios europeos, la deuda que contabiliza como pública es la llamada Deuda PDE (regida bajo el protocolo de déficit excesivo). Y en ella no caben algunas partidas que en el caso de España, pero también de Alemania, Austria o Irlanda, son especialmente elevadas.
Lo que no contabiliza
Bruselas permite que los Estados miembro no computen como Deuda PDE las garantías que los gobiernos asumen con empresas privadas, y que en el caso de España, y según Eurostat, suponen casi 190.000 millones de euros (el 18,1% del PIB). Ahí, y según fuentes del Banco de España, caben desde apoyos financieros a empresas hasta dinero comprometido en la banca y otros rescates.
Pero hay más: el pasivo de determinadas empresas públicas y de las alianzas público-privadas, las llamadas PPPs, tampoco compatibiliza como deuda pública. En nuestro casoesa partida es muy inferior a la de las garantías gubernamentales, pero aún así asciende a un 13% del PIB, lo que se traduce en algo más de 130.000 millones de euros.
Y la última partida que Bruselas permite no contabilizar como deuda según el protocolo excesivo de déficit es el de la morosidad de las Administraciones Públicas. Eurostat explica en sus estadísticas que, en este caso, contabiliza como pasivo aquellos pagos demorados por más de 90 días. En este caso, España debe a sus proveedores un 0,19% del PIB, algo más de 20.000 millones. Por último, hay muchas otras partidas menores en cuantía que sirven, en nuestro caso, para complementar esos 292.000 millones de euros entre pasivos totales y deuda pública reconocida.
Estadísticas sorprendentes
El caso de España no es, ni de lejos, el más llamativo. Irlanda, país rescatado con un nivel de deuda pública desbocado, cuenta con un Gobierno comprometido en garantías por más del 32% del PIB del país.
Y hay más: tres de los países más saneados de la eurozona, Alemania, Austria y Finlandia, se libran de declarar como deuda PDE porcentajes elevadísimos de su PIB. Austria, la que más, con un 35% del PIB por las garantías comprometidas a nivel gubernamental. En su caso, y contabilizando todos sus pasivos, la deuda total sobrepasaría la cota del 100 por cien, cifra bien distinta a la oficial. Alemania, en mejor posición financiera, contaría con una deuda total superior al 92% de su PIB, lo que traducido a cifras significaría un montante equivalente a 2 billones de euros.