Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

RR.HH - Formación

Fuente: UCACYL / El Economista 11 de Diciembre de 2025

Casi la mitad de los empleados del sector publico ya tiene mas de 50 a?os.

El envejecimiento de las plantillas es un fenómeno que afecta con especial intensidad a las Administraciones públicas españolas. De acuerdo con los datos más recientes del INE –relativos al tercer trimestre de este año–, casi el 50% de los trabajadores de este sector, concretamente el 45,9%, tiene más de 50 años, y su relevo deberá escalonarse en los próximos 15 años. Se trata de un reto que, aunque el Ministerio para la Transformación Digital ya lo aborda con los sindicatos, carece aún de respuesta.

No en vano un tercio de las plantillas del sector público tiene más de 55 años (concretamente, un 16,1% tienen entre 55 y 59 años; un 12,5% entre 60 y 64 años; un 1,8% entre 65 y 69 años; y apenas un 0,1% 70 años o más).

Además, se trata de un problema que ha crecido desde la pandemia. La estadística muestra que, en los últimos seis años, el número de empleados del sector público de más de 60 años ha crecido en 3,9 puntos, por lo que los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación se han incrementado y han pasado de representar al 0,8% del total en el último trimestre de 2019 al 1,8% en el tercer trimestre (y último del que hay cifras disponibles) de 2025.

Situación en la AGE

Según el informe publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo el título de Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, la edad media de los funcionarios este ejercicio es de 49,89 años, con el 57% de la plantilla por encima de los 50 años –en 2024 ese porcentaje era del 60%–.

Por tipo de empleado, el de mayor edad es personal laboral fijo, con una media de edad de 51,94 años. Por contra, los más jóvenes son temporales, con 40,53 años; e interinos, con 45,15 años.

Con esta situación, se espera que en diez años el 49,53% de la plantilla actual esté jubilada, lo que supone un total de 89.690 trabajadores –el año pasado el porcentaje era del 54,86% y se esperaba que se retiraran 95.640 efectivos.

Como consecuencia, la cartera que lidera Óscar López estima que incorporará a 107.754 personas en los próximos 10 años: 84.533 personal funcionario de carrera y 23.221 laborales fijos. Así, para contrarrestar las bajas, la AGE dispone de la Oferta de Empleo Público como fuente de incorporaciones de personal e instrumento de planificación, y para la que el ministerio anunció el pasado mes de julio 36.588 plazas.

Medidas concretas del acuerdo

Por ser un reto estructural para todo el sector público, el último Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028 que se firmó hace dos semanas de acuerdo con todos los sindicatos (UGT, Csif y CCOO), recoge mejoras para la planificación de las plantillas en los próximos años. Concretamente, el Ejecutivo se compromete a adoptar medidas de planificación que incluya las previsiones de jubilaciones parciales con el objetivo de renovar las plantillas.

Además, para las Ofertas de Empleo Público se implantará un modelo alternativo al que hay actualmente –lo que se presupone que es eliminar la tasa de reposición para quitar el límite a la hora de convocar las plazas de empleo– con criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos.

Así, para superar las barreras socioeconómicas y atraer talento joven a las plantillas del sector público, el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos plantea la extensión y refuerzo de los programas de becas y ayudas para los aspirantes a procesos selectivos.

A estas medidas se suma el desbloqueo de las jubilaciones parciales del personal laboral, que entró en vigor en abril de este año –al igual que para el resto de trabajadores del sector privado– y para las que en el pasado mes de junio se aprobó la convocatoria de 1.000 plazas, coincidiendo con las solicitudes que había recibido el Ministerio. Esta institución se comprometió a formalizarlas mediante un sistema centralizado en un plazo máximo de 6 meses.

La jubilación parcial de los funcionarios está parada en el Congreso

El pasado mes de septiembre se constituyó la ponencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Proyecto de Ley de Función Pública, en la que se debatirán e incluirán algunas enmiendas, entre la que se destaca la jubilación parcial de funcionarios y sanitarios. Desde hace tres meses, la ley se encuentra estancada en el Congreso de los Diputados. Ahora se tiene que realizar una primera versión del documento que incluye la propuesta original y las enmiendas acordadas entre partidos, y pasaría a la Mesa del Congreso, donde se fijaría la fecha de debate del Pleno.

El retiro parcial de los funcionarios se trata de un derecho que perdieron hace 13 años, en 2012, por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, ex presidente de España, y que todavía no han recuperado.

En octubre de 2022, Función Pública firmó con sindicatos el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024. Entonces, el pacto incluía el compromiso de recuperar la jubilación parcial para los funcionarios y personal sanitario, el retiro que permite compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión.

El desarrollo de este acuerdo llegó en diciembre del año pasado, cuando el ministro, Oscar López firmó recuperar el derecho a este tipo de retiro, pero no se comenzó a trabajar en los cambios hasta el mes de febrero, cuando el Partido Socialista presentó 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, que también afecta a otras tres normas: el Estatuto Básico del Empleado Público –añadiendo una disposición específica sobre jubilación parcial–, la Ley General de la Seguridad Social –a través de la que se regulará la edad, cotización y reducción de la jornada– y la Ley de Clases Pasivas del Estado –que también requiere ajustes para incluir esta modalidad de jubilación–.

El cambio principal que introdujo entonces el PSOE era recuperar el derecho a la jubilación parcial. Además, eleva la edad máxima de jubilación hasta los 72 años para aquellos funcionarios que quieran seguir trabajando de manera voluntaria.