Economía - Sostenibilidad

Una de las conclusiones del documento elaborado por la Junta pone de relieve el perjuicio que causa a Castilla y León el sistema actual, ya que ha pasado de una media del 7,29 por ciento en el periodo 2002-2008 al 6,55 por ciento del modelo vigente. No obstante, la consejera no ofreció datos absolutos de lo que podría suponer esta pérdida por entender que «no sería un cálculo adecuado» al haber caído la recaudación tributaria por efecto de la crisis económica en los últimos años. «Hemos preferido hacer la comparativa con tanto por ciento de lo que se reparte, de modo que se descuenta el descenso que se haya producido por la crisis económica», remarcó.

El informe sitúa a Extremadura, Andalucía o Canarias como las más perjudicadas, frente a las comunidades del Arco Mediterráneo (Baleares, Cataluña, Valencia y Murcia) y Madrid como las más beneficiadas por el modelo que puso en marcha el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Estos datos corroboran que «el modelo es injusto, insuficiente, poco o nada transparente y que no garantiza el acceso a los servicios en condiciones de igualdad», indicó Pilar del Olmo.

Esta pérdida de peso es un indicador más de la «irrenunciable» exigencia del Gobierno de la Comunidad para incrementar notablemente el peso de factores no poblacionales. En la actualidad, el 97 por ciento del reparto se efectúa en función de variables relacionadas con la población, frente a un sólo 3 por ciento de factores ligados al territorio. «Y eso a pesar de que múltiples competencias de las comunidades están más condicionadas por la geografía que por el número de habitantes», declaró la consejera.

Entre ellas, Pilar del Olmo citó el mantenimiento de las carreteras autonómicas (16,7 por ciento dependen de la Junta), la prevención de incendios (18,1 por ciento de la superficie forestal está en Castilla y León), la inversión en agricultura y ganadería (concentra el 22,6 por ciento de la superficie cultivada y el 17 por ciento de la cabaña de ovino, porcino y bovino del país) y la conservación del patrimonio histórico y cultural (peso nacional muy superior al de la población).

Finalmente, el documento enviado por la Junta al Ministerio de Hacienda reclama la necesidad de un ajuste del reparto de recursos entre el Estado y las comunidades, en la línea de lo establecido por la UE, para que las autonomías se queden con mayor trozo de la tarta. Del Olmo reclamó «lealtad institucional», ya que se han puesto en marcha normas legales que han supuesto necesidades de gasto no previstas cuando se aprobó el modelo sin que se fijara una financiación adecuada.