Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 17 de Diciembre de 2014

Las concesionarias de ITV de la comunidad demandan a la Junta.

Las empresas concesionarias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León han demandado a la Junta por incumplimiento de contratos después de que el Gobierno autonómico publicara el viernes la resolución en la que establece una rebaja de las tarifas de este servicio en la comunidad, según publica Europa Press.

La asociación que agrupa a estas empresas, Aecyl-ITV, considera que la Junta "no respeta los contratos" y pone "en riesgo" la prestación de un servicio público "que impacta directamente en la seguridad vial".

La asociación ha recordado que el viernes, 12 de diciembre, la Junta de Castilla y León hizo pública su "decisión unilateral" de modificar los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio público de ITV firmados con las entidades que prestan este servicio en esta comunidad.

"Esta decisión política muestra un incumplimiento contractual y un ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas, vulnerando de esta manera los derechos y garantías de las entidades que integran Aecyl-ITV", han señalado a Europa Press las empresas.

Ante este escenario, "y tras un reiterado y siempre frustrado intento de diálogo con la Administración", tanto las entidades que prestan el servicio como la propia Asociación que las acoge, aseguran que se han visto "obligadas" a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para la defensa de sus "derechos legítimos" y han solicitado que como medida cautelar se acuerde la suspensión de la eficacia de la Orden por no ser conforme a Derecho.

Entre las razones que argumentan, las concesionarias consideran que la modificación "unilateral" de los contratos es "ilegal" por ser contraria al ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo, al constituir "un cambio no previsto en los propios contratos de concesión, carente de argumentos jurídicos que motiven tal modificación y se pretende llevar a cabo sin compensar a los contratistas por los daños que esta modificación les supone".

Además, en su opinión la orden "vulnera e incumple" la normativa administrativa y los propios contratos de concesión ya que supone, entre otras cuestiones, la eliminación del derecho de actualización de tarifas conforme IPC o la rebaja de tarifas.

Derechos reconocidos

En este sentido, han explicado que existe un derecho reconocido en los contratos de las entidades que prestan el servicio de ITV en Castilla y León a la actualización tarifaria anual, de forma automática, con arreglo a la variación que haya experimentado el IPC. "Cualquier modificación o expropiación de dicho derecho que quiera acometerse por parte de la Administración debe necesariamente acompañarse de la debida compensación, en cumplimiento de la legalidad exigible", han incidido.

Por lo que se refiere a la rebaja de las tarifas aproximadamente un 20 por ciento, de la misma manera que en el supuesto anterior, "cualquier modificación o expropiación que quiera realizar la Administración debe estar acompañado de la debida compensación económica, tal y como se reconoce en los contratos y en la normativa aplicable".

La Asociación ha concretado el impacto económico que supone para las entidades concesionarias la acumulación de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León en los últimos años (2012-2015).

Así, ha señalado que la no actualización de tarifas en tres años y la reducción de las mismas "es una disminución de las tarifas aproximadamente en un 30 por ciento, disminución que ningún modelo económico puede soportar".

En concreto, en el sector de las ITV, en el ámbito de Castilla y León, "se estaría poniendo en riesgo la viabilidad económica de las entidades concesionarias (que emplean a 546 trabajadores en la Comunidad), con el grave perjuicio que ello conllevaría sobre la prestación del servicio y sobre los intereses de los ciudadanos, así como sobre el empleo directo e indirecto, que generan los centros de ITV".

Por tanto, han añadido que existe por tanto "un peligro real e inminente" de que las medidas adoptadas por la orden de la Junta "alteren el estado actual de la situación económica de las entidades hasta el punto de hacer inviable económicamente la continuidad en la prestación del servicio de ITV por las mismas", que, han recordado, es un servicio "de interés general y de obligado cumplimiento" por el usuario.

"De esta manera, se está poniendo en riesgo la prestación de un servicio público que impacta directamente en la Seguridad Vial y en la protección del Medio Ambiente, y que por ello afecta a todos los ciudadanos sean o no titulares de vehículos", han añadido.