Economía - Sostenibilidad

Aunque la Comisión Europea no ha tomado aún una decisión definitiva, lo cierto es que existe un apoyo general para la elaboración de una Directiva específica sobre fracturación hidráulica en Europa, una normativa que garantizaría la igualdad de condiciones en todos los países miembros y proporcionaría mayor claridad legislativa, y que previsiblemente regularía una serie de aspectos tales como la evacuación y quema de gases de efecto invernadero, las alteraciones sísmicas, la contaminación de las aguas subterráneas, la gestión del abastecimiento y las reservas de agua, los efectos en la calidad del aire y las emisiones sonoras, entre otras cuestiones.

Sin embargo, al cierre de esta edición, todas las fuentes consultadas han coincidido en señalar que no hay una fecha concreta para su aparición. Parece que todo podría quedar en una mera declaración política y que, aunque finalmente se elaborara dicha propuesta, el Parlamento Europeo no tendría tiempo de analizarla antes de que terminara la actual legislatura, por lo que, en el mejor de los casos, no entraría en vigor hasta 2015.

Lo que sí podría tomar forma es una iniciativa incluida por la Comisión Europea en su Programa de Trabajo para 2014 y que, dentro del apartado sobre Clima, Energía y Medio Ambiente, recoge la creación de un Marco para una extracción segura de hidrocarburos no convencionales, cuyo objetivo sería "garantizar que las oportunidades para diversificar el suministro de energía y mejorar la competitividad, en particular mediante la producción de hidrocarburos no convencionales, puedan aprovecharse de manera segura y efectiva en los Estados miembros que decidan hacerlo".

El marco aspiraría a la claridad y previsión para los agentes del mercado y los ciudadanos en particular por lo que respecta a los proyectos de exploración, la plena consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de los riesgos para el clima y el medio ambiente, incluso para la salud, en línea con las expectativas del público.

Sobre la Evaluación del Impacto Ambiental

Lo que sí es una realidad es la directiva europea sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, aprobada en 2011, obliga a los Estados miembros a realizar estudios sobre los efectos que determinados proyectos, ya sean públicos o privados, puedan tener sobre el medio ambiente, aplicándose desde entonces a cerca de 200 proyectos.

Sin embargo, las nuevas prioridades europeas relacionadas con los usos del suelo, la utilización de los recursos y el respeto de la biodiversidad, sobre todo en lo concerniente a la fracturación hidráulica, han hecho ver la necesidad de modificarla y, el pasado 9 de octubre, el Parlamento Europeo proponía que los planes de exploración y extracción por fracturación hidráulica de hidrocarburos no convencionales inferiores a 500.000 metros cúbicos diarios, como el gas de esquisto, sean sometidos a un estudio de impacto medioambiental obligatorio, ya que hasta ahora sólo se cubrían las extracciones a partir de esta cantidad, lo que dejaba fuera a la gran mayoría.

El Parlamento Europeo también ha propuesto medidas para garantizar que los ciudadanos sean informados y consultados sobre este tipo de proyectos antes de su puesta en marcha y para prevenir los conflictos de intereses entre los promotores de los proyectos y las personas que lleven a cabo los estudios de impacto medioambiental.

Estados Unidos, líder

A pesar de que la fracturación hidráulica es una técnica utilizada desde hace más de 60 años en millones de pozos de exploración y producción de hidrocarburos en todo el mundo, los posibles riesgos que su uso pueda tener para la salud humana y el medio ambiente han provocado un intenso debate social en distintos países de Europa, con distintos resultados.

Por ejemplo, en Francia y Bulgaria, el fracking ha sido prohibido, mientras que Reino Unido o Polonia se han mostrado interesados en esta técnica. En Holanda y Alemania están analizando la cuestión. Y países como Dinamarca, Lituania, Rumanía y España cuentan con varios permisos de exploración.

Todo lo contrario que en Estados Unidos, una economía altamente dependiente de los hidrocarburos importados, donde la situación energética ha dado un giro de 180 grados gracias al extraordinario crecimiento de la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fracturación hidráulica, y que podría llevarles a alcanzar la independencia energética en 2030.

Entre 2007 y 2012, la producción de shale gas aumentó desde los 1,3 trillones de pies cúbicos al año (Tcf/año) hasta los 8.5 Tcf/año y, actualmente, representa el 35% de la producción total de gas natural en este país, con una previsión, para 2020, de un 50% de producción.

España: regulación y prohibición

España es un país poco explorado pero, según los expertos, cuenta con un gran potencial para generar recursos energéticos propios en el terreno del gas no convencional.

Según el informe 'Evaluación preliminar de los recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales y no convencionales en España', presentado en marzo pasado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), los recursos prospectivos potenciales de gas (convencional y no convencional) en España ascienden a 2.500 miles de millones de metros cúbicos de gas (BCM). Esta cantidad equivale a 70 años de consumo en España, tomando como base los estándares de hoy en día. Con la cotización actual del gas, su valor en el mercado alcanzaría los 700.000 millones de euros.

En España existen unos 70 permisos concedidos para la fase de exploración de hidrocarburos no convencionales -principalmente en Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias y País Vasco-, en el que las empresas invertirán alrededor de 2.000 millones de euros, y que permitirá conocer los recursos existentes de cada una de las zonas donde se realicen los sondeos.

A nivel normativo, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno, el pasado 10 de octubre, al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. Entre otras cuestiones, la norma obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se use la técnica de fracturación hidráulica.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba la necesidad de esta ley con el triple objetivo de "reforzar la protección ambiental, simplificar y agilizar los procedimientos (a cuatro meses), y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional". Un proyecto de ley que, según el titular de la cartera de Agricultura, "incrementa la seguridad jurídica de los promotores, ya que garantiza que estos puedan conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación del correspondiente plan, programa o proyecto".

Pero no es esta la única normativa donde se aprueba la viabilidad de este tipo de proyectos, ya que la Ley 17/2013 de 29 de octubre para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, incluye dos disposiciones finales sobre fracking.

La primera, que modifica la Ley 34/1998 del sector de Hidrocarburos, permite la aplicación de "métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica, la estimulación de pozo, así como técnicas de recuperación secundaria y aquellos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto".

La segunda incluye explícitamente todos "los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica".

Sin embargo, y a pesar de lo incipiente de estos proyectos y de las normativas aprobadas recientemente, algunas Comunidades Autónomas como Cataluña, Cantabria, Navarra o La Rioja, se han mostrado reacias a poner en práctica la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional y han prohibido su uso.