Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

RR.HH - Formación

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 23 de Julio de 2020

Cuentas advierte que las universidades carecen de un sistema para evaluar la eficiencia investigadora.

Las cuatro universidades públicas de la Comunidad carecen de un sistema para evaluar internamente la dedicación investigadora de sus profesores. Así lo constató ayer el presidente del Consejo de Cuentas, Mariano Amilivia, durante su comparecencia ante la comisión de Economía y Hacienda para presentar el informe de Fiscalización de la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León.

Se trata de una auditoría correspondiente al Plan anual de 2016, que evalúa el seguimiento de la normativa que rigen las universidades en la gestión de la investigación. Así, a partir de los resultados obtenidos y de los objetivos marcados, el informe refleja las principales «deficiencias, incumplimientos y debilidades» en dicha gestión, en un total de 31 conclusiones.

El estudio evidencia que ninguna de las cuatro universidades de la Comunidad dispone de un sistema para evaluar internamente la dedicación investigadora del profesorado a afectos de analizar su eficiencia, tal y como contempla la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Esta deficiencia viene ligada a que los procedimientos de las universidades para calcular la carga docente del profesorado funcionario antes de comenzar el curso no siguen la filosofía de la modificación efectuada en la LOU, que permite a las universidades graduar la actividad docente el profesorado universitario en función actividad investigadora acreditada mediante sexenio de investigación.

Así, el curso 2015/016 las cuatro universidades exigieron a su profesorado funcionario 159.148 horas de docencia presencial menos que las que podrían exigírsele si se aplicaran las reglas de la LOU, por lo que la reducción es del 21%.

Para los funcionarios con mayor perfil investigador, la carga docente asignada por curso prácticamente coincide con la exigida en la LOU, es decir, 160 horas. En cambio, para los funcionarios con un menor perfil investigador -mixto y docente-, que son a los que la LOU exige 240 y 320 horas, las reducciones aplicadas son del 23% y 29% respectivamente.

Para solucionar esta diferenciación, el Consejo de Cuentas recomienda la implantación de un sistema de evaluación de eficacia y eficiencia que incorpore mecanismos internos de análisis de la acción investigadora.

Esta auditoria también pone en manifiesto una «atomización» de las estructuras organizativas de la investigación en la Universidad, que dificulta su papel de asistencia en el desarrollo de la investigación. Un ejemplo de esto, señala el informe, son los 158 departamentos, 475 grupos y los distintos centros de investigación existentes.

En lo referido a los Recursos Humanos dedicados a la investigación, el estudio revela que la convivencia en las universidades de las diferentes categorías del personal no está suficientemente coordinada, ni se ha reconducido a un único itinerario, lo que produce una «confusa configuración de la carrera administrativa del Personal Docente e Investigador (PDI).

En este mismo sentido, los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuyen a la precariedad del personal. Esto debido a que tienen que encadenar diversos contratos temporales antes de poder acceder a una plaza estable.

El tercer y último apartado de la fiscalización, referido a los resultados de la investigación, descubre que, a pesar de que las cuatro universidades han incrementado el volumen de producción científica, su posición en el ranking de las 48 universidades públicas españolas se mantiene o empeora.

A raíz de las debilidades evidenciadas en el informe, el Consejo de Cuentas plantea diez recomendaciones, tres de ellas dirigidas a la Junta; ocho dirigidas a cada una de las universidades y una a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. La aceptación a estas recomendaciones por parte de los destinatarios ha sido de un 58%.

Así, señala que la primera recomendación, aplicada por la Junta, se planteaba la inclusión como posibles beneficiarios de subvenciones de concurrencia competitiva los institutos universitarios de investigación; y respecto a la Agencia para la Calidad autonómica, esta ha aplicado la recomendación de unificar sus criterios con los de Aneca (la agencia nacional) en la evaluación de las figuras del profesor ayudante y del profesor contratado doctor, atribuyendo una mayor puntuación a la actividad investigadora de los candidatos.

Otras recomendaciones se refieren a la publicación conjunta de las actividades de investigación, gestionadas directamente o por sus fundaciones, para lograr una mayor publicidad y transparencia de la actividad investigadora.

La recomendación sobre la armonización de las condiciones de acceso, permanencia y salariales que debe cumplir el profesorado para poder ser nombrado como emérito se considera aplicada parcialmente por las universidades de Burgos y Salamanca. La recomendación relativa a regular reglamentariamente la forma de acreditación de la actividad profesional del profesor asociado exigida para su contratación o renovación, ha sido corregida por la Universidad de León.

Además, la recomendación para eliminar la figura del becario de investigación en aquellos supuestos en los que legalmente subsiste ha sido aplicada por las universidades de Burgos y León. La Universidad de León aplica parcialmente la recomendación que plantea diferenciar, dentro de los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU y de los convenios, los que tienen por objeto la investigación de otros de prestación de servicios.

En otra recomendación, el Consejo plantea que las universidades cuantifiquen los costes indirectos que deben aplicarse a la actividad investigadora en base a criterios y normas de contabilidad generalmente aceptadas para lo que debería utilizar, una vez implantados definitivamente, los sistemas de contabilidad analítica.

Amilivia significó que se está elaborando en la actualidad el informe de ‘Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas’, que podría ser aprobado en el último trimestre de este año.

Amilivia también presentó ayer el informe de las cuentas de la Universidad de Valladolid, referido al curso 2016/2017.

La fiscalización, con 26 conclusiones, evidencia que el Consejo Social, durante los ejercicios 2016 y 2017, no realizó las funciones mencionadas por la LOU, relativas a la supervisión de las actividades de carácter económico de la de la Universidad y el rendimiento de los servicios universitarios. Tampoco desempeñó la supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto, ni del control del inversiones, gastos e ingresos mediante auditorías, ni las funciones de supervisión del trabajo realizado por el servicio de control interno.

El Consejo Social no estableció normas para la gestión de los servicios administrativos y económicos, funciones encomendadas al gerente, tal y como establecen los estatutos de la Universidad.

En la misma línea, planteó que los medios personales con los que cuentan los sistemas de control interno resultan escasos y, por ende, las actuaciones realizadas por ese servicio siguen resultando insuficiente en relación al volumen de recursos gestionado por la UVa.

Al respecto, Cuentas recomendó la adopción de medidas respecto al servicio de control interno, y comentó que la universidad no hace ninguna referencia a su incardinación, tanto orgánica como funcionalmente, dentro de la estructura del Consejo Social, aunque sí que anuncia otras medidas como la prevista creación de una plaza dentro de la estructura interna del control interno, denominada Jefatura de Sección Auditor interno.