Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Social - Familia - Género

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 16 de Noviembre de 2020

Familia destina casi 42.000 test para reforzar la atención en las residencias de Valladolid.

La Junta de Castilla y León, ante la «preocupante» situación epidemiológica que atraviesa la Comunidad, anunció ayer que ha comenzado a realizar cribados para la detección del Covid-19 en las residencias de mayores, adquiriendo casi 65.000 test serológicos y otros 190.000 test de antígenos, un total de 255.000 pruebas para controlar la transmisión del coronavirus.

Respecto a las pruebas de detección del coronavirus, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, en colaboración con la Consejería de Sanidad, está desarrollando cribados periódicos a usuarios y trabajadores de los centros residenciales de la Comunidad, tanto públicos como privados, para controlar la transmisión de la enfermedad, conscientes de la importancia que resulta de la detección precoz. En este sentido, primero se realizarán los test serológicos rápidos de anticuerpos a residentes y trabajadores de los centros de mayores, para posteriormente proceder con las pruebas de detección de antígenos de SARS-COV-2.

La Gerencia de Servicios Sociales facilitará a los centros residenciales de personas mayores los test necesarios para la realización de los mismos y las personas que hayan tenido una infección confirmada y resuelta por SARS-COV-2 los tres meses anteriores, estarán exentos del cribado.

Los test han repartido entre las residencias de las nueve provincias, adquiriendo Ávila 5.000 test serológicos y 15.000 de antígenos; Burgos 10.000 y 29.000; León 10.000 y 30.000; Palencia 5.500 pruebas serológicas y 15.700 de antígenos; Salamanca 10.000 y 30.000; Segovia 4.000 y 12.000; Soria 3.500 y 10.700; Valladolid 10.600 serológicos y 31.000 de antígenos; y Zamora 6.000 y 18.000.

Además, desde la Gerencia de Servicios Sociales se recordó que los resultados del test deben ser incorporados a la historia clínica de los residentes y, en el caso de los trabajadores, los resultados serán comunicados a éstos. El trabajador deberá comunicar su resultado a su médico de cabecera y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, para su inclusión en la historia clínica.

El comunicado de la Junta insistía en el objetivo de proteger tanto a los mayores como a los trabajadores, por lo que, desde Familia e Igualdad, se continuará garantizando que todo el personal de las residencias de Castilla y León disponga de los equipos de protección necesarios, adecuados para la actividad desempeñada y considerando «el riesgo al que se exponen». En este sentido, el escrito del Gobierno autonómico engloba también a los centros de personas con discapacidad, centros de menores y viviendas tuteladas dependientes de Servicios Sociales.

Asimismo, se informó que, desde la Gerencia, se están adoptando «las medidas necesarias» para garantizar la salud e integridad física de empleados y usuarios de los centros residenciales de Castilla y León, «siempre respetando sus derechos fundamentales», aseguraba el escrito. Por último, el comunicado recordaba que las pautas establecidas para las actuaciones en este tipo de centros se van actualizando en función de la evolución de la pandemia y de la situación epidemiológica de la Comunidad y, en concreto, de cada centro.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

El Ejecutivo autonómico también, a través del comunicado, hizo saber que, desde el inicio de la pandemia, se han destinado un total de cinco millones y medio de euros a la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIS) para los centros residenciales, con el objetivo de «garantizar la salud» de trabajadores y residentes.

Esta partida ha permitido la compra de 3,2 millones de guantes de nitrilo, 7 millones de guantes de vinilo, 1,1 millones de mascarillas, 1,1 millones de mascarillas FFP2 y 224.000 batas.

Finalmente, la Junta, en el comunicado, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar la propagación del virus, también dentro de las propias residencias, con el objetivo de proteger a los mayores que conforman en estos momentos uno de los colectivos «más vulnerables».