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La jueza de Menores, Blanca Subiñas, señala que en el caso del maltrato a la familia no «hay diferencia de sexos, la balanza está equilibrada». «Es más, en ocasiones ellas muestran una actitud más recalcitrante que ellos», asegura.

La cifra de casos de chavales que pegan, insultan y amenazan a sus progenitores y hermanos sigue en aumento. En lo que va de año -con datos hasta el mes de noviembre- el juzgado burgalés ha abierto un total de 38 causas, por las 43 del año 2012. En 2007 solo hubo 23. «En este mes llegarán algunos más y se igualarán las cifras y quizás aumenten, porque diciembre, con la Navidad, suele ser una época en que hay muchos roces entre hijos y padres», afirma.

Los casos que llegan al Juzgado de Menores son la punta del iceberg de un problema que cada vez aqueja a más familias. Se trata de las agresiones más graves, aquellas que terminan en juicio y con la aplicación de medidas de castigo para los culpables. Los conflictos leves permanecen intramuros de los domicilios. Y hay muchos padres que, incluso padeciendo ataques continuos, todavía no se atreven a denunciar, «porque supondría reconocer que han fracasado en la educación de sus vástagos-». «Existe una gran bolsa negra de casos que no se denuncian», afirma la magistrada.

Blanca Subiñas, la titular de este tribunal, considera que muchas veces los «padres no tienen responsabilidad en el comportamiento de los hijos». Quienes acuden al juzgado, lo hacen tras años de ser víctimas de tortazos, empujones, etc. La mayoría de los padres «aguanta y aguanta» hasta que ya no pueden más. «Es que se trata de denunciar a un hijo», sostiene la magistrada, quien advierte de que «muchos chavales solo reaccionan ante medidas severas de castigo, conscientes de que son incapaces de no usar la violencia para resolver los conflictos que tienen con sus padres».

Mal ejemplo

Asimismo, en algunos casos reproducen patrones que ven (violencia del varón contra la mujer o contra ellos), son muy hedonistas (consideran que tienen derechos, pero no obligaciones), consumen alcohol o sustancias prohibidas y una minoría tiene problemas mentales o psicopatologías. La víctima del maltrato suele ser la madre.

Antes del juicio, si el equipo técnico del Juzgado -formado por una psicóloga, una educadora una trabajadora social- lo aconseja, a los chavales les aplican medidas cautelares de diverso tipo para proteger a los padres, como la separación del domicilio familiar, el internamiento, la convivencia en un grupo educativo o la libertad vigilada. Tras la vista oral, esas medidas se amplían en el tiempo o se detienen si el Juzgado entiende que es posible de nuevo la convivencia entre padres e hijos.

Una de las medidas (el término pena no se utiliza en la jurisdicción de Menores) es la libertad vigilada con cesión de la tutela a la Junta, que envía al chaval a un centro de protección -en Burgos, la residencia Gregorio Santiago-. Va aparejada con la prohibición de aproximarse a sus padres.

La convivencia en centro educativo (Los Manzanos, en Valladolid) «da buenos resultados». En alguna ocasión el juzgado ha intentado combinar esta medida con la acogida en familia extensa (tíos o abuelos), «pero no funciona, porque se producen fricciones entre los padres con los parientes que se hacen cargo de sus hijos».

La Junta de Castilla y León es la que se encarga de aplicar las diferentes medidas. Si se decreta el alejamiento de los padres, el Servicio de Protección de Menores de la Administración Regional debe enviar al chico o a la chica a un centro en el que viva durante esa temporada. Si decide una medida de convivencia en grupo educativo, del mismo modo, acaba lejos de sus padres, lo mismo que si la medida es de privación de libertad.

Durante el periodo de cumplimiento de estas «penas», el Juzgado puede suspenderlas de manera temporal «para iniciar etapas cortas de convivencia con los padres». Salidas acompañados por un psicólogo, estancias de fin de semana en la casa familiar, etc. Hay pocos casos de padres que no quieran que sus hijos vuelvan a casa. Y la mayoría acaba regresando.