Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 9 de Abril de 2018

La Audiencia Nacional evalúa investigar una estafa a más de 600 inversores.

La Audiencia Nacional estudia asumir la investigación al fundador del chiringuito financiero Arc Global Trader, Andrés Raúl Cano, por la supuesta estafa de 17 millones de euros a más de 600 clientes de los que habría captado dinero ofreciendo unos intereses "desmesurados".

La decisión se producirá a instancias de la Fiscalía, que el pasado febrero solicitó la inhibición del juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, del que parten las pesquisas, por la "dispersión" del presunto fraude, que habría afectado a unas 615 personas con residencia no sólo en la capital sino también en Sevilla, Las Palmas, Toledo, León, Barcelona e incluso Londres.

El auto atribuye a Cano tanto la propiedad de Arc Global Trader como de la mercantil Arc Insurance Broker, sociedades con domicilio en Pozuelo de Alarcón y Alcorcón (Madrid), Cádiz y Málaga, cuyo objetivo era "captar capitales para su posterior inversión en mercados financieros ofreciendo rentabilidad muy superior a la que daban las entidades bancarias".

Para ello, se serviría de contratos de inversión y de participación, con duración anual y cuyos beneficios habrían de repartirse el 70 % para el cliente y el 30 % restante para la mercantil.

Llegada la fecha de vencimiento, "se convencía al inversor para reinvertir tanto el principal como los intereses obtenidos en la fundación de un banco llamado Arc Bank", que supuestamente "iba a nacer" bajo licencia americana y con el amparo de la Reserva Federal estadounidense (Fed) para operar en Europa.

Además, se les decía que, una vez creada, la entidad tendría dos sedes, una en Luxemburgo bajo la tutela del Banco Central del gran ducado, y otra en suelo español, regulada por el Banco de España.

Ante el atractivo de la oferta, las partes firmaban un contrato de proyecto de socio fundador, lo que suponía el traspaso del capital invertido a otra de las mercantiles vinculadas a Cano.

En mayo de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advertía de siete chiringuitos financieros -entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión-, entre ellos Arc Global Trader.

Circunstancia a pesar de la cual, explica la magistrada en su auto, Cano firmó con el representante de la sociedad Banzenter Finanzas un contrato, por valor de 349.000 euros, para la tramitación de la licencia bancaria necesaria para operar en el mercado financiero.

Al margen del fundador, la investigación apunta a una decena de personas físicas, en su mayoría directivos, que habrían intervenido en la estructura de Arc Global Trader recibiendo comisiones y "beneficios de las cuentas con las que operaba la sociedad".

Según las diligencias, estas cuentas, en alguna de las cuales figuraban como autorizados familiares de los investigados, eran utilizadas para realizar extracciones y transferencias a particulares, "bancos afincados en Reino Unido (...) pagos a sociedades deportivas (...) al Real Madrid (...) y otras empresas".

En concreto, el relato señala a los directores comerciales de Arc, José Luis Cogollo, José Ignacio Calvo y Silvia Villar, al director del grupo Javier Prieto y a la secretaria Lidia Merchán, por ser quienes, junto a Cano, habrían dirigido las operaciones y, "bajo la cobertura de haber invertido, retiraban cantidades cuando no existían beneficios que justificaran los rescates y rentabilidades".

A tenor de las pesquisas, el monto total ascendería a 17 millones de euros, los cuales eran transferidos a otras mercantiles invirtiendo a través de la plataforma bróker "online" GKFX y divisa extranjera.

Dichos argumentos ya fueron esgrimidos por una de las acusaciones particulares, la ejercida por el despacho Durán & Durán Abogados, que representa a la mayoría de afectados personados en la causa.

A la espera de que la Audiencia Nacional resuelva si acepta o no el caso, su instrucción continuará en el juzgado madrileño de Plaza de Castilla, que dentro de quince días tomará declaración a todos los investigados.