Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Social - Familia - Género

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 22 de Septiembre de 2020

Tres okupaciones a la semana.

«Durante 25 años, siempre dejé la puerta abierta. Es un pueblo tranquilo. Salía a la tienda y me iba sin más. Desde que llegaron, tuve que buscar la llave y cerrar», indica Rodrigo, vecino de la vallisoletana Viana de Cega, que llegó a contar más de 250 noches sin pegar ojo: los ocho meses y medio en los que «ruidos, martillazos, gritos y trasiego de gente y coches de los okupas de al lado hacían imposible descansar».

Tras el último corte de luz de la compañía eléctrica, a mediados del pasado mes de junio, abandonaron el municipio. «Respiramos aliviados. Dormimos. ¡Dormir! Hemos pasado tanto tiempo desesperados, agotados...».

A 22 kilómetros del hogar insomne de Rodrigo, que da un nombre ficticio «por si vuelven», en Zaratán, el humo alcanzó las parcelas colindantes. Procedía del salón de la vivienda. «La familia que se había metido en la casa tirando la puerta preparó una barbacoa dentro». Y el revuelo se instaló en el pueblo en pleno confinamiento.

Castilla y León registró tres denuncias por ocupación ilegal de viviendas por cada semana de la primera mitad de este año, que incluyen los meses confinados: 84 casos en total, tal y como refleja la estadística del Ministerio del Interior facilitada a este periódico. Los datos no distinguen, sin embargo, la propiedad de los inmuebles, si son particulares o entidades bancarias.

La incidencia de esta realidad en la Comunidad es notablemente inferior a otras zonas, como Cataluña o Andalucía, que registraron 1.183 y 3.611 casos denunciados, respectivamente. Mientras la suma del país alcanza las 7.450 okupaciones de enero a junio.

Solo seis comunidades tienen menos casos nuevos que Castilla y León. Son Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galicia y Extremadura.La tendencia interanual es distinta a la del conjunto nacional, donde crece el número de ocupaciones ilegales. Sin embargo, en Castilla y León disminuyen los casos en una decena respecto al mismo periodo de 2019. Se estudie el año que se estudie, la incidencia en Valladolid despunta frente al resto de provincias de la Comunidad. De las 84 denuncias de la primera mitad de 2020, la vallisoletana acapara casi la mitad, 37 (por 43 en esos meses de 2019).

Burgos es la segunda, con once casos denunciados, seguida por Ávila y León, con una decena cada una. En Salamanca hubo seis denuncias, cuatro en Palencia, tres en Segovia, dos en Zamora y una en Soria. Las okupaciones puestas en conocimiento de Interior en 2020 se añaden a las de años anteriores todavía no resueltas y se reparten tanto en ciudades como en pueblos.

En Valladolid capital las asociaciones de vecinos de los barrios Pajarillos y Delicias advierten de que «la okupación está presente en varias calles y es una problemática que se debe atajar porque crea malestar en el vecindario». La presidenta de la Asociación Familiar Delicias, Carmen Alonso, explica que se trata de «un fenómeno bastante extendido en el barrio y hay problemas porque tienen conductas poco cívicas e incomodan al resto». Constata además una práctica habitual en un barrio «deprimido con índices de pobreza muy altos, sobre todo en zonas como Caamaño y Las Viudas»: «Los subarrendamientos».

La misma descripción efectúa Sagrario Gil, presidenta de la Asociación de propietarios del 29 de Octubre: «Dan una patada a la puerta y se lo realquilan a otras personas por 200 o 400 euros», relata. «Lo padecemos a diario. No hay portal que se libre de los okupas incívicos. Pero no solo en esta zona, también a nivel de barrio. En muchas calles como Águila, Gallo, Pelícano o Cigüeña», enuncia como ejemplos en Pajarillos. «El tema es para llorar. Los que viven junto a ellos lo pasan mal porque no se comportan. Suciedad, ruidos... Adiós a la convivencia. En tu propia casa no puedes estar bien Si fuera una okupación por necesidad se puede entender. Pero cuando hay delincuencia la convivencia salta por los aires», opina Sagrario Gil.

También la presidenta de la Asociación La Unión de Pajarillos, Yolanda Matía, asegura que «hay mucha okupación, sobre todo en viviendas del 29 de Octubre, pero no solo. Algunas de propiedad municipal. Es una desesperación para los dueños y también para los que viven alrededor».

Protesta Matía por la actitud «pasiva» de las entidades bancarias que son propietarias del inmueble y comenta que se han dado casos en los que «los bancos han vendido el piso con okupas dentro». Carmen Alonso, de Delicias, recuerda que habían conseguido arrancar el compromiso al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León de abordar el conflicto y buscar posibles soluciones. «Habíamos empezado a reunirnos y a trabajar, pero la pandemia lo interrumpió».

Tanto Alonso como Matía abogan por reforzar las medidas sociales: «La creación de un censo de viviendas vacías, vigilancia sobre ellas, regulación de los precios de alquiler, una apuesta por las viviendas sociales y mayor rapidez en la aplicación de las medidas judiciales».

Margarita García, presidenta de la Federación de Vecinos de Valladolid, asegura que «la preocupación es la misma de siempre». Incide en «separar las mafias, que las hay y se dedican a okupar y después a alquilar y son el colmo del abuso, de la problemática de la vivienda». «No creo que nadie dé una patada si tiene opción de una vivienda social o un alquiler que pueda asumir», sostiene e invita a «tener la ley en cuenta y seguir sus cauces».

Algunos municipios de Castilla y León permanecen alerta por haber sufrido algún conflicto de este tipo y los ayuntamientos mantienen contacto con las fuerzas del orden.

Es el caso de algunos vallisoletanos, como Simancas, que acaba de aprobar un plan de vigilancia especial; Santovenia, que cuenta con varias viviendas okupadas y un movimiento vecinal en contra de esta práctica; Viana, donde el Consistorio está vigilante, o Zaratán, en el que Ayuntamiento y vecinos van de la mano para prevenir casos.

La alcaldesa de Zaratán, Alejandra Fernández, explica que «el pueblo ahora está tranquilo pero durante el confinamiento hubo problemas por una okupación». «Si hubieran sido civilizados sería distinto. Hicieron una hoguera en la casa sobre suelo de madera. Generó preocupación y alteraron el bienestar de la gente. Fue un problema añadido a la pandemia». Fernández indica que «hace dos semanas los vecinos advirtieron de una valla arrancada y vehículos sospechosos. Las fuerzas de seguridad se personaron y no pasó nada».

También el regidor de Viana de Cega, Alberto Collantes, expone que cuando el pasado octubre un grupo de personas se instaló por la fuerza en un chalé de una urbanización «provocó desasosiego por las connotaciones de delincuencia, con trabajos a altas horas de la noche y vehículos entrando y saliendo. Los vecinos no podían ni dormir. Afortunadamente se fueron hace tres meses y no hay otros casos».

Collantes percibe «más inquietud en los últimos tiempos» por este asunto en una localidad en la que abundan las segundas residencias, y señala que «aunque la Guardia Civil hace imposibles no consigue milagros y no puede estar pendiente de todo». «Tenemos pocas herramientas para combatir la ocupación ilegal. La ley es como es y no puede ser que parezca que tienen más derechos algunos okupas que el propietario o los vecinos».