RR.HH - Formación

En el mes de enero de 2014, la comunidad autónoma tenía registrados 242.939 parados, cifra que en septiembre había descendido hasta 211.524; es decir, en 31.415 personas. Simultáneamente, la evolución de inscritos a la Seguridad Social pasó de 819.800 trabajadores a 857.100, es decir, 37.300 ocupados más en alta laboral. Para materializar esa bajada –del 13%– en el desempleo y ese aumento –del 4,5%– en la afiliación, se firmaron nada menos que 545.912 contratos. Las características, la calidad (o quizá habría que decir la calaña) del empleo que se está creando queda así de manifiesto: en 2014 se han formalizado catorce veces más contrataciones que afiliaciones.

La creación de empleo se intensifica;el paro baja en tal mes por primera vez desde hace no sé cuántos años;la recuperación del mercado laboral encadena tantos meses consecutivos, hoy hay equis personas más con trabajo que hace un año... Los mensajes –completamente ciertos– que los gobiernos central y autonómico lanzan una vez al mes (cuando se publican los datos del paro registrado del Servicio Público de Empleo) y otra al trimestre (con los de la EPA) omiten sin embargo qué tipo de empleo es el que se está creando.

Del medio millón largo de contratos firmados en Castilla y León en los nueve primeros meses de 2014, casi el 93% eran temporales. Entre estos, 218.925 eventuales por circunstancias de la producción;159.035 por obra o servicio; 47.802 de interinidad;el resto, de formación, de prácticas, para complementar una jubilación parcial, de relevo, etc. Todos con fecha de caducidad al cabo de equis meses, semanas, o días.

No todos concluyen con un ‘adiós muy buenas’, sino que algunos devienen en contratos indefinidos. De los 434.581 temporales firmados en la comunidad entre los meses de enero y septiembre, acabaron en fijos 12.495, es decir el 2,87%.

En cualquier caso, en este ‘reinado’ de la temporalidad en que se ha convertido el mercado laboral hay un ‘inquilino’ que cada vez gana más terreno. Se trata de la modalidad de contratación a jornada parcial, conocida por el común de los mortales como ‘empleos basura’. Según advierte Angulo, «junto a la temporalidad, el continuado auge de la parcialidad se va configurando como un elemento estructural de nuestro mercado de trabajo». Para el representante de UGT, «las políticas de empleo del Gobierno no establecen los mecanismos para generar empleo de calidad y, en cambio, sí están haciendo que empeoren las condiciones de trabajo del conjunto de los empleados».

Calidad y ausencia de ella

En datos:de los 734.429 contratos firmados en el año 2008, fueron a jornada completa 520.929, es decir, el 70,9% del total, mientras que el 28,66% fueron a tiempo parcial (210.517) y el resto, discontinuos (2.983). Seis años (de crisis) después, la contratación a jornada completa ha caído más de diez puntos, hasta representar el 60,3% del total: 329.326 contratos de los 545.912 formalizados en Castilla y León entre enero y septiembre, frente a los 1.645 fijos discontinuos y los 214.941 de tiempo parcial (39,37%), que suponen así cuatro de cada diez relaciones laborales formalizadas en 2014, según los registros del Observatorio Regional de Empleo proporcionados por la Consejería de Economía. Once puntos de avance en menos de seis años.

Más de 1,53 millones de ocupados tienen un contrato a tiempo parcial en España, aunque les gustaría trabajar más horas. Es el porcentaje más elevado de subempleo de la UE, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Del 16% de empleados entre 15 y 74 años que trabajan a tiempo parcial en España, el 57,4% lo hace de forma involuntaria, según la Encuesta sobre Fuerza Laboral efectuada el año pasado.

«Los empleos a jornada parcial, además, afectan por igual a indefinidos y temporales», explica Evelio Angulo y, como él mismo señalaba antes, pueden tener cualquier duración, treinta horas semanales, veinte, diez o incluso una. «¿Cómo puede activarse el consumo, la emancipación de los jóvenes, la venta de viviendas... la economía española en general con este tipo de puestos de trabajo y de salarios?», se pregunta el dirigente sindical.

Lejos quedan los tiempos en los que un puesto de trabajo llevaba aparejada la cotización máxima, de 1.000 euros, evoca Angulo. «¡Y nos quejábamos de los mileuristas! Ahora son unos privilegiados; ahora tenemos ‘trescientoeuristas’ y un contrato bueno cotiza entre 450 y 600 euros. Tenemos la tarifa plana de 50 euros y por horas, de ahí para abajo».

No solo eso, ya que la ‘calidad’ de los contratos (o su ausencia) y de las cotizaciones a la Seguridad Social tiene un impacto inmediato y doble en las pensiones. Por un lado en las de los actuales jubilados y, por otro, en las de los futuros. «¿Qué pensión van a generar estos empleos basura?». UGT reclama que los datos de afiliación a la Seguridad Social se analicen desde los ingresos y no desde la cantidad de afiliados nuevos, «ya que actualmente podemos establecer una relación de cinco a uno, es decir, cinco nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social equivalen a uno por los tipos de contratos, que pueden llegar a ser de una hora semanal».

El año pasado, la cotización media por trabajador en la comunidad, resultado de dividir los ingresos totales por cuotas por el número de afiliados (en el acumulado de enero a agosto), era de 326 euros. Doce meses después ha bajado hasta 319 euros. Un descenso del 2,15% en un año.

De manera coherente, la Encuesta de Costes Laborales que elabora el INE recoge que en 2008, las horas trabajadas por trabajador al mes en Castilla y León ascendían a 137 (34,2 a la semana). El año pasado eran 131 y en el II trimestre de 2014 habían caído a 126 horas (31,5 semanales).

Ocupados, pero poco

Según explica Angulo, «tras presupuestar unos ingresos de 105.863 millones de euros en 2013, este año, en el que se está creando empleo y se supone que debería recuperarse la recaudación por cotizaciones, la Seguridad Social ha previsto 102.839 millones, tres mil millones menos. El sistema así no se sostiene».

El pasado agosto había en Castilla y León 856.900 afiliados a la Seguridad Social, en torno a los mismos que había en 2003. El incremento con respecto a un año antes era de diez mil personas, el 1,2% (1,8% en el conjunto de España). Mientras tanto, los ingresos por cotizaciones sociales se situaron en la región en 2.187,67 millones de euros, 23 millones menos (el 1,1%) que en el periodo enero-agosto de 2013 (-0,1% en el país). Los ingresos por cotizaciones caen en la región, como se ve, en la misma proporción en la que aumentan los ocupados, algo que se explica porque esos ocupados están ‘poco ocupados’.

En 2014 han subido las bases de los autónomos y cotizan las retribuciones en especie, aunque también se ha extendido la tarifa plana

Hay que tener en cuenta también que en 2014 se han producido cambios en las cotizaciones;han subido las bases de los trabajadores por cuenta propia y cotizan las retribuciones en especie. En sentido contrario, ha entrado en vigor la tarifa plana para las empresas (100 euros), que ya existía desde 2013 para las contrataciones de los autónomos (50 euros los primeros seis meses).

La hucha tiene arreglo

Que los ingresos de la Seguridad Social no dan para pagar las pensiones ya ni es noticia, ni puede pillar a nadie por sorpresa. El Gobierno lleva tres años sacando dinero del Fondo de Reserva, al que en 2014 ya ha recurrido dos veces. Creado en el año 2000, llegó a acumular 66.815 millones en 2008. Desde 2012, la docena de veces que ha habido que abrir la hucha de las pensiones han rebajado su contenido a 48.722 millones.

Los sindicatos llevan desde entonces advirtiendo de que «la hecatombe a la que parece abocado el fondo se puede evitar», en palabras de CCOOde Castilla y León. «Las consultas de los jubilados y de los que todavía no lo son están siendo generalizadas. Hay verdadero miedo entre la gente, que empieza a creer que no queda más remedio que abrir un plan de pensiones, algo que parece ser el objetivo del Gobierno, para que bancos y aseguradoras se lleven un pastel de casi 120.000 millones. Pero si se toman medidas hay soluciones para seguir confiando en unas pensiones públicas con garantías».

Para Comisiones, hacer que pasen a cotizar determinados conceptos que antes no lo hacían, como el plus de transporte o los gastos en especie implicará una mayor recaudación, pero insuficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social». El sindicato propone incrementar de forma inmediata en dos puntos los tipos de cotización por contingencias comunes, lo que elevaría la recaudación en 7.000 millones.

De manera progresiva, cree que habría que elevar las bases máximas al menos el 15%, así como las mínimas; equiparar las medias de los autónomos y el Régimen General;que el Estado asuma los gastos corrientes de la Seguridad Social; y la conversión de las reducción de cuotas en cotizaciones. Todas estas medidas aportarían otros 12.140 millones.

Otras actuaciones estructurales, como adoptar políticas de empleo conducentes a recuperar los tres millones de trabajos destruidos en la crisis;luchar contra el fraude y la economía sumergida y financiar vía Presupuestos las prestaciones de muerte-supervivencia podrían generar 47.800 millones, según CC OO.

Las reformas de las pensiones de los últimos gobiernos han optado por otras soluciones. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero amplió el periodo de cotización mínimo y retrasó la edad de jubilación. El de Rajoy ha abandonado la referencia de la inflación para la subida anual de las prestaciones y la ha limitado al 0,25%, frente al más del 2% habitual de antes de la crisis. Con ello, las prestaciones de jubilación que se empiezan a conceder ahora son solo el 1,7% más altas que las de un año atrás. Anteriormente, el incremento interanual solía rondar o superar el 4%.