Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

NN.TT - Comunicación

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 28 de Septiembre de 2015

Las denuncias relacionadas con la protección de datos caen un 35% en dos años.

La cifra de burgaleses preocupados por la gestión de sus datos personales se ha reducido en los últimos dos años o, al menos, eso es lo que se desprende de la última memoria de la Agencia Española de Protección de Datos, presentada este verano: el numero de gestiones iniciadas en la provincia a raíz de una denuncia cayó un 35,5% entre 2012 y 2014 al pasar de un total de 79 reclamaciones a las 51 del año pasado.

El dato es significativo porque desde que se empezaron a aportar datos por provincias en 2007, la cifra no había dejado de incrementarse; un hecho inherente a una sociedad en la que cada vez es más difícil no dejar rastro, porque continuamente demanda información personal que es accesible a terceros.

Y, si no lo cree, párese a pensar. Si tiene teléfono, firmó un contrato y accedió a que una empresa conociera cuál es su domicilio y su número de cuenta bancaria; si compra en internet a través de ese teléfono, no solo aporta esos datos básicos almacenados en un fichero, sino que, además, deja rastro de sus gustos e inquietudes en páginas web que luego pueden aprovecharse de esa información para hacerle llegar publicidad. A estas alturas todo el mundo es consciente de que la exposición pública se multiplica si se tiene perfil en cualquier red social, pero si es de los que no tienen, tampoco debería confiarse: solo con que el número de su carné de identidad haya aparecido una sola vez en un boletín oficial, es posible obtener nombre, apellidos e incluso dirección. Basta con introducirlo en un buscador y dedicar un poco de tiempo. Mediante ese insondable que es internet es posible trazar una trayectoria vital y profesional de cualquier persona, por muy cuidadosa que se crea. Y eso con unos conocimientos de informática básicos, los profesionales pueden ir mucho más allá.

De ahí que, al mismo tiempo que se multiplica el volumen de los intercambios de datos, el Estado haya tratado de proveer al ciudadano de herramientas para proteger su privacidad, pero no siempre se conocen. Una fundamental fue la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada en 1999; y la Agencia Española de Protección de Datos, herramienta anterior a la ley -nació en 1993- a la que los españoles recurren cada vez con más frecuencia. En todo 2014 presentaron 8.004 denuncias ante este organismo, que tiene potestad para apercibir o sancionar en casos de incumplimiento de la legislación y que, con independencia de esta cuestión, hace ímprobos esfuerzos por informar y orientar al ciudadano, casi siempre perdido en esta materia.

En Burgos se presentaron 51, lo cual supone un 0,63% sobre el total, y se resolvieron dos procedimientos sancionadores, según la última memoria oficial.

ARCO y olvido.

Todo ciudadano tiene derecho a saber por qué y cómo son tratados datos relativos a su persona y a decidir acerca de qué uso se hace de ellos. Y de ahí que la Agencia haya repetido hasta la saciedad que todo ciudadano puede ejercer los denominados derechos ARCO: derecho de acceso (cualquier ciudadano puede conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento), derecho de rectificación (permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento), derecho de cancelación (permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos) y, por último, el derecho de oposición (derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo). A estos se añade el derecho a la información de recogida de datos y el derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos.

Así, son muchos los supuestos que se le plantean a la Agencia al cabo de un año: desde si es lícito que la comunidad de vecinos disponga de datos personales hasta cómo conseguir que una determinada compañía deje de remitir publicidad o qué se puede hacer para saber quién está haciendo uso de ficheros en los que aparece información de carácter privado y qué hacer para evitarlo. Sin embargo, la crisis ha provocado que el organismo tenga que intervenir con frecuencia creciente ante situaciones de índole económica: introducción en listas de morosos o en informes relativos a solvencia, cuestiones en las que la Agencia considera que si se hace mal uso de la información, el perjudicado puede resultar agraviado.

Sin embargo, una de las cuestiones que mayor trascendencia y repercusión ha tenido es el denominado derecho al olvido, que se refiere a los buscadores de internet: se refiere a la posibilidad real que tiene el ciudadano de impedir que la red sea una fuente inagotable de información personal y, sobre todo, de la recogida en los boletines oficiales. La Agencia explica que «cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información)», el afectado tiene derecho a que ese contenido no aparezca solo con teclear nombre y apellidos en un buscador.