Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

NN.TT - Comunicación

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 22 de Diciembre de 2014

Telefónica tendrá que abrir la mano con la fibra salvo en cinco de las grandes capitales.

Cambio de reglas sobrevenido en el mercado de banda ancha nacional. Es lo que prepara la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para, en teoría, lograr que al consumidor se le ofrezcan mejores servicios y a menor precio. Para ello, su planteamiento pasa por que el operador dominante, Telefónica, reduzca peso frente a sus competidores. Y para ello pretende obligarla a abrir su red de fibra óptica a los terceros que lo soliciten, aunque cobrando una tarifa a cambio.

El problema, a juicio de la multinacional que preside César Alierta, es que dicho importe difícilmente compensará sus inversiones multimillonarias en las redes que ahora ha de compartir con otras operadoras. Y es que hablamos de un precio mayorista que se regulará conforme a los criterios que utiliza la Comisión Europea para valorar, en términos comparativos, los costes y la rentabilidad económica. Es lo que se conoce en Bruselas como servicio VULA, conforme a sus siglas en inglés.

La CNMC, no obstante, sí cree que se trata de una compensación "proporcional" y, pese a que la nueva normativa no estará lista hasta el verano de 2015 –ahora se encuentra en pleno período de consultas y alegaciones tanto con el sector como con el Ministerio y las asociaciones de usuarios-, parece tener claros sus planes. De hecho, ya ha descartado que esa apertura de la red de banda ancha de Telefónica sea total. Nueve ciudades quedarán fuera de esa futura obligación, entre ellas cinco de las seis capitales de provincia con mayor población: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

Entre las cinco se aproximan a los siete millones de habitantes y, si añadimos las otras cuatro localidades mencionadas por la Comisión –Alcalá de Henares, Badalona, Coslada y Móstoles- tendríamos alrededor del 16% de la población que vive en España. En las nueve ciudades Telefónica únicamente mantendría sus obligaciones actuales, básicamente abrir su red de cobre -la que permite prestar los servicios de ADSL- tanto en los conductos de la obra civil como en el último tramo que transcurre por los edificios. Y es que el regulador del mercado considera que ya existe un nivel de competencia suficiente en ellas, en la medida que "hay un mínimo de tres despliegues simultáneos de redes de nueva generación –dos, al menos, de fibra óptica y otra de cable-".

Para el resto del país, sin embargo, considera que Telefónica si debiera abrir la mano, es decir, "prestar un nuevo servicio mayorista de acceso virtual al bucle de fibra óptica" conforme a las reglas del sistema VULA citado antes. Y, además, en el mercado de acceso indirecto al segmento residencial (las viviendas) se distingue en dos zonas a la hora de fijar nuevas obligaciones. Así, en la que se considera "competitiva", que representa el 56% de su red de cobre y donde tiene una cuota inferior al 40%, estima que Telefónica no debería tener límites extra mientras que para el resto sí había de desarrollar una oferta mayorista de fibra óptica sin límite de velocidad (30 megas).

Crece la competencia en la crisis

Han pasado media docena de años desde la última regulación del negocio de la banda ancha (2009-2014), que precisamente coinciden con la reciente crisis económica y financiera en España, y el número de conexiones ha crecido casi un 40%, al pasar de nueve millones a 12,5 millones. En ese tiempo la cuota de mercado de Telefónica ha bajado del 57% que tenía a finales de 2008 hasta el 46% actual, mientras que el peso de sus principales competidores ha aumentado en correspondencia de forma considerable: el binomio Vodafone-Ono (una vez cerrada su fusión) tiene el 21,3%, Orange, el 14%, y Jazztel –pendiente del visto bueno a la OPA de la operadora francesa sobre ella- está en el 11,9%.

Desde Telefónica esgrimen esos datos para justificar su "sorpresa" respecto a la propuesta de la CNMC, que ésta convertirá en norma en un plazo máximo de ocho meses. Más aún, fuentes de la compañía se muestran "preocupadas" porque "en el contexto de un mercado donde los operadores han anunciado importantes despliegues de redes de nueva generación", da la impresión de que el regulador va "en sentido contrario" y "no parece que apunte a promover un escenario inversor", lo que puede alterar los planes de desarrollo futuro en el sector.