Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

RR.HH - Formación

Fuente: UCACYL / El Economista 22 de Abril de 2014

La Junta andaluza ignoró los informes de fraude en formación desde 2012.

La Junta de Andalucía ha mantenido una actitud pasiva ante los claros indicios de irregularidades y posibles fraudes que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha identificado desde hace al menos dos años en sendos informes de 2012 y de inicios de este año que fiscalizan la gestión de los fondos públicos para formación de desempleados. La investigación que desarrolla la Policía Nacional desde hace más de medio año en distintas provincias andaluzas viene a ratificar la solidez de esos indicios.

En primer lugar, el ente fiscalizador dependiente del Parlamento andaluz ya señaló con claridad en diciembre de 2012, en su informe sobre las ayudas al empleo gestionadas por la Junta durante el ejercicio 2012, que los 420 millones de euros destinados a ese fin se gestionaron en su totalidad incumpliendo la Ley General de Subvenciones. Esta norma, del año 2003, prescribe que la gestión de subvenciones se haga atendiendo a criterios de publicidad, igualdad y concurrencia competitiva.

Inclumplimiento sistemático

Lo que halló la Cámara al hacer un muestreo sobre los 25.377 expedientes de ayudas otorgadas por la Junta en 2009 es que se incumplió sistemáticamente la ley al no aplicarse ninguno de esos criterios. La discrecionalidad en el uso de los fondos y su entrega a unos solicitantes sí, y a otros no, llegaba al extremo de que no existían criterios homologables en las ocho provincias andaluzas. Por ello, el SAE (Inem andaluz, gestor de esos fondos) actuaba con baremos diferentes según la provincia.

Tras este varapalo, la consejería de Empleo -desde 2012 integrada en la de Economía- siguió actuando con la misma arbitrariedad a tenor de un segundo informe conocido en enero pasado y que fiscalizaba las ayudas a la formación de desempleados -distintas de las ayudas a la empleabilidad tratadas en el primer informe-. En él se recogían, entre otras múltiples irregularidades, dos especialmente relevantes a efectos de la investigación policial ahora en marcha.

Primero, que el consejero de Empleo, en su calidad de presidente del SAE, exoneró del requisito de justificación previa a los perceptores de ayudas para cobrarlas. Esta potestad que la ley andaluza otorga al consejero de Empleo -Manuel Recio, diputado socialista andaluz preimputado en el caso ERE, fue quien dirigió esta cartera hasta 2012- permitió que 297 millones de euros se abonaran sin justificación en 2009 y 2010 a 844 entidades que habían impartido cursos de formación. Esa cantidad representa el 40 por ciento de los 746 millones de fondos públicos para ese fin gestionados por el SAE en sos dos ejercicios. A ello se suma que 432 millones de esos 746 se concedieron sin concurrencia competitiva, es decir, igual que se hizo con los fondos al empleo y por tanto incumpliendo la Ley General de Subvenciones.

En segundo lugar, el informe detectó que la Faffe -un ente de la administración paralela de la Junta-, recibió 41,3 millones para cursos de formación que no justificó tras agotarse el plazo en 2012. La Faffe no terminó 36 cursos en 2009 y ni siquiera inició otros 386 en 2010.