NN.TT - Comunicación

En total, el documento contiene 50 medidas elaboradas por 50 expertos que han trabajado en el informe durante más dos años para evitar malas praxis en el entorno de plataformas cada vez más integradas en la sociedad como Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Tuenti, Spotify. Además, incluye las conclusiones elaboradas en la subcomisión de redes sociales del Senado, si bien estas últimas se centran en la protección de los menores.

Así, entre otras medidas, solicita apoyar y ofrecer medidas cautelares rápidas bajo supervisión judicial en aquellos casos en que sea conveniente retirar o bloquear contenidos ilícitos, estudiar la tipificación penal de la suplantación de identidad cuando concurran ciertas circunstancias; regular el uso de troyanos y de la figura del agente encubierto para investigar delitos graves; o la creación de un Centro Nacional de Seguridad en Internet.

Y es que, el objetivo es tan ambicioso como necesario: adoptar el entorno digital a la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen, con el objetivo de evitar el acoso en las redes sociales.

La cuestión no es baladí. Hay en torno a 1.150.000 millones de usuarios en el mundo de Internet, de los que corresponden a España 18 millones. Solo en Twitter, la cifra de usuarios es de 400 millones de visitantes únicos al mes que se traducen en mil millones de Tuits cada dos días, en un sitio disponible en 35 idiomas.

Lo cierto es que, según el VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain, publicado en enero de 2015, en nuestro país, un 82 por ciento de los internautas mayores de edad (entre 18 y 55 años) utilizan las redes sociales, lo que representa más de 14 millones usuarios. En cuanto a los adolescentes (entre 14-17 años), el uso de las redes sociales se eleva al 97 por ciento.

Un crecimiento masivo de su uso que lleva aparejado el crecimiento de nuevos delitos -o ya conocidos pero adaptados al nuevo entorno digital- como llamados delitos de odio -especialmente, la propaganda y proselitismo del terrorismo yihadista-; o el ciberacoso (como ciberbulling o acoso escolar entre iguales; y grooming, acoso de adulto sobre menor).

De hecho, en cuanto a los riesgos en el uso de las redes sociales por los menores de edad, un reciente estudio de la Universidad Miguel Hernández, dice que el 50 por ciento de los jóvenes sufren alguna vez alguna de las formas de ciberacoso: coacciones, amenazas, insultos, publicación de fotografías o vídeos sin consentimiento, emisión de rumores, etc. Y matiza que el 5,9 por ciento de los ciberacosos son de carácter sexual y cerca del 18 por ciento de los menores han sido víctimas de control por parte de parejas o exparejas.

Educar desde la escuela

Para empezar, las propuestas de los expertos apuntan a la necesidad de educar en la escuela -adoptando medidas divulgativas y preventivas- en el uso apropiado de las redes sociales, basado en valores como la responsabilidad de los propios actos; lecciones en Primaria sobre los usos y riesgos de la Red; acciones formativas en centros escolares para prevenir prácticas como el sexting o cualquier forma de acoso (bullying, grooming, entre otros) a través de las TIC; así como formación de profesores y maestros.

Para ello, apuesta por la elaboración coordinada de contenidos de formación y sensibilización por las autoridades educativas competentes, que permitan ?capacitar a los menores? en competencias digitales ?con un contenido que no se limite a seguridad digital, sino orientada a ciudadanía digital?.

Una mayor protección penal

Hace alusión el estudio a las medidas regulatorias que deben adoptarse. A este respecto, pide la incorporación en el Código Penal de una definición de pornografía infantil, al tiempo que considera necesario que se tipifique como delito del acceso online a archivos con pornografía infantil y el visionado en streaming. Además, en el informe se pide al Gobierno que se regule el uso de troyanos -para acceder a ordenadores de personas sospechosas- y de la figura del agente encubierto como herramientas tuteladas judicialmente, siempre con con autorización judicial previa y sólo para la investigación de delitos graves y especialmente complejos.

También debe tipificarse penalmente la suplantación de la identidad en el entorno digital, sin perjuicio de la responsabilidad por otros delitos conexos.

Sería conveniente, asimismo, que los jueces puedan adoptar medidas cautelares para ordenar la retirada o bloqueo del acceso a contenidos ilícitos, penales o civiles y defender el derecho al olvido, particularmente si los datos se hubieran dado cuando los titulares eran menores.

Mecanismos de verificación de edad

Otras de las propuestas pasan por crear un sistema de etiquetado inteligente de contenidos digitales; clasificaciones por edades en las aplicaciones (apps) como ya se hace con los videojuegos; mecanismos de verificación de edad para restringir el acceso de menores a sitios web que ofrezcan contenidos para adultos; control de la publicidad y acceso desde redes sociales a las plataformas de juego online; o protocolos de seguridad en redes wifi públicas, para que no se pueda violar la intimidad de los ciudadanos que se conecten.

A su vez, el informe subraya la necesidad de implantar sistemas de control parental así como mecanismos eficaces que permitan a los padres solicitar el borrado de contenidos o imágenes que afecten a sus hijos menores de edad, sin perjuicio de su conservación si afectan a derechos o responsabilidades de otras personas.

Abogan, por último, por la creación de premiso o sellos de responsabilidad social específicos, por la contribución de empresas a la protección de los menores en Internet y por implantar sistemas para la identificación segura en webs que requieran el uso de datos bancarios o tarjetas de crédito y, en todo caso, del DNI-e 3.0.

Mayor cooperación entre administraciones y empresas

Asimismo, los expertos piden una mayor colaboración entre administraciones y el sector público y privado. De este modo, debería existir, en su opinión, una mayor coordinación entre los distintos organismos afectados de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como una mayor autoorganización de las empresas y organizaciones privadas a través del fomento de un sistema de ?autorregulación, autocontrol sectorial y arbitraje de las empresas que operen en España, con independencia de su sede?.

También es necesario, dicen, fomentar la coordinación de entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a los menores mediante la coordinación en una plataforma e impulsar un Foro de Colaboración Público-Privado sobre menores e internet con participación de administraciones, empresas, ongs y universidades. Por último, apelan a una mayor participación ciudadana impulsando y simplificando sistemas de denuncia por los usuarios de contenidos y situaciones de riesgo, con respeto de los derechos fundamentales.

Del mismo modo, otro de los puntos donde ponen el foco los expertos es en la necesidad de fomentar la cooperación internacional para preservar la seguridad de los usuarios y para mejorar la persecución y lucha contra el delito. A este respecto, el estudio habla tanto a ?nivel de decisión política como en el nivel operacional?.

Además, apuesta por llebar a ?soluciones normativas transnacionales puesto que las redes sociales suelen ser transnacionales? y por ?armonizar los marcos estadísticos nacionales, para medir de forma consistente el acceso, uso y riesgos de Internet en los menores?.

Refuerzo policial

Todo este trabajo iría acompañado de un refuerzo de los recursos policiales destinados a combatir los delitos en Internet como la pornografía infantil, intensificando la colaboración de las empresas en la detección, información rápida a las fuerzas policiales y retirada de la pornografía.

Al mismo tiempo, dice el estudio que se deben implantar canales de comunicación de máxima prioridad entre las empresas gestoras de redes sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y garantizar que la información que retienen las empresas solo se entrega a terceros mediante orden judicial expresa y previa.

También es imprescindible que se establezcan mecanismos que aseguren que determinados datos no se destruyen mientras se recaba una autorización judicial, así como permitir la cesión de datos de tráfico (no de contenidos de comunicaciones) por operadores a agentes facultados judicialmente en la investigación de delitos.

En la misma línea aboga por una ?formación específica para jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal socio-sanitario? y por la implantación de sistemas de relación de instancias nacionales judiciales y policiales y compañías extranjeras que eviten comisiones rogatorias.