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Un país que aún hoy refleja esa situación de dominancia patente de un operador es México, donde desde la posición aventajada del antiguo monopolio de la telefonía fija y su filial móvil, América Móvil (propiedad de Carlos Slim), con la anuencia de sucesivos gobiernos aztecas en las últimas cuatro décadas, ha disfrutado de una posición privilegiada, con notables réditos económicos.

La Red Compartida de México (RC), que es fruto de una asociación público-privada y una concesión administrativa por 20 años, requirió una reforma constitucional, concretamente del artículo 6º de la ley fundamental mexicana, para "garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones… banda ancha e Internet", asegurando una "cobertura universal" a través de la "competencia efectiva" entre las empresas prestadoras de los servicios. Para ello, RC, cuyo titular es el consorcio Altán Redes, promovido por un grupo de ejecutivos españoles con Eugenio Galdón al frente, se convirtió, a cambio del pago del oportuno canon, en el arrendatario exclusivo de la frecuencia de 700 MHz, liberada como en otros países por la televisión digital terrestre y dispone de capacidad en la red troncal de fibra óptica de la CFE (equivalente a Red Eléctrica de España), asumiendo ciertas obligaciones de cobertura y calidad de servicio en determinados plazos y a lo largo de la vida de la concesión. Es preciso destacar que en México el espectro en otras frecuencias (800 MHz, 2,5 GHz) tiene un coste muy dispar para los operadores, beneficiando muy sustancialmente al incumbente en varias regiones, lo que ha motivado la devolución parcial del mismo por los otros competidores (AT&T, Telefónica), que además han celebrado acuerdos de roaming para ahorrar en costes de red.

Conceptualmente, RC es un modelo óptimo de empleo de recursos públicos y privados. En el plano público, porque propicia un acceso en plano de igualdad a un bien público (el espectro radioeléctrico), cuyo precio estásociado al rendimiento real por el uso del mismo sin restricciones, a la vez que por el mismo no se trata de incidir en la dinámica propia de concurrencia entre los usuarios (operadores de telefonía móvil), sin tratar de corregir distorsiones de partida existentes, entre otras razones, por el control efectivo por uno de los usuarios (Telcel a través de Telmex) de los términos de interconexión del conjunto de operadores. Es oportuno sin embargo recordar que la reforma del sector de las telecomunicaciones en México llevó la contribución a nivel de beneficio operativo (OIBDA) de Telcel del 55 por ciento del total del grupo América Móvil en 2009 al 33 por ciento en 2019, explicado en parte por la progresión de América Móvil en otros países. En el plano privado, porque permite adecuar la inversión a la demanda de cobertura y capacidad de los operadores, sin solapamientos de emplazamientos ni redundancias en los elementos activos de red, aprovechando por otro lado infraestructuras ya disponibles y aún no amortizadas. RC es un caso real y avanzado de la separación entre red y servicios que el sector de las telecomunicaciones viene ensayando en diferentes geografías, como atestiguan la aparición hace algo más de treinta años de los arrendadores de torres (SBA, fundada en 1989 sirvió de modelo para muchas otras empresas, entre otras, en Europa, Cellnex) y la más reciente división funcional de infraestructura y servicios de telecomunicaciones por imperativos de apertura local a la competencia (como en el caso en el Reino Unido de Openreach, escindida del Grupo BT en 2006 a instancias del regulador "Ofcom").

Aparentemente a la agenda liberalizadora en México del Gobierno Peña Prieto le ha sucedido una visión estatalista y desconfiada de los mercados por parte del presidente López Obrador, que dificulta el avance de una fórmula de extensión de la conectividad que requiere nuevas inversiones, prefiriendo la solución más asequible, pero en última instancia más dañina para los consumidores de facilitar la dominancia del operador líder. Además de despreciar las ventajas del uso del espectro más eficiente, debidamente remunerado, y de apoyar el empleo de la fibra óptica pública, la práctica del actual Gobierno mexicano probablemente tendrá un efecto disuasorio ante la inevitable apelación a los capitales extranjeros, imprescindible para financiar los proyectos que permitan a la maltrecha economía del país a elevar las rentas de sus hogares. RC presumiblemente convivirá con Gobiernos con muy diferentes políticas y precisamente la consistencia de su implementación, -que permitió dar cobertura en la tecnología 4.5G a más de la mitad de la población del país en Enero pasado (10,5 millones de personas en poblaciones con menos de 10 mil habitantes), -contribuyendo a cerrar la "brecha digital" a través del despliegue de la Cobertura Social en Estados más desfavorecidos como Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca- y espera superar el 70 por ciento a comienzos de 2022- es un argumento sólido para abogar a favor de la extensión del modelo, especialmente en economías con mercados de telecomunicaciones imperfectos, de modo que la competencia entre operadores móviles no se vea condicionada por el uso de fondos para el desarrollo de la infraestructura.

Esa competencia ha llevado a un fuerte estrechamiento de los márgenes de los servicios, a su vez erosionados por las políticas de subvención de terminales para la captación de clientes, necesarios para que los usuarios finales disfruten de la experiencia asociada a la mejor tecnología disponible. De hecho, el éxito de RC está directamente vinculado a la oferta de terminales con la banda de 700 MHz a precios asequibles, todavía limitada por su aún escasa utilización a nivel mundial y por su mayor atractivo para entornos con menor densidad de población, que representan una fracción menor de la base de ingresos de los operadores. Según Statista en 2019 había 75,4 millones de smartphones en México y se espera que su número aumente hasta 92 millones en 2024 (apenas 71 por ciento de la población del país). La subvención de los terminales y las ventajas concedidas a ciertas aplicaciones por la vía de no consumir saldo de datos de los usuarios (como redes sociales o servicios de mensajería) en la disputa por una mayor cuota de mercado han erosionado a nivel global los ingresos de conectividad, que permiten amortizar las inversiones técnicas (espectro, red, sistemas y operación), de modo que la adquisición en función de la demanda tiene un impacto financiero relevante, liberando recursos para desarrollo comercial y enriquecimiento de la oferta de servicios.

Trasladado al entorno institucional, público y privado, surgen nuevas oportunidades de desplegar redes comunes con distintos parámetros de rendimiento y seguridad en función de necesidades concretas de conectividad asociadas a la transferencia de datos en forma de registros, contenidos o imágenes (realidad aumentada) para su procesamiento local y su almacenamiento y tratamiento en remoto, combinando próximamente la velocidad de 5G y la sofisticación de los algoritmos de propósito específico (inteligencia artificial) de las aplicaciones de las distintas "nubes" en Internet. Es lo que ha venido a denominarse el "loncheamiento" de la red ("slicing" en inglés), consecuencia de lógica de la superposición lógica de diferentes redes virtuales en una misma red física. Los nuevos parámetros de eficiencia en el despliegue, mantenimiento y operación de las redes móviles representan la superación del concepto de monopolio natural en función del empleo óptimo de capital para satisfacer necesidades de múltiples demandantes de servicios. Empresas de distintos tamaños y ramas de actividad junto a las administraciones públicas, van perfilando requerimientos particulares de conectividad que se apoyan en redes públicas y privadas para procesar informaciones específicas, bajo la autorización de sus titulares, para la realización de transacciones comerciales, tributarias, gubernativas, etc. con la ventaja añadida de poder obtener las autorizaciones pertinentes de quien corresponda sin limitar su libertad de movimiento.

Las redes únicas y compartidas facilitan la cooperación entre rivales

En resumen, las redes únicas y compartidas, públicas o privadas, facilitan la extensión del acceso de los individuos, las sinergias técnicas y financieras entre operadores y la gestión equitativa del espectro como bien público, poniendo en plano de igualdad competitiva a todos los oferentes de conectividad, con independencia de su capacidad inversora. Suponen el máximo nivel actual de cooperación entre competidores en la telefonía móvil, excluyendo el plano de las relaciones con los clientes, que tienen en esta industria la mayor facilidad de cambio de suministrador gracias al mecanismo de la portabilidad numérica. Con el tiempo podrá concluirse si estamos ante un supuesto de acceso regulado en el que ven cumplidas -al menos en parte- sus expectativas de servicio, de rentabilidad y de recaudación, los usuarios, los inversores y los poderes públicos, con el consiguiente beneficio para el conjunto de la economía del país. El equilibrio de intereses, reflejados en el sistema de precios, costes y contraprestaciones asociado a RC, hace posible el objetivo de conectividad según el modelo preferible al de la continuidad de la ventaja de un proveedor dominante que vendría obteniendo rentas exorbitantes de su negocio, impidiendo el alineamiento del triángulo de expectativas.