Economía - Sostenibilidad

«Estamos viendo como crece el porcentaje de población con dificultades para mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno», reconoce el Gobierno de España en su última actualización de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que recoge datos del año 2021, donde se evidencia que en Castilla y León se ha incrementado en casi un cincuenta por ciento el porcentaje de familias que no pueden tener sus viviendas a una temperatura óptima, pasando del 5,3 por ciento en 2019 al 8,7 por ciento.

Una realidad detrás de la que se esconde, siempre según el Gobierno central, el elevado coste de la energía. No obstante, hay que recordar que los datos hacen referencia al año 2021, cuando todavía no había terminado de explotar la actual crisis de precios de la luz o el gas, ni contempla los efectos de la guerra de Ucrania sobre estos costos para las familias. «Es posible que los ecos de Filomena y el frío que nos dejó durante casi dos semanas calara en el subconsciente de muchos ciudadanos, pero es muy probable también que el indicador esté apuntando a una tendencia creciente en muchas familias a restringir la calefacción por miedo a la factura», explica al respecto José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.

Y es que, las dificultades para mantener los hogares a una temperatura confortable para soportar las inclemencias del invierno se están cronificando entre aquellos hogares que ya arrastran problemas de exclusión social.De hecho, tres de cada cuatro familias vulnerables atendidas por Cruz Roja reconocen que no pueden mantener la temperatura adecuada en su vivienda, especialmente en invierno. «A esto se le suma que las viviendas donde residen los colectivos vulnerables suelen tener calificación energética E, F, G, lo que eleva el gasto energético», explican desde Cruz Roja Salamanca, que alertan de «la necesidad de formación y capacitación de las familias, ya que son muchas las que no comprenden el funcionamiento del sector energético en España, desconocen medidas como el bono social y no entienden las facturas».

Otros indicadores

El informe del Gobierno de España también pone la vista en el número de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de la mediana. En concreto, unas 150.000 viviendas de Castilla y León dedican una parte «desproporcionada» de sus fondos para hacer frente a la factura de la luz, lo que evidencia cómo el precio de la energía está constriñendo la economía del quince por ciento de las familias autonómicas. Cuantía que mermó ligeramente en 2021 respecto al año anterior, cuando la cifra superaba el 16 por ciento de las familias.

Tanto que el Ejecutivo central se apunta como propio y, dentro del propio documento, achaca esta reducción a «la eficacia de las medidas del escudo social y las medidas fiscales puestas en marcha durante buena parte del año 2020 y que se han visto si cabe más reforzadas durante 2021, sin las cuales con toda probabilidad estos indicadores hubieran arrojado valores sustancialmente distintos a los finalmente observados». También se redujeron el porcentaje de hogares que tienen que limitar sus necesidades energéticas por debajo de lo que sería deseable para mantener un nivel mínimo de confort, que se queda fijado en el 5,6 por ciento, unos 60.000 en toda Castilla y León, y los que presentan retrasos a la hora de abonar sus facturas de la luz, que afectan a un porcentaje similar, un 5,9% y otros 60.000.