Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 7 de Febrero de 2014

La ley regional de industria reforzará a los profesionales para combatir el intrusismo.

Los instaladores de maquinaria industrial y las propias instalaciones de las grandes industrias de Castilla y León son los colectivos y sectores más afectados por la próxima entrada en vigor de Ley de Industria elaborada por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta. A punto de iniciar el trámite parlamentario, el texto legal «protege a quienes hacen las cosas bien frente a quienes actúan al margen de la legalidad» o se aprovechan de sus lagunas para sacar partido, según señalaron los responsables del texto. Además, afecta a la propia Junta, ya que «obliga al ejecutivo autonómico a desarrollar un plan director de cada sector industrial para elevar su nivel de competitividad».

Tal y como recuerda el director general de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, los países más industrializados tienen la política sectorial recogida en una ley en la que, incluso, suelen abordarse cuestiones relativas al coste de la energía y las relaciones laborales. «Estas dos variables, unida a la política sectorial, constituyen las tres patas de la industria de un país. En España es tan elevada la factura energética y nos resta tanta competitividad que hemos considerado que había que actuar sobre los otros pilares, ya que sobre ese no tenemos capacidad legislativa».

Hasta la fecha solo el País Vasco, Aragón, Galicia y, de forma parcial, Cataluña han legislado al respecto. Para el responsable de Industria, la ley autonómica tendrá el mismo efecto que la «lluvia fina». «No tendrá resultados llamativos a corto plazo, pero colaborará para que las industrias de la comunidad sean más resistentes a las dificultades y hará de Castilla y León un territorio más atractivo para los grandes proyectos de inversión».

«Había un maremágnum de normas sobre seguridad –continúa– que necesitaban un orden y un sentido, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, que adapta la legislación española a la Directiva Europea de Servicios», que a su vez salvaguarda la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre Estados.

Según Martín Tobalina, «cuando la liberalización de los servicios afecta a una actividad como la instalación de maquinaria industrial –con la labor de la Administración a posteriori del inicio de la actividad, como garante del proceso, pero al final– provoca cierta preocupación entre los agentes del sector, por la inseguridad e incertidumbre que puede traer consigo». En su opinión, «sin la obligación de cumplir unos requisitos claros de seguridad industrial, una vez llegada la liberalización el sector corre el riesgo de regirse solo por un sistema de precios, lo que traería consigo una pérdida de calidad y, a su vez, generaría una mayor inseguridad».

Así pues la ley, que según Martín Tobalina «es un compromiso del gobierno regional que deriva de una necesidad» tiene la seguridad industrial y la competitividad empresarial como ejes principales. «Con un sector secundario que tiene un peso de casi el 18% del Producto Interior Bruto, unos cuatro puntos de ventaja sobre la media española, Castilla y León está obligada a dotarse de una estrategia estructurada por sectores y de un plan director de promoción industrial».

Efecto multiplicador

La industria, que tiene un efecto multiplicador sobre la actividad porque genera a su alrededor servicios y empleo inducido –detallan desde la Dirección General–, «en situaciones de crisis sufre un fuerte destrucción de actividad a corto plazo, pero cuando empieza la recuperación tiene más capacidad y facilidad para revertir la situación». Este carácter de 'palanca' que tiene el industrial, pero no otros sectores productivos, puede hacer que la recuperación de un empleo en la automoción tire de otros 2,5 puestos de trabajo en el entorno auxiliar; o que en el ámbito de la industria forestal se llegue hasta a un 7x1.

El anteproyecto recoge la intención de la Junta de elaborar un plan director que aborde aspectos como la innovación industrial, la internacionalización de la actividad, la formación del capital humano y la financiación relacionándolos con los diferentes sectores propios de la comunidad y ligado a las grandes líneas del Acuerdo Marco de Competitividad Industrial. Por otra parte, el texto legal reserva un apartado para lo que se considera 'proyectos de región', a los que otorga carácter prioritario, con agilización de trámites incluidos, siempre que tengan interés general, o se desarrollen en una zona especialmente deprimida.

Otro aspecto que contempla la ley es la creación de un Registro industrial de instalaciones y agentes del sector, hasta ahora inexistente que permitirá conocer y, por tanto, controlar las actuaciones que se produzcan. Desde la dirección general que depende de la Consejería de Economía y Empleo se admite que en la actualidad «existe cierto descontrol, por ejemplo, en las instalaciones y cambios de calderas industriales, que en ocasiones se llevan a cabo sin informar de lo que se ha hecho y por personal que no está dado de alta para tales funciones».

Este registro permite a la autoridad regional en materia de industria 'armarse' de mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de unas responsabilidades y obligaciones que sí tiene a posteriori, explicaron desde Industria en una charla en la que además del director general estuvo presente Iván Riñones, coordinador de Servicios del departamento.

El texto legal otorga a los inspectores de industria rango de agentes de la autoridad. Además, regula las figuras del proyectista y el director de obra, sobre las que existe un vacío a nivel nacional, requiriendo de ellos la firma de una declaración responsable y la contratación de un seguro obligatorio, lo que eleva el sistema de garantías para el cliente, en un ámbito no exento de picaresca. El capítulo final es un régimen detallado de sanciones dirigidas a combatir el intrusismo y reforzar el deber de comunicación.

Consumidos dos años y medio desde el inicio del borrador y superado el trámite de exposición en el gobierno abierto –donde el texto ha recibido las sugerencias de los colectivos y profesionales a los que afecta, así como del resto de consejerías a las que incumbe–, el anteproyecto se encuentra ahora en manos del Consejo Consultivo y, previsiblemente, llegará a las Cortes este mes de febrero.

Referente y dinamizador

El proyecto ha sido bien acogido por parte de los colectivos a los que pretende amparar y regular. «Los instaladores de maquinaria industrial y profesionales del sector valoran la seguridad que aportará, que repercutirá en un menor intrusismo laboral», explica Martín Tobalina. Organizaciones empresariales como Cecale han expresado más reticencias, sobre todo en el articulado relativo a la Responsabilidad Social Empresarial.

Mientras la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica estima que esta debe tratarse «como una variable que sirve para ganar competitividad» y, por tanto, resulta obligado que el texto recoja una serie de recomendaciones («la Junta incentivará la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad social empresarial por las empresas y establecimientos industriales radicados en la comunidad»); la patronal regional reclama que la RSE sea tenida en cuenta como algo potestativo de las empresas.

«Castilla y León aboga por que la industria sea un referente en actuaciones respetuosas con la sociedad y el medio ambiente –continúa– y hace bandera de su imagen de territorio razonable, donde se da al diálogo social la importancia que tiene como dinamizador de la competitividad».