Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Social - Familia - Género

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 30 de Enero de 2020

Los médicos no podrán dar el alta a niños con sospechas de maltrato sin orden judicial.

El nuevo decreto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por el que se regula el sistema coordinado de actuación interinstitucional ante la detección de situaciones de riesgo o desamparo de menores en Castilla y León busca evitar casos como el de la niña Sara. En el ámbito sanitario, los menores que ingresen con evidencias o sospechas de maltrato grave no podrán recibir el alta hospitalaria hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso.

La Entidad Pública de Protección actuará con un «nivel de prioridad 1» establecido en el decreto 131/2003, de 13 de noviembre. Los casos detectados fuera del ámbito hospitalario se derivarán al hospital de referencia, previo contacto telefónico, para estudio e ingreso, asegurando la protección del menor.

Esta es sólo una pequeña pieza de todo el conglomerado de 11 artículos. La finalidad es que «mediante la activación de los dispositivos adecuados, en el marco de los principios de cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones públicas y con las entidades privadas que actúen en el ámbito de la atención a la infancia, se pueda detectar de manera rápida y fiable una situación de desamparo o maltrato», así lo definió ayer la consejera de Familia, Isabel Blanco, durante su visita a la Residencia de Acogida Marillac.

La Entidad Pública de Protección de Castilla y León prestará apoyo, orientación y asesoramiento al ámbito educativo, sanitario y de servicios sociales para conseguir esa actuación homogénea y buenos protocolos de actuación.

Los particulares también podrán aportar su granito de arena. Cuando una persona descubra una posible situación de maltrato infantil deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes o de sus agentes más próximos. Si no se trata de una situación de riesgo o con peligrosidad actual e inminente, en cuyo caso habría que llamar al 112, la comunicación podrá hacerse por escrito, telefónicamente o de forma presencial en los Centros de Acción Social; telefónicamente con el servicio de atención al ciudadano 012; electrónicamente a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que resida el menor; a través de la ‘app’ ‘Infancia CyL’.

Todas las comunicaciones serán de forma anónima, pero habrá que hacer constar en ellas toda la información de las que se dispone acerca del menor, familia y posible situación detectada. Al recibir los avisos, las administraciones aplicarán los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad de las personas que hayan dado el paso para notificar el posible maltrato.

Los propios menores de edad que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad podrán denunciar su caso a través del ‘Teléfono de ayuda a niños y adolescentes’, gratuito y confidencial. Un aviso que llegará a la Entidad Pública de Protección a la Infancia.

En el ámbito de los servicios sociales, cuando las entidades locales competentes conozcan una situación de gravedad deberán ponerla en conocimiento inmediato de la autoridad judicial del Ministerio Fiscal, para adoptar medidas urgentes necesarias. Del mismo modo, deberán comunicarlo por escrito a la Entidad Pública de Protección de Menores. Los centros de acogida, disponibles todos los días del años, las 24 horas al día, tendrán también un papel importante.

Sensibilización

El nuevo decreto, que entrará en vigor el día después de su publicación en el Bocyl, establece que los Colegios Profesionales impulsarán la sensibilización, información y formación de sus colegiados sobre la transcendencia de la detección de posibles situaciones de riesgo, así como la inmediata y adecuada comunicación.