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La Comisión asegura que, por su propia naturaleza, es muy difícil conocer exactamente el coste del trabajo irregular en los países, pero se calcula que la economía sumergida supone el entre el 15 y 20 por ciento del PIB de la Unión Europea. Aunque controlar el trabajo no declarado es competencia de los países miembros de la UE, la Comisión Europa está "plenamente comprometida en apoyarlos en su lucha para proteger a los trabajadores, nivelar el campo de juego para las empresas y salvaguardar los ingresos fiscales". Tal y como ha dicho el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, "al final todos salen perdiendo".

Un punto de partida alarmante

Según un reciente Eurobarómetro, el 5 por ciento de los españoles admite no haber declarado sus ingresos a Hacienda ni a la Seguridad Social en el último año, frente a un 4 por ciento de la media de la UE, mientras el 8 por ciento reconoce que ha pagado sin recibir factura al menos una vez, cuando la media europea es del 11 por ciento. El 33 por ciento dice conocer a alguien que trabaje en negro en España, frente al 32 por ciento en la UE.

Según recuerda la Comisión, la crisis ha afectado a esta práctica especialmente en España, Grecia, Chipre y Portugal, que son los países en los que más ha aumentado el número de personas que reconocen conocer a alguien que trabaja de forma irregular, 6 puntos, comparando con otra encuesta realizada en 2007.

Además, el 60 por ciento de los europeos justifica la compra de bienes o servicios irregulares porque son más baratos, y el 22 por ciento por hacerle un favor a un amigo. Para el 50 por ciento el motivo fundamental es que ambas partes se benefician; el 21 por ciento por la falta de trabajo regular, el 16 por ciento dice que los impuestos son demasiado elevados, y el 15 por ciento la ausencia de otros ingresos. En los países del sur de la Unión las dificultades para encontrar un empleo regular (41 por ciento) o la ausencia de otra fuente de ingresos (26 por ciento) son las razones más frecuentes.

En cuanto a los bienes o servicios no declarados más solicitados, se trata de las reparaciones y renovaciones de vivienda (29 por ciento), las reparaciones de automóviles (22 por ciento), los servicios de limpieza del hogar (15 por ciento) y los alimentos (12 por ciento). Los trabajos no declarados que más se realizan son las reparaciones y renovaciones de viviendas (19 por ciento), jardinería (14), limpieza (13) y los servicios de cuidado de niños (12 por ciento).

La propia Comisión Europea informa sobre cómo funcionaría la Plataforma. Se trata de que los Estados miembros participen, reuniendo por primera vez a las autoridades competentes de cada Estado miembro: interlocutores sociales a nivel de la UE -empleadores y organizaciones de trabajadores-, representantes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU_Osha) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Partiendo de esta base, cada país deberá designar un punto de contacto único que tendrá que actuar de enlace con el resto de las autoridades. Los programas de trabajo se diseñarán para una duración de dos años e informarán regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros.

Plan de trabajo

La Plataforma abordará las cuestiones relacionadas con el trabajo no declarado en todos sus aspectos. Tratará la legislación laboral, inspección del trabajo, salud y seguridad, seguridad social, impuestos, inmigración, etc.

Así, el primer paso práctico de la cooperación será el intercambio de buenas prácticas. De esta manera, según la Comisión Europea, "se mejorará el conocimiento mutuo y se facilitará la comprensión sobre cómo se puede abordar el trabajo no declarado". Para un mejor uso de este intercambio, la base de datos de Eurofound podría desarrollarse aún más, añadiendo y actualizando las diferentes medidas.

Además, la Plataforma podría adoptar estrategias amplias y regionales de la UE y organizar campañas. Este tipo de actividades podría ayudar a aumentar la conciencia del problema, llamar la atención de las personas sobre las consecuencias negativas y aconsejar sobre la forma de evitar el trabajo no declarado.

¿Qué se entiende por trabajo no declarado?

El trabajo no declarado se define como "cualquier actividad remunerada que es legal en cuanto a su naturaleza pero que no se declara a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el sistema regulador de los Estados miembros". Esta definición vincula el trabajo no declarado con impuestos y/o fraude a la Seguridad Social, y abarca diversas actividades que van desde los servicios domésticos informales hasta el trabajo clandestino realizado por residentes ilegales, pero excluye las actividades delictivas.

El trabajo no declarado, según la UE, es un "fenómeno complejo" influenciado por una amplia gama de factores económicos, sociales, institucionales y culturales, pero en general se reconoce que el trabajo no declarado tiende a obstruir las políticas económicas, presupuestarias y sociales orientadas al crecimiento.

Tanto los empresarios (y consumidores) como los empleados (y autónomos) pueden participar en el trabajo no declarado debido a la ganancia potencial -en comparación con el riesgo de ser sancionado- para evitar los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, los derechos sociales (salario mínimo, legislación de protección del empleo, derechos de licencia) y el costo de cumplir con la regulación (requisitos de registro, salud y normas de seguridad).

En la medida en que el trabajo no declarado compite con, e incluso desplaza, las actividades que se ajusten a la normativa, es la principal fuente de dumping social. En el caso del trabajo no declarado realizado por personas que reciben prestaciones para compensar su inactividad , hay también una situación de fraude social.

El trabajo no declarado ya fue analizado en la Comunicación de la Comisión de 1998, que presenta una revisión de sus causas y consecuencias. Ésta destacó algunas experiencias políticas. La Comunicación preparó el terreno para un debate sobre las políticas en toda la UE sobre el trabajo no declarado, que culminó en la adopción del enfoque político común establecido en las Directrices de Empleo 2003-2005.

En estas Directrices se abogaba por una combinación equilibrada de prevención (especialmente a través de legislación adecuada en materia de administración fiscal y de prestaciones) y sensibilización, sanciones y cumplimiento de la ley. Dicha combinación de políticas se expuso con más detalle en la Resolución del Consejo de 29 de octubre de 2003 sobre la transformación del trabajo no declarado en empleo regular, que también llamó a la acción de los interlocutores sociales. Además, la comunicación era uno de los elementos que inspiran el experimento iniciado en 2000 teniendo en cuenta la reducción del IVA sobre los servicios de mano de obra especificados.

En el contexto de la importancia continuada de la economía informal y el crecimiento percibido en ciertos sectores (como la construcción) y formas de trabajo, las preocupaciones pueden ser planteadas en cuanto al nivel de atención política sostenida dado al trabajo no declarado.

Implicaciones del trabajo no declarado

El trabajo en negro tiene implicaciones negativas que afectan a los tres pilares de la estrategia de Lisboa y, en particular, a los objetivos globales de la Estrategia Europea de Empleo -pleno empleo, calidad y productividad en el trabajo, y cohesión social-. Desde una perspectiva macroeconómica, reduce la recaudación tributaria y menoscaba la financiación de los sistemas de seguridad social. Desde una perspectiva microeconómica, tiende a distorsionar la competencia leal entre las empresas, allanando el camino para el dumping social. También es causa de ineficiencias productivas, ya que las empresas informales han evitado acceder a los servicios formales e insumos (por ejemplo, crédito) y prefieren quedarse pequeño.

El reciente Libro Verde sobre Derecho laboral identificó el trabajo no declarado como el principal factor que contribuye al dumping social y por lo tanto como una de las cuestiones clave para la modernización de la legislación laboral en la UE. Por otra parte, el trabajo no declarado tiende a asociarse con malas condiciones laborales para las personas y los consiguientes riesgos para la salud de los trabajadores, con bajas perspectivas de carrera y la cobertura de la protección social insuficiente.

La consulta sobre el Libro Verde puso de manifiesto un fuerte apoyo de las Administraciones para incrementar la cooperación administrativa en el ámbito de la UE y para el más amplio intercambio de información y buenas prácticas, mientras que los interlocutores sociales y otras partes interesadas confirmaron las prioridades políticas establecidas en la Resolución del Consejo de 2003.

Los sindicatos se mostraron favorables a un mejor marco legal y el cumplimiento a nivel europeo, con el fin de luchar contra el fraude social transfronterizo. En definitiva, existe un creciente consenso sobre el coste del trabajo no declarado a los sistemas de Seguridad Social: no sólo se debilita su base financiera por la pérdida de ingresos, sino también la confianza pública y la credibilidad en estos sistemas es socavada.

De hecho, a menudo los trabajadores no declarados pueden tener derecho al desempleo, inactividad o familia, pero al mismo tiempo renuncian a todas las ventajas de trabajar con un contrato formal, como las pensiones contributivas, la formación, la perspectiva de avanzar en la remuneración y estatus, y el riesgo de poder trabajar más que en actividades no declaradas. En este sentido, las reformas de los sistemas de protección social pueden proporcionar fuertes incentivos para la declaración del trabajo.