Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 17 de Abril de 2020

La Junta lanza 121 M? de ayudas directas contra los efectos del Covid-19.

La Junta aprobó ayer en la reunión del Consejo de Gobierno un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas ante el impacto del Covid-19, que tendrá un impacto de 121,5 millones de euros. En el texto se recogen la mayoría de las líneas de subvenciones directas a trabajadores, autónomos y compañías incluidas en el plan de choque acordado por el Consejo del Diálogo Social, así como para la industria cultural y el turismo.

En ese sentido, el texto, que entrará en vigor este lunes, día 20, en el Boletín Oficial de Castilla y León, deberá ser convalidado por las Cortes de Castilla y León. El vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, explicó que su objetivo es mitigar las consecuencias del golpe social originado por esta pandemia y apoyar al tejido productivo de la Comunidad.

Asimismo, se establece una bonificación del 50%sobre la cuota de alquiler de viviendas de protección pública por un periodo de hasta cuatro meses y la moratoria en el pago en los casos de compra.

La norma con rango de ley tiene un impacto económico directo de 121,5 millones de euros, de los que 115,9 millones serán ayudas a fondo perdido. Permitirá agilizar la concesión directa de subvenciones para atender las necesidades de empresas y ciudadanos en esta primera fase de la crisis. Para ello, recoge iniciativas para contribuir a generar confianza en las empresas; mantener y crear empleo y proteger a trabajadores, desempleados, familias.

El texto se estructura en seis capítulos. El primero expresa su objeto; el segundo detalla las medidas de protección y mantenimiento del empleo; el tercero recoge las específicas para los sectores de la cultura, el turismo y el deporte; el cuarto engloba las destinadas a la prevención de riesgos laborales; el quinto regula el pago de las cuotas de compra y alquiler de las viviendas de protección pública promovidas por la Junta y, por último, el capítulo sexto se centra en los mecanismos para de seguimiento, informa Ical.

Asimismo, el decreto ley contiene dos disposiciones adicionales. En la primera se regula la aplicación del control financiero permanente y la segunda clarifica la gestión de los créditos necesarios. Por último, se incluyen tres disposiciones finales referidas a la habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución, a la entrada en vigor y a la vigencia de las iniciativas previstas en la norma.

Incentivos. Los incentivos para la protección y el mantenimiento del empleo –recogidos en el capítulo II– persiguen amortiguar los efectos que la caída de la demanda va a generar en el tejido productivo, ayudando a las empresas a mantener su solvencia en esta situación transitoria y excepcional para evitar así que salgan del mercado laboral el menor número de personas posibles.

El texto recoge una compensación económica para los empleados afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), tanto de suspensión de contratos como de reducción de jornada, resueltos al amparo de la declaración del estado de alarma. Este complemento, que se concretará en la posterior convocatoria, se fijará en siete euros por día natural, conforme a lo acordado en el marco del Diálogo Social.

La norma también incluye el PIE (Programa Personal de Integración y Empleo), una ayuda de 430 euros para los trabajadores que ya no perciben ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo, que también ofrecerá cobertura a las personas con cargas familiares que venían cotizado en el Régimen Especial de Empleados del Hogar a las que se les han rescindido sus contratos.

En lo referente a los apoyos a las empresas, se establece una subvención de hasta 10.000 euros por cada contrato indefinido que se realice a trabajadores despedidos durante la vigencia del estado de alarma. Esta cuantía alcanzará los 8.000 euros para compañías que incorporen a mayores de 55 años a los que les hayan rescindido el contrato o procedan de empresas cerradas por la crisis.

Las fábricas y centros que tengan que reforzar sus plantillas para asumir el incremento de la producción derivado de la crisis o para suplir a trabajadores de baja por enfermedad o en excedencia o reducción de jornada podrán acceder a ayudas de entre 3.500 y 10.000 euros para formalizar contratos en prácticas, de interinidad o indefinidos.

Por otra parte, los Centros Especiales de Empleo recibirán apoyo para sostener la ocupación de los trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de empleabilidad, con un complemento salarial de refuerzo del 25%del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Industria y Comercio. El decreto ley aprobado recoge las medidas pactadas con el Diálogo Social para apoyar a dos sectores con un peso relevante en la economía de la Comunidad, como son la agroindustria y el comercio. Así, las empresas de transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios cuyas plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus tendrán acceso preferente a los apoyos para inversiones productivas.

Por su parte, se establecen incentivos a las pymes comerciales que acometan inversiones de modernización y digitalización o habiliten plataformas y servicios de compra ‘on-line’, así como a los establecimientos del medio rural, que están asegurando el abastecimiento de productos de primera necesidad en los pueblos.

Autónomos. El apoyo a los autónomos se estructura en un paquete con cinco líneas de subvenciones, que pretende dar respuesta a las distintas situaciones en las que puede encontrarse este colectivo. Contiene ayudas para promover durante seis meses la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social –la denominada tarifa plana–, así como para facilitar la reincorporación a la actividad de los que tuvieron que abandonarla, que se hará mediante el pago del 40% de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre la base mínima por tres meses.

El decreto ley recoge también las subvenciones de hasta 10.000 euros que se habilitarán para ofrecer una nueva oportunidad a los trabajadores que, tras perder su empleo en esta crisis, decidan emprender por cuenta propia un nuevo proyecto; y una ayuda para proteger a los autónomos que han abandonado su negocio y no tienen ninguna cobertura.

Cultura, turismo y deporte. El capítulo III del decreto ley contempla medidas de impulso a los sectores de los ámbitos cultural, patrimonial, turístico y deportivo. Establece subvenciones dirigidas a pymes y autónomos de las industrias culturales y creativas, y las dedicadas a la gestión y restauración del patrimonio cultural para financiar actuaciones de modernización, innovación y digitalización que les permitan adaptarse a la coyuntura actual, incluidas las medidas técnicas para el teletrabajo. Finalmente se habilitan incentivos para dotar de liquidez a las empresas turísticas, industrias culturales y creativas y entidades deportivas

Vivienda. El capítulo IV de la normativa hace referencia a los incentivos con los que la Junta apoyará la inversión empresarial en la protección de la salud de sus plantillas, al tiempo que se refuerzan las funciones de información y asesoramiento para la prevención de los contagios por Covid-19 en los centros.

Para terminar, el decreto ley regula en el capítulo V dos medidas en materia de vivienda. Por un lado, declara la moratoria en el pago de las cuotas de compra de todos los contratos suscritos por la Junta y sus entidades dependientes para la enajenación de las viviendas de protección pública de promoción directa.

En segundo término, establece una rebaja del 50% en el importe de las cuotas de alquiler para este tipo de casas, que se prolongará por un tiempo máximo de cuatro meses. La finalidad es mitigar los esfuerzos económicos que su abono puede suponer para las familias propietarias y arrendatarias.

En la ejecución de las medidas contenidas en este decreto ley participarán, junto a la Consejería de Empleo e Industria que lo ha impulsado, los departamentos de Economía y Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Cultura y Turismo. Su vigencia se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre, salvo las referentes al área de vivienda, que están vinculadas a la duración del estado de alarma.