Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Consumo - Mercado

Fuente: UCACYL / El Economista 7 de Agosto de 2014

Las eléctricas abren un frente judicial contra la reforma del sector energético.

La reforma energética ha provocado una guerra sin tregua de las eléctricas contra el Gobierno en los juzgados. El Tribunal Supremo ha recibido a lo largo de los últimos tres meses más de 40 recursos que abarcan desde la retribución para la distribución y el transporte, los peajes para 2014 o los recortes a las energías renovables y se esperan muchos más.

Según indicaron fuentes consultadas por elEconomista, las grandes eléctricas, aglutinadas en Unesa y en solitario, han presentado una amplia batería de recursos judiciales contra la retribución para el transporte y la distribución de la segunda mitad de 2013, que supone un recorte cercano a los 350 millones.

Iberdrola, Endesa, Gas Natural o Unesa han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la llamada IET 2442/2013 que regula el reparto de los alrededor de 2.450 millones para la distribución de electricidad del segundo semestre, de un total de 4.909 millones para todo el conjunto del año.

La reformulación de la retribución de este negocio supone un importante recorte de 350 millones anuales por la creación de una tasa de retribución que no responde al coste del capital y que es insuficiente para recuperar las inversiones realizadas, en opinión de las eléctricas.

El sector además considera que la retribución a la distribución ya estaba anteriormente mal tratado y aluden a un informe elaborado por KPMG para comparar los cobros por cada MW en los distintos países europeos. Según dicho informe en España se paga por las redes 179 euros por cliente frente a los 198 euros de Reino Unido, los 156 euros de Italia o los 328 euros de Francia, entre otros.

Además, esta nueva normativa genera una fuerte incertidumbre en las nuevas inversiones ya que no se conocerá de antemano la cifra que percibirán de retribución y se quejan de la aplicación de factores de eficiencia con retroactividad sobre valores estándares que ya son eficientes.

A este recurso de las grandes eléctricas se han sumado también un amplio número de pequeñas compañías distribuidoras, que se consideran afectadas por la nueva normativa del Gobierno y que cuentan con una cuota de mercado del 2 por ciento.

Concretamente, han acudido al Supremo pequeñas empresas como Electra Avellana, Luis Rangel Hermanos, Marcial Chacón e Hijos, Distribuidora Eléctrica Los Molinos, Distribuidora Eléctrica Ardales, Energía Eléctrica Torrecillas Vidal, Distribuidora Eléctrica Carrión y la asociación de pequeñas distribuidoras Cide, así como la Asociación de Productores y distribuidores de energía eléctrica de Galicia.

Fuentes consultadas por este diario, no obstante, aseguran que la retribución de las redes es notablemente mejor de lo esperado por la caída de la prima de riesgo en España lo que permite que los diferencias recibidos en un primer momento se hayan incrementado a lo largo de los últimos meses.

Las eléctricas, no obstante, opinan que la tasa de retribución debería estar referenciada al WACC -coste medio ponderado del capital- y las inversiones previstas por las empresas, una vez aprobadas por el Gobierno, ser íntegramente consideradas en la retribución. Del mismo modo, aseguran que el Ejecutivo debería contemplar mejoras y la modernización en la redes de distribución.

Peajes 2014

El Supremo rechazó esta pasada semana el recurso presentado por Unesa contra los peajes del 2013, pero tanto la patronal como las compañías han vuelto a la carga y han recurrido de nuevo los peajes previstos para el 2014. Las eléctricas ya han resultado ganadoras en varias ocasiones obligando a refacturaciones de recibos a los consumidores.

La intención del Ministerio de Industria con los ajustes llevados a cabo hasta este momento, y los que siguen pendientes, es intentar eliminar el déficit de tarifa eléctrico.

A estas alturas de año, en lo que va de 2014, el agujero acumulado asciende ya a más de 3.200 millones, según las liquidaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, aunque se espera que conforme se avance en esta segunda mitad de año esta cantidad se vaya reduciendo de forma considerable y la previsión del Gobierno es que tienda a desaparecer o quede en una cantidad muy reducida.

Las cuentas de Unesa

Según las cuentas realizadas por la patronal eléctrica Unesa, las medidas adoptadas entre 2012 y 2013 suponen unos ajustes superiores a los 11.000 millones para tratar de hacer frente a este déficit de tarifa que ha alcanzado los 30.000 millones.

El Gobierno además sigue sin dar una solución a la titulización del déficit del 2013 y prevé apurar los plazos hasta noviembre en el que debe ceder a las eléctricas los derechos de titulización de esa deuda.

En lo que respecta a los recortes para la retribución de las renovables, pese a que las empresas aglutinadas en Unesa han insistido en que el origen de gran parte del déficit corresponde a las elevadas primas que perciben estas tecnologías, han presentado una importante cantidad de recursos.

Las principales asociaciones de renovables Appa, las empresas fotovoltaicas de Unef, Asociación Empresarial Eólica o los pequeños productores fotovoltaicos aglutinados en Anpier ya han presentado su recursos ante el Supremo, pero a la vez también lo han hecho un importante número de eléctricas como Iberdrola Renovables o Enel Green Power y un grupo de 165 promotores agrupados por el abogado Piet Holtrop, que asegura que llegará hasta más de 1.000 promotores.

Los recursos ante el Supremo han llegado incluso a la gran industria, que con la representación de Megasa Siderúrgica y Siderúrgica Sevillana han recurrido también los recortes aplicados a la interrumpibilidad.

Las comunidades también litigan

Varias comunidades autónomas han presentado también a lo largo de este año varios recursos de inconstitucionalidad ante medidas adoptadas por el Gobierno. Extremadura y Andalucía han presentado recursos contra el Real decreto ley 9/2013, que regula los recortes al transporte, la distribución, la financiación del bono social por las empresas eléctricas, la reducción de los pagos por capacidad y modifica el marco normativo del extinto régimen especial, en total unos recortes de 1.578 millones. Cataluña, por su parte, ha presentado también un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto 1048/ 2013 en el que se fija la metodología de distribución eléctrica.