Economía - Sostenibilidad

Según los precios alcanzados esta pasada semana, el coste de la electricidad no volverá a los niveles medios hasta 2024 cuando se espera que se paguen 57,35 euros/ MWh.

Bank of America sostiene en un informe al que ha tenido acceso este diario, que "con los precios actuales, estimamos que los hogares europeos se enfrentan a dos años consecutivos de subidas de las facturas de electricidad y gas de entre el 15 y el 30%, y nuestro análisis indica que las medidas gubernamentales solo proporcionarán un alivio parcial. Creemos que persistirá el riesgo político agudo en las empresas de servicios públicos, centrado en los grandes operadores tradicionales, aunque vemos que el norte de Europa (y potencialmente Portugal) está menos expuesto".

En opinión de esta entidad, los hogares europeos afrontarán de media un incremento de sus facturas energéticas de 500 euros que solo serán parcialmente compensadas por las medidas que están tomando los gobiernos. En el caso concreto español, la subida calculan que asciende a 368 euros y que con las medidas adoptadas por el Ejecutivo se reducirían del orden de 281 euros.

Bank of America calcula que se producirá un incremento del precio de la electricidad del 25% en 2021, del 11% en 2022 y que podría bajar en 2023 en España. En lo que respecta al gas, el coste puede incrementarse en un 14% en 2021, un 25% en 2022 y bajar en 2023.

El banco teme que el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno español pueda alcanzar los 5.000 o 6.000 millones si Ribera opta por prolongar su efecto hasta que se normalicen los mercados, un temor que se refleja en las cotizaciones de las eléctricas.

En la misma línea se pronunció esta misma semana la presidenta del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), Carmen Becerril, que indicó que habrá una sustancial caída de los precios de la electricidad ya en 2023 por la significativa integración de potencia renovable, y ha considerado que el debate sobre el mercado mayorista debe ser sosegado y no en medio de una "crisis geopolítica".

La agencia reguladora europea, en una reunión celebrada este pasado miércoles, avisó que no se puede tirar por la borda el esfuerzo hecho para la liberalización del mercado eléctrico y la creación de un mercado interior de la energía, al tiempo que advirtió de que la implantación de medidas locales por cada país puede llevar a "esa destrucción indeseada". Un extremo del que también han advertido en los últimos días las agencias de calificación de riesgo S&P y Fitch.

Pese a esto, la crisis energética ha entrado ya en la agenda de todos los gobiernos europeos y tanto la Comisión Europea como el Consejo están retrasando la decisión de tomar cartas en el asunto, lo que ha provocado que cada país actúe por libre y que se pueda generar un efecto contagio.

Alemania

En Alemania, el suministro se contrata por periodos de uno o de dos años y a precio fijo, lo que permite que se esté retrasando el impacto del aumento de precios en la mayoría de los 41,5 millones de hogares del país. Por el contrario, los suministradores están sufriendo las consecuencias de los mismos.

Los tres principales partidos políticos (conservadores, socialdemócratas y verdes) llevaban en sus programas electorales reducir el importe de la factura, recortando o eliminando el llamado impuesto EEG (Erneuerbare Energien Gesetz- Fuentes de Energía Renovable), con el que se financian las renovables. El coste lo asumirían los Presupuestos del Estado.

Los costes de financiación en el marco del EEG ascienden a unos 30.000 millones al año. Actualmente el recargo EEG es de 6,5 céntimos/kWh (neto) y representa alrededor de una cuarta parte del precio de la electricidad. En 2022, el importe bajaría (al parecer, si no se aprueban nuevas medidas) a 6 céntimos/kWh.

Francia

En el caso de Francia, el Gobierno considera que el incremento actual de los precios es temporal y que se estabilizarán en 2022. En una comparecencia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, afirmó que no cree "que haya un riesgo de inflación sistémica", que las subidas de precios actuales son coyunturales y se explican porque la recuperación económica está siendo más fuerte.

Pese a estas explicaciones, el miércoles 22 de septiembre, el Ministerio de Energía anunció la decisión de ampliar su dispositivo de ayudas a las familias con menos recursos para pagar las facturas de energía. Además del llamado cheque de energía, del que se estaban beneficiando 6 millones de hogares, que reciben de media 150 euros.

El primer ministro, Jean Castex, anunció el 16 de septiembre un cheque de 100 euros para ayudar a los hogares vulnerables este invierno, que se enviará en diciembre de 2021 y recientemente han anunciado una intervención en los precios del gas.

Italia

En junio de 2021, el Gobierno italiano asignó 1.200 millones de los Presupuestos para una reducción temporal de los cargos del sistema en el tercer trimestre, específicamente los relacionados con los incentivos a las renovables. Asimismo, se introdujo un bono social consistente en un descuento automático en los costes de electricidad y gas para los hogares vulnerables.

El Consejo de Ministros italiano aprobó el 23 de septiembre un decreto-ley que introduce medidas urgentes por un importe total de 3.000 millones. Las medidas aprobadas incluyen: la ampliación del bono social eléctrico y beneficia a más de 3 millones de hogares. La eliminación de los cargos del sistema en la factura de electricidad, durante el cuarto trimestre, para aproximadamente 6 millones de pequeñas empresas (usuarios de baja tensión de hasta 16,5 kW) y para aproximadamente 29 millones de clientes domésticos. La ampliación del bono social de gas en el cuarto trimestre para unos 2,5 millones de hogares vulnerables o con pocos ingresos y la reducción del IVA al 5% en el cuarto trimestre 2021 para todos los consumidores de gas (domésticos y no domésticos) frente al 10% y el 22%, en el que estaba en función del consumo. Asimismo, durante el mismo periodo se reducen a cero los cargos del sistema en su factura de gas.

Alrededor de unos 800 millones proceden de las subastas de derechos de CO2 (al igual que en junio). Los otros fondos se obtendrán del dinero no gastado en medidas anti-Covid.

Otras medidas, que no se han aprobado pero que se habían debatido son: la financiación permanente de parte de los cargos vía presupuestos y la eliminación de la tarifa de la licencia de RAI (Radiotelevisione italiana), que ahora es de 90 euros/año y está vinculada a las facturas. Es posible que se espere a que se apruebe la nueva Ley de Presupuestos para retomar el debate en relación con estas reformas. Roberto Cingolani, el ministro italiano para la Transición Ecológica, declaró el 13 de septiembre de 2021 que, en ausencia de alguna intervención, el último trimestre de 2021 el precio de la electricidad podría subir alrededor de un 40% y el del gas en un 30%. También dijo que el Gobierno se comprometió a mitigar el impacto en las facturas de energía de los clientes, destacando que es probable que la subida del precio del gas y de la electricidad esté ligada en gran medida a fenómenos transitorios.

Portugal

El Gobierno de Portugal ha anunciado que cuenta con un "colchón" de 815 millones para que los precios del mercado mayorista no se traduzcan en subidas de la factura de los consumidores domésticos e industriales.

Asimismo, el ministro de Medioambiente, João Matos Fernandes, informó de que no habrá un aumento en el precio para los consumidores domésticos del mercado regulado en 2022, donde se encuentran el 15% de los clientes, y se prevé que tampoco las habrá en el libre, donde está el 85% restante.

En Portugal las tarifas reguladas son establecidas por la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) por periodos de un año con potenciales actualizaciones trimestrales, pero no están diseñadas para repercutir la totalidad del incremento en el precio mayorista de contado, al contrario que en España.

Las propuestas para hacer frente al incremento de los precios de mercado suman un importe de 815 millones, entre los que se incluyen: 120 millones de los ingresos extra por el aumento del precio del CO2 y del mayor número de derechos, 110 millones de la contribución extraordinaria que paga el sector energético al Estado, 100 millones que se ahorrarán con el fin del sobrecoste de los contratos de adquisición de energía de la central a carbón de Pego, que cesa su actividad en noviembre de 2021, 100 millones de la revocación del mecanismo de interrumpibilidad, 250 millones de ahorro previsto para el sistema eléctrico derivado de la reducción de las primas a las renovables (debido al incremento en el precio mayorista), y 135 millones de euros extra destinados a reducir los precios de los clientes industriales.

El ministro explicó además que, con las tarifas y subidas aplicadas durante 2021, la factura de la luz de los portugueses que están en el mercado regulado cerrará el año con un incremento de solo el 1,6% respecto a diciembre de 2020.

En cualquier caso, todas las medidas adoptadas por los gobiernos no entran a confiscar los beneficios de las empresas, al contrario de lo que ha hecho el Ejecutivo español.

Alta demanda anual

España cuenta con una demanda eléctrica total anual que asciende a 250 TWh. De este cantidad, alrededor de 25 TWh corresponde al consumo que realizan los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC. Alrededor de 35 TWh corresponden al consumo de los llamados clientes industriales que han decidido quedarse libremente en el mercado spot -diario- aunque realizan coberturas de precio para evitar sustos. Son los casos por ejemplo de las Administraciones Públicas y Organismos Oficiales: Adif (3 TWh), Aena (1 TWh), Aquamed (1 TWh), Metro Madrid (0,6 TWh), Canal Isabel II (0,4 TWh). Algunos siderúrgicos y algunas empresas/grandes consumidores.

El resto de la producción, del orden de 190 TWh corresponde a los clientes a precio fijo asegurado por las comercializadoras. El plan de choque del Gobierno, básicamente, lo que hace es olvidarse de que tanto Endesa como Iberdrola tienen el 100 por cien de esa energía vendida para 2021 y el 75% para 2022 a precios notablemente inferiores para pedir que se descuenten unos ingresos que serán inexistentes. Esta situación supone automáticamente un fuerte impacto en las cuentas de las compañías -que el Ejecutivo cifra en 2.600 millones y ya hay bancos de negocios que lo elevan a 3.200 millones- y que ha desatado una auténtica batalla energética entre Gobierno y empresas.