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Los registros de bajas de afiliación acumuladas a último día de mes y como media diaria que publica la Tesorería General de la Seguridad Social apuntan a una estabilización de los ceses en 2005 tras las fuertes subidas acumuladas desde que la reforma laboral entro en vigor. Pero en ningún caso cabe hablar de un ajuste a la baja hacia la situación anterior.

Se confirma así que este nuevo paradigma en la forma en la que las empresas prescinden de sus trabajadores ha venido para quedarse. Especialmente para los que llevan menos tiempo en el puesto.

El ritmo de despidos diarios ha retrocedido un 2,7% respecto a hace un año, hasta los 4.017, pero ha crecido un 82% desde 2019. Sin embargo, el incremento es mucho más intenso entre las bajas por no superar el periodo de prueba. Aunque desde el punto de vista legal no son despidos (no tiene derecho a indemnización y las obligaciones de justificarlo son mucho más laxa), el efecto en términos laborales es el mismo. En lo que va de año marcan una media de 3.329 al día para el total de asalariados, un 2,3% más que hace un año y un 43,8% más que en 2019.

Esta tendencia no solo revela un incremento de los ceses diarios, sino un profundo cambio en su composición. Antes de la reforma laboral, se concentraban en los temporales, pero ahora afectan mayoritariamente a los indefinidos, cuyo peso en el empleo se ha incrementado con el cambio legal, aunque no tan intensamente como para explicar que ahora copen los ceses. Para entender adecuadamente los datos hay que entender cómo se despide en España.

Despido made in Spain

Analizando la serie histórica, surge una pregunta: ¿cómo era posible que antes hubiera más ceses entre los asalariados eventuales cuando apenas suponían un tercio del 'stock' total de afiliados al Régimen General? La explicación es que se firmaban muchos menos nuevos contratos indefinidos (apenas nueve de cada diez), con lo cual las víctimas del periodo de prueba eran menores.

Además, los despidos propiamente dichos se centraban también en trabajadores nuevos, con menor antigüedad acumulada y menos indemnización por despido. Es decir, temporales o indefinidos recién contratados. De hecho, la intención de ahorrar tiempo y economizar en el coste del despido explica que la mayoría fueran disciplinarios (a priori sin indemnización, a no ser que el trabajador reclame).

¿Qué ocurre cuando la contratación fija se dispara? En 2025 se registra un promedio de 3.758 despidos de asalariados de este tipo, un 2,5% menos que hace un año. Pero la cifra es un 141% respecto a hace seis años. Además, el 57% siguen siendo disciplinarios.

Las bajas por no superar el periodo de prueba son menos, con 2402 casos diarios, aunque en este caso el incremento es de un 233,8% más que en 2019, aunque respecto a 2024 retroceden un 0,08%. El intenso repunte de estas extinciones dispara las sospechas de que muchas empresas utilizan el periodo de prueba para cubrir puestos de corta duración con trabajadores indefinidos, una fórmula que además sale más barata que un contrato temporal, ya que se ahorran la correspondiente indemnización de 12 días por año. Aunque el periodo de prueba está tasado a un máximo de 6 meses y el Gobierno quiere limitar que los convenios puedan modificar este umbral.

Todo apunta a que los nuevos despidos de indefinidos también se concentran en los de nueva firma, lo que explica que un auge de los ceses no destruya empleo neto, pero tampoco reduzca el paro con tanta intensidad como debería con un récord de afiliados que supera los 21 millones. En realidad, para conseguir este récord basta que entren más afiliados al sistema de los que salen, no permanezcan en él. Aún a costa de crear empleos "indefinidos de usar y tirar".

Hay que tener en cuenta que esta evolución se da en un momento de 'rebote' del mercado laboral tras la crisis de la COVID 19. De hecho, con El incremento es mucho mayor si lo comparamos con los niveles de arranque de 2021, pero ese periodo sigue marcado por la pandemia y los confinamientos, que frenaron la actividad económica y con ello, tanto la contratación como los ceses, pero también el papel jugado por medidas extraordinarias como las de los ERTEs.

Para acotar el impacto de una reforma estructural como la laboral es más práctico remitirse a 2019, aunque en ese ejercicio el ritmo de creación de empleo aún era menor. Y es que todos lo expertos coinciden en que el aumento de ceses se debe a un 'acelerón' en la creación de empleo con más contratos indefinidos y menos eventuales que en otros ciclos de recuperación. El problema es que las pautas de volatilidad no se han erradicado, sino se han adaptado a la nueva ley.

Los despidos y bajas por no superar el periodo de prueba siguen lejos de ser la primera causa de destrucción de empleo en términos de afiliación. Les superan la finalización de contratos temporales (una media 34.522 bajas diarias en el arranque del año), el pase a la inactividad de los indefinidos fijos discontinuos (14.044) y las dimisiones (10.245). Curiosamente, estas tres causas sí siguen cogiendo velocidad respecto a hace un año con incrementos en los tres casos superiores al 10%.

la combinación de todos estos factores supone que España siga manteniendo una elevada volatilidad del empleo (en cifras absolutas es de la más alta de la serie), pese al repunte de la contratación indefinida, en teoría más estable. Esta contradicción pone el foco sobre los despidos y las bajas por no superar el periodo de prueba.

Una reforma en el limbo

Estas cuestiones no fueron abordadas en la reforma laboral pactada por Yolanda Díaz con patronales y sindicatos. El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez sí había derogado previamente el contrato de emprendedores introducido por la que presentó el PP en 2012 y que contemplaba un periodo de prueba de un año, aunque solo podían usarlo empresas de menos de 50 trabajadores para contratar a jóvenes y mayores de 45 años, pero texto consensuado a finales de 2021 eludió entrar en un escenario que abriera la puerta a derogar una de las claves de la norma anterior: el 'abaratamiento' del despido improcedente que redujo la indemnización de 45 a 33 días por año trabajado.

Aun así, Dìaz y los sindicatos buscaron una fórmula para rodear esta línea roja. UGT y CCOO presentaron sendas reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es el organismo responsable de monitorear el cumplimiento de la Carta Social Europea para poner en cuestión no la cuantía, sino el hecho de imponer un tope máximo a la indemnización por despido. Diversos tribunales españoles han apuntado en esta tesis de que la norma española vulnera la legislación europea.

Con esta estrategia se evitaba plantear una derogación explícita e la reforma de 2012 y se planteaba una reforma mucho más compleja de los despidos para que sus indemnizaciones fueran "reparativas" en función del daño causado al trabajador, una idea defendida por la propia Yolanda Díaz.

Aunque PSOE veía con recelo esta tesis, en su acuerdo coalición para gobernar suscrito en 2023, Sumar les arrancó al PSOE un compromiso de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

En los dos años transcurridos desde entonces no se ha avanzado apenas nada. El CEDS ha dato la razón a los sindicatos en sus relamaciones, e incluso el Consejo de Europa ha reclamado una revisión de la normativa española, pero hablamos de órganos no vinculantes. De hecho, resoluciones similares en los casos de Francia. Italia y Finlandia fueron rebatidas por sus gobiernos y no se tradujeron en cambios legales.

Por otro lado, un fallo del Tribunal Supremo de finales de 2023 parece cerrar la puerta a la interpretación de los jueces españoles para imponer permiten indemnización reparativas superiores a los 33 días, ya que considera que la ley nacional no vulnera los acuerdos y convenios internacionales en materia de despidos. Aunque aún hay otros procesos pendientes de análisis por parte del Alto Tribunal. la resolución es un argumento de peso para las voces del Gobierno que se resisten a plantear esta nueva reforma laboral por lo que dictamina Estrasburgo.

El fallo del Supremo da vía libre a Díaz para cambiar la ley sin necesidad de esta coartada, pero se antoja un camino difícil sin el consenso con el PSOE, sobre todo cuando la vicepresidenta ha entrado en una dinámica de choque permanente con la patronal que lleva a que prácticamente ninguna de las medida laborales aprobadas desde 2022 lleven su rúbrica, como ha ocurrido con la reducción de jornada.

Presentar a la Comisión Europea otro cambio de calado del mercado de trabajo sin consenso con las empresas no parece una buena estrategia en el delicado momento actual, marcado por la incertidumbre económica. Por otro lado, la propia Díaz parece haber cambiado de prioridades, poniendo el foco en el recorte de 40 a 37,5 horas semanales de trabajo o el Estatuto del Becario antes que en la cuestión del 'despido reparativo'. De hecho, ni siquiera ha convocado al grupo de expertos que se comprometió a reclutar para presentar un análisis sobre la cuestión, tal y como en su momento hizo con el SMI.