Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 16 de Diciembre de 2025

Espa?a, a la cola de seguridad juridica del contribuyente en la OCDE: "Se prioriza la recaudacion por encima de todo".

La seguridad jurídica es uno de los pilares para sostener un sistema tributario moderno y eficiente. Sin estabilidad ni claridad, la previsibilidad desaparece, "los flujos de capital se retraen" y "la confianza en la Administración se erosiona", advierte un nuevo informe del think tank Foro de Regulación Inteligente (FRI). El problema no es solo cuánto se paga, sino si el contribuyente puede anticipar (a través de reglas claras y estables) qué se le va a exigir y por qué. La confianza y la certidumbre debe ser uno de los pilares de las instituciones que rigen una sociedad y economía desarrollada. En España esto parece estar cada vez menos claro.

Según el documento, España se encuentra a la cola de seguridad jurídica para el contribuyente entre los países avanzados. Desde este think tank explican que se está instalando en una "creciente percepción de arbitrariedad y conflictividad" en la aplicación de las normas fiscales, con especial intensidad en el trato a contribuyentes extranjeros. La combinación de "actuaciones retroactivas", "interpretaciones cambiantes" y unos incentivos administrativos "orientados a la maximización a toda costa de la recaudación" habría alimentado una espiral de litigiosidad que amenaza la reputación del país como destino de inversión y residencia.

El caso de la Ley Beckham

El caso paradigmático es el régimen especial de impatriados, la conocida Ley Beckham, concebida para atraer talento internacional con un tipo fijo del 24% sobre rentas de fuente española y sin obligación de declarar activos en el extranjero. El informe sostiene que lo que nació como un incentivo ha acabado convertido en "el claro símbolo del deterioro del principio de seguridad jurídica", al situar a los beneficiarios en un terreno movedizo años después de haber cumplido con el marco vigente.

La chispa que incendia el debate, explica el Foro de Regulación Inteligente, es que "decenas de contribuyentes" con certificado oficial de inclusión emitido por la AEAT han visto cómo "años después, ese mismo organismo ha cuestionado retroactivamente su validez", reclamando "cuantiosos pagos adicionales". La gravedad no está solo en el importe, sino en el precedente: declarar durante años sin requerimientos y, después, enfrentarse a revisiones que se remontan "más de una década atrás".

La criminalización del contribuyente

Esa controversia ha desembocado en una macrocausa internacional liderada por Amsterdam & Partners, que acusa al fisco español de vulnerar derechos y actuar al margen del Estado de Derecho. Su fundador, Robert Amsterdam, carga contra la Agencia Tributaria afirmando que "criminaliza" sistemáticamente a los contribuyentes, opera bajo una "psicología del fraude" y empuja a los inspectores a "actuar como depredadores" a través de un sistema de bonus ligado al volumen de sanciones.

En un artículo publicado en el Financial Times, el despacho denunciaba que el sistema fiscal español ha destapado una realidad que durante años muchos contribuyentes han sufrido en silencio que no es otra que la de un modelo recaudatorio que premia la agresividad, penaliza la defensa y convierte a Hacienda en un jugador que siempre gana mientras el ciudadano siempre pierde. Se venía a decir que la Hacienda española es como una suerte de 'carterista'.

El despacho ha anunciado acciones ante la ONU, la OCDE, el TJUE y el TEDH, mientras la AEAT sostiene, según señala el informe, que el certificado no implicaba aceptación plena del estatus fiscal, sino una mera constatación de presentación. Para el Foro de Regulación Inteligente, esta "reinterpretación administrativa, aplicada con efectos retroactivos", deja "a centenares de contribuyentes en situación de indefensión jurídica", expuestos a requerimientos multimillonarios y a la amenaza sancionadora.

El estudio, además enmarca el episodio Beckham en una patología más amplia, que se puede escenificar, por ejemplo, con inspecciones que "exceden los límites de proporcionalidad", que se estiran hacia ámbitos personales o familiares y que se apoyan en conceptos jurídicos indeterminados, como la acusación "genérica y extensiva" de "simulación". El resultado es un sistema que, en palabras del propio texto, "sanciona más de lo que administra" y que prima "la recaudación inmediata sobre la justicia tributaria".

Recaudación por encima de todo

A esa dinámica hay que añadirle, como denunciaba dicho despacho en el FT, un sistema interno de incentivos que "premia la recaudación a través de actas con acuerdo", generando un conflicto de intereses al "remunerar al funcionario inspector" que cierra pactos que el contribuyente firma, a menudo, por miedo a litigios largos. El Foro de Regulación Inteligente subraya que en esos procedimientos la fiscalía puede solicitar "penas muy severas de cárcel", lo que introduce un componente de presión que distorsiona la relación entre Administración y administrado.

La inseguridad no se limita a casos mediáticos: aparece cuantificada en la litigiosidad. El informe recoge que cada año se registran "más de 200.000 reclamaciones" ante los Tribunales Económico-Administrativos y que entre 2014 y 2023 se acumularon 2.050.827 reclamaciones, con "al menos 877.000 expedientes resueltos en contra de la AEAT" si se atiende al promedio de estimaciones favorables al contribuyente. Y lo más llamativo: "actualmente se resuelven positivamente 4 de cada 10 casos".

En 2023, el IRPF y el IVA concentraron gran parte de esa conflictividad, con 61.055 y 28.517 resoluciones, respectivamente, con estimaciones a favor del contribuyente del 49,2% en IRPF y del 45,9% en IVA, siempre según los datos citados por el informe. En Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales, el porcentaje de estimaciones supera el 60% (65,7% y 62,4%), lo que para este think tank refleja "deficiencias de seguridad jurídica" especialmente visibles en tributos cedidos, donde la diversidad normativa y de criterios multiplica la incertidumbre.

La comparación internacional, añade el documento, tampoco deja bien a España cuando se mira el "esfuerzo" administrativo y los resultados judiciales. Con datos de ISORA 2024, España aparece entre los países con más procedimientos de revisión iniciados (7,9 casos por cada 1.000 contribuyentes), "cuatro veces más" que Italia o Canadá, "ocho veces" más que Reino Unido y "veinte veces" más que EEUU, mientras que solo el 50,4% de los litigios en tribunales superiores se resuelve a favor de la Administración, es decir, aproximadamente la mitad cae del lado del contribuyente.

España es la penúltima de la OCDE

Con esos ingredientes, el Foro de Regulación Inteligente construye un Indicador Sintético de Seguridad Jurídica del Contribuyente en el que España obtiene 5,47 sobre 10 y queda en la parte baja del ranking (28 de 29). Sus debilidades, según el informe, se concentran en la fiscalidad del patrimonio, donde España roza el penúltimo puesto en competitividad de la OCDE, y en un ecosistema de normas que cambia con velocidad. "Solamente bajo la presidencia de Pedro Sánchez se han documentado unas cien modificaciones al alza de los impuestos y las cotizaciones", junto con la no deflactación del IRPF, que "ha supuesto un incremento recaudatorio de más de 35.000 millones".

El texto concluye que esta deriva tiene un coste económico que ha sido de sobra estudiado por la literatura económica, puesto que desincentiva la inversión, desalienta la movilidad internacional y eleva el coste del capital, además de proyectar una "imagen de arbitrariedad" incompatible con los estándares de una economía avanzada. Y remacha la idea central: el debate no va de "Hacienda contra contribuyentes privilegiados", sino de "la incapacidad del Estado para garantizar reglas claras, estables y previsibles"; porque el respeto a la legalidad (sostiene) "no debe medirse por la eficacia recaudatoria", sino por la coherencia con la justicia, la equidad y la proporcionalidad.