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Artífice del cambio de rumbo para unos y paradigma de la destrucción de los derechos de los trabajadores para otros, mientras una parte reclama que se abunde en sus directrices, otra la denuesta y promete derogarla si llega a gobernar. La reforma laboral promulgada en febrero de 2012 por el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy sigue siendo, casi cuatro años después, objeto de fuerte controversia por parte de partidos, sindicatos y patronales. A medida que la recuperación va consolidándose, la incógnita sobre lo que sucedería si dejase de estar vigente salta al primer plano.

La desemejanza más chocante entre la situación anterior y la actual se encuentra en las cifras y modalidades de contratación. Ahora se firman el doble de contratos que antes y los incrementos más abultados, bastante más que el decremento del paro, se producen en la ocupación temporal y a tiempo parcial.

Diferencial favorable de paro

El desempleo sigue, en líneas generales, una evolución pareja en la comunidad autónoma y en el conjunto del país. En ambos casos tocó techo en el primer trimestre de 2013 –en España con 6,27 millones de parados y en Castilla y León, con 267.000, según la EPA– y a partir de entonces emprendió el camino de bajada, sobre todo entre los meses de abril y septiembre, con repuntes en meses periféricos.

El comportamiento es muy parecido, sin que uno destaque sobre otro, y mientras la cifra de parados que estima el INE ha bajado más en la región que en todo el país; en el número de desempleados que registra el Servicio Público de Empleo las tornas se dan la vuelta y sucede lo contrario. A la postre, Castilla y León comenzó el periodo analizado con una tasa de paro inferior a la nacional en 4,78 puntos y lo termina a 4,59.

Tanto el 21,2% actualmente tiene España como el 16,6% de Castilla y León son tasas de paro prácticamente idénticas a las que había en el tercer trimestre de 2011, es decir en los últimos compases de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y antes de la reforma laboral.

Menor ritmo de creación de empleo

Nunca hubo en Castilla y León un millón de afiliados a la Seguridad Social, aunque en el verano de 2011 la EPA sí contabilizó algo más de un millón de ocupados, el objetivo que Juan Vicente Herrera se fijó para la presente legislatura autonómica.

Mientras, según los últimos datos, en la comunidad autónoma trabajan y cotizan 874.688 personas, diez mil menos que antes de la reforma laboral; en el pasado trimestre declararon haber trabajado en la semana en que fueron encuestadas 959.200 personas, cuatro mil más que en el primer trimestre de 2012. En España, la afiliación ha aumentado en 263.000 personas y la ocupación, en 283.000.

-1,1%

Afiliación a la Seguridad Social. La cifra de afiliados sigue 10.000 personas por debajo de la de enero de 2012, lo que deja a la luz la preocupante realidad de que el empleo no crece ni mucho menos al mismo ritmo que baja el paro. El desánimo y la huida de potenciales trabajadores hacen el resto.

-8,2%

Paro registrado. Castilla y León tiene en la actualidad 18.000 desempleados registrados menos de los que había antes de la reforma laboral. Pero ello no quiere decir que hayan abandonado las listas porque han encontrado trabajo;de hecho...

El récord de afiliados (noviembre de 2007) es de 985.797, mientras que el de ocupados (IV trim. 2007) es de 1.093.400. La diferencia entre uno y otro concepto (aparte del lapso temporal mes-trimestre) radica en que los primeros están registrados en la Seguridad Social, mientras que los segundos incluyen a quienes trabajan en la economía sumergida y colectivos como los estudiantes que dan clases, o quienes ayudan en el negocio familiar.

En cualquier caso, la conclusión que se extrae de los datos es que la bajada del paro, o al menos una buena parte de ella, no es atribuible a la mejora del empleo, sino en gran medida a la pérdida de población activa, debido al envejecimiento de los más mayores, la ausencia de los más jóvenes y el desaliento de los de en medio.

Aumenta la temporalidad en los contratos

El estado de la contratación no tiene nada que ver con el que había hace cuatro años. O sí. La cifra de contratos que se firmaron el mes pasado es, a grandes rasgos, el doble, ya que ha pasado de 40.000 a 80.000. Y no solo se ha duplicado el volumen, sino que casi como si se tratase de ‘vidas paralelas, las modalidades de contratación también han seguido la misma evolución: los indefinidos son el doble y los temporales se han multiplicado por dos. El resultado es que si en enero de 2012 eran eventuales el 92,03% de los contratos que se firmaban, ahora lo son el 92,01%.

En números naturales, el pasado octubre 6.551 personas firmaron en la región un contrato de duración indefinida, mientras que un número indeterminado de personas firmaron de manera conjunta 75.436 contratos de duración determinada: unos firmaron uno; otros pudieron firmar dos; algunos puede que tres y el resto, quizá incluso más.

Distinto es el panorama cuando se coteja cuál es el aspecto que presentan el conjunto de los asalariados. En los inicios de 2012, uno de cada cinco asalariados tenía fecha de caducidad (19,2%), mientras que en la actualidad la proporción ha pasado a uno de cada cuatro (25,6%). Este incremento, de más de seis puntos, es sensiblemente más acusado en Castilla y León que en el conjunto de España, donde ha pasado del 23,5% al 26,6%.

El hallazgo de la jornada parcial

La acusación más frecuente entre los detractores de la reforma laboral alude a sus efectos sobre la precariedad. Si la medimos desde el punto de vista de la importancia del trabajo a tiempo parcial, un elemento de precariedad cuando no es una opción voluntaria –lo que sucede en la mayoría de los casos–, el empeoramiento ha sido claro. Incluso podría decirse que se ha convertido en una de las principales ‘marcas de fábrica’ del nuevo mercado de trabajo post reforma laboral en la comunidad autónoma.

La contratación, ya sea fija o eventual, por horas ya acapara en torno al 40% del total de contratos. Unas veces son 20 horas semanales y otras, cinco. Antes había, según la EPA, 123.300 ocupados a jornada parcial en Castilla y León. Hoy son 151.800. Han pasado de representar el 12,9% del total, a suponer el 15,8%. En el conjunto de España es algo que también va a más, pero menos. Del 14% al 15,2% Son cerca de 18.000 hombres y (sobre todo) mujeres más; curiosamente –aunque no es algo que esté relacionado–, el mismo número de personas en que se ha reducido el paro registrado.

El problema salarial incomoda a la patronal

Hace una semana, el INE informaba de que el salario medio de los trabajadores de Castilla y León fue el año pasado de 1.788 euros brutos al mes, casi cien menos que los 1.881 de promedio del país. Una brecha que, además, fue a más tras el aumento anual del 0,65% en España, frente al retroceso regional del 3,5%, el más acusado del país. La última Encuesta de Costes Laborales de 2015 lleva la diferencia a los doscientos euros.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores castellanos y leoneses durante la crisis ha sido tal que hasta la patronal Cecale y los sindicatos UGT y CCOO fueron capaces de estampar su firma en un mismo documento, en un acto insólito en diez años, para «recomendar a los negociadores que puedan contemplar un incremento salarial que permita gradualmente en los próximos años equiparar los salarios medios de la comunidad con los del Estado».

Los convenios colectivos con efectos en 2011 recogían una subida salarial media en la región del 2,25% frente al 2,32% nacional. A partir de entonces las sendas de ambos se bifurcaron. El último dato disponible, de los acuerdos de empresa y sector firmados hasta octubre pasado, refleja un aumento autonómico del 0,51% frente a 0,75% en el país.

Por otro lado, los avatares por los que ha atravesado la negociación colectiva debido a los cambios introducidos con la reforma laboral han propiciado la aparición de una doble escala salarial –que también es precariedad– de alcance desconocido hasta la fecha y consecuencias inciertas en el futuro.

Ante esta situación, el acuerdo alcanzado por los agentes sociales de Castilla y León para prolongar la ultractividad de los convenios el doble de lo que dicta la ley y la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza las condición es de trabajo de los asalariados aunque su convenio haya desaparecido, ha aportado cierta tranquilidad a decenas de miles de trabajadores.

Las ayudas atemperan los ERE de extinción

Como es lógico, las cifras de empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) que se producían tanto en España como en Castilla y León antes de la reforma laboral, cuando la crisis se encontraba en su apogeo, no pueden ser comparables a las de ahora, con la recuperación consolidándose mes tras mes.

En el primer semestre de 2012 los expedientes solicitados en la región ascendían a 1.171 y el número de trabajadores afectados, a 14.809. Tres años más tarde se han comunicado 368 expedientes, con 5.528 involucradas. Menos diferencia hay entre el porcentaje de ERE de despidos colectivos de antes (el 6,7% del total) y de ahora (5,1%).

En este sentido, patronal y sindicatos de la comunidad autónoma coinciden en valorar las ayudas aprobadas por la Junta para hacer prevalecer los expedientes de regulación de carácter suspensivo frente a los de extinción, así como las destinadas a empleados de más de 55 años de edad inmersos en despidos colectivos por declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa.